¿Justicia o publicidad?

El Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, el 'dirigido' por el señor Jorge Fernández Díaz, ha actuado anteponiendo la publicidad a la eficacia. La operación de detención de varios supuestos miembros de ETA ha sido anunciada antes de que se produzca. El asunto no es ninguna tontería. Ni en un episodio de 'Los hombres de Paco' podía pasar algo así. El Gobierno, lejos de asumir que las cosas han cambiado y que la democracia ha vencido a la barbarie, ha montado una campaña de publicidad para contentar a los suyos. Para señalar a quienes no entienden que la doctrina Parot era ilegal que el Gobierno casposo y dominante sigue ahí, haciendo política de titular cuando hay que hacer política de Estado. Rajoy y su partido, en el que militan Quiroga, Oyarzabal o Maroto, prefieren hacer publicidad en vez de política. Prefiere seguir alimentando la confrontación a pesar de que enfrente lo que queda es un enemigo en retirada y humillado.

No soy sospechoso de creerme las milongas de los expresos de ETA, ni ver el más mínimo ápice de bondad en unos seres que han sembrado las calles de dolor y sufrimiento y que han abandonado el reguero de sangre por estrategia y no por convicción. Pero creo que algo nos diferencia de ellos. A pesar del odio que han sembrado, a pesar de que muchos de ellos no han mostrado el más mínimo arrepentimiento, han cumplido sus penas. Las penas impuestas por la Justicia, las penas que marcaban las leyes fijadas por el Congreso, las que podían modificar los partidos políticos, incluido el Partido Popular.

Tampoco creo que vivamos un proceso de paz porque no creo que haya habido una guerra. Padecimos las atrocidades de un grupo de delincuentes que ahora, por fortaleza de todas las fuerzas democráticas, han abandonado las vías violentas. Pero sí creo que las cosas han cambiado y que la política es el arte de solucionar problemas, no de crearlos. Y no veo necesidad de montar operativos policiales a bombo y platillo en una época de fina cirugía. En un tiempo en el que hay que desactivar la violencia, cumpliendo la Ley, en vez de alimentarla. Cuando escribo esto ignoro la culpabilidad o inocencia de los detenidos, pero me cuesta creer que haya que hacer las cosas así. Me cuesta creer que el fin de esta operación sea realmente desmantelar lo que queda de ETA y que no se trata de un lavado de imagen ante las dudas que el Gobierno siembra entre sus votantes más extremos. No hace mucho tiempo que vivimos otra operación anunciada como un éxito, la detención de la cúpula de Herrira, y que terminó con todos en la calle días después. Necesitamos política y políticos inteligentes.

El Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, el 'dirigido' por el señor Jorge Fernández Díaz, ha actuado anteponiendo la publicidad a la eficacia. La operación de detención de varios supuestos miembros de ETA ha sido anunciada antes de que se produzca. El asunto no es ninguna tontería. Ni en un episodio de 'Los hombres de Paco' podía pasar algo así. El Gobierno, lejos de asumir que las cosas han cambiado y que la democracia ha vencido a la barbarie, ha montado una campaña de publicidad para contentar a los suyos. Para señalar a quienes no entienden que la doctrina Parot era ilegal que el Gobierno casposo y dominante sigue ahí, haciendo política de titular cuando hay que hacer política de Estado. Rajoy y su partido, en el que militan Quiroga, Oyarzabal o Maroto, prefieren hacer publicidad en vez de política. Prefiere seguir alimentando la confrontación a pesar de que enfrente lo que queda es un enemigo en retirada y humillado.

No soy sospechoso de creerme las milongas de los expresos de ETA, ni ver el más mínimo ápice de bondad en unos seres que han sembrado las calles de dolor y sufrimiento y que han abandonado el reguero de sangre por estrategia y no por convicción. Pero creo que algo nos diferencia de ellos. A pesar del odio que han sembrado, a pesar de que muchos de ellos no han mostrado el más mínimo arrepentimiento, han cumplido sus penas. Las penas impuestas por la Justicia, las penas que marcaban las leyes fijadas por el Congreso, las que podían modificar los partidos políticos, incluido el Partido Popular.