La Diputaciòn Foral de Gipuzkoa se ha armado de valor y desvergüenza -al tiempo que se ha descargado de responsabilidad- al limitarse a animar a los estudiantes universitarios de Donostia y de otros municipios del territorio a crear una asociación que organice un servicio de autobuses que les permita ir diariamente al campus de la UPV/EHU de Leioa (Bizkaia). Afirma que, si eso, ya les dará una subvención, pero que ese servicio público al campus con la mayor oferta universitaria del País Vasco no es cosa del ente foral. Se equivoca: la Ley 4/2004 de transporte de viajeros por carretera establece la responsabilidad del ente foral de ofrecer este servicio.
Resulta llamativo que la Diputación exprese ahora su disposición a subvencionar económicamente a esta asociación, cuando históricamente se la negó a Bidai Txungo, la extinta asociación universitaria que llegó a mover diariamente más de una veintena de autobuses. El argumento era que cada estudiante podía solicitarla, personalmente, al Gobierno vasco, pero que como colectivo, no tocaba.
La diputada foral de Movilidad, Azahara Domínguez (PSE-EE), ha argumentado que ir y volver diariamente del campus de Leioa constituye un servicio especial destinado a un colectivo específico, por lo que no es competencia de la institución foral. Su postura se resume en lo siguiente: “Yo no voy a dar ese servicio, pero si alguien lo hace, lo subvenciono y lo llamaremos colaboración público-privada, que queda molón”.
Su antecesora en el cargo, la también socialista Rafaela Romero, señaló lo siguiente el 27 de marzo de 2023 (hace sólo nueve meses, sí, pero casualmente en vísperas de una campaña electoral): “Llegar a la UPV en Leioa es también un derecho esencial, porque supone cumplir con nuestra prioridad de eliminar límites, de cualquier tipo, económicos y geográficos, para poder acceder a la universidad, porque cualquier joven -viva donde viva, y con independencia de los recursos familiares– debe poder ir con tarifas económicas en transporte público hasta las facultades de la UPV en Bilbao”. Anunciaba, así, la inminente llegada del servicio público de Lurraldebus al campus vizcaíno y la posibilidad, con ello, de acceder a los descuentos del sistema Mugi.
Pues bien, ahora sabemos que ese “derecho esencial” de profesores y estudiantes universitarios se ha evaporado, ya que es un servicio especial para un colectivo específico (como lo era hace nueve meses); y que, por el contrario, el autobús que comunica Donostia con el aeropuerto de Loiu, en Bizkaia, a escasos kilómetros del campus, sí que encaja en la consideración de servicio público. Es para mear y no echar gota.
A la vista de que la gran novedad aportada por la actual diputada es “animar” a la comunidad universitaria a constituir una asociación que autogestione su servicio de autobuses, cabe preguntarse dónde queda la responsabilidad pública de la Diputación. ¿Acaso diluida en una subvención directa a una asociación que organice un servicio que el propio ente foral debería dar? ¿En esto consiste el ‘cambio de guion’ que propone el PSE-EE de cara a los comicios autonómicos de 2024?
Esto no es más que un ejemplo de lo que, desde hace años, se ha empeñado en vender el PNV a nuestra sociedad, de forma generalizada, bajo la denominación de “colaboración público-privada”. Y ha calado, ya lo creo. También en su socio tradicional, el PSE-EE. Obviamente, esta colaboración no es algo exclusivo del País Vasco, faltaría más. Pero el PNV es un alumno aventajado en la utilización de estrategias e iniciativas para colar a la sociedad las bondades de la fórmula colaborativa público-privada. Claro que, para ello, se vale de un considerable esfuerzo pedagógico materializado, lógicamente, gracias a un generoso presupuesto público.
Como prueba de ello, caben recordar las campañas publicitarias de ‘Gipuzkoa Aurrera’ o de ‘Etorkizuna eraikiz’, en cuya promoción dilapidó una pasta pública el Gobierno foral, para terminar vendiéndonos la moto de que la Administración pública va a ‘asumir’ sus responsabilidades a base de subvenciones a entidades privadas. En realidad, los Gobiernos tienen dos formas de ofrecer servicios que, en función de su programa, considera oportunos para el conjunto de la ciudadanía. La primera consiste en valerse de su cuerpo de funcionarios y trabajadores públicos. Y la segunda es mediante un proceso en el que la Administración establece el servicio que quiere dar y en qué condiciones -en un pliego- y saca a concurso para que un tercero lo realice, siempre cumpliendo las condiciones marcadas por la ley y la administración correspondiente.
Sin embargo, tal como ha quedado expuesto en líneas precedentes, se afianza de forma peligrosa una tercera vía para la oferta de servicios consistente en que la administración pone el dinero (no las condiciones) y los privados ofrecen un servicio. A eso lo denominan “colaboración público-privada”.
Estimo que esta fórmula es peligrosa porque constituye un modelo que se aleja de un concepto básico en la administración, como es el de la “responsabilidad pública”. En este caso, en primer lugar, el servicio no corresponde a unas condiciones ni ofrece una mínima transparencia -que sería lo deseable- en la gestión del dinero público. En segundo lugar, de forma irresponsable se subvenciona un servicio para que la administración se “lave las manos” de cualquier responsabilidad. Y, por último, se genera una turbia dependencia desde entidades privadas hacía la administración.
La propuesta motivacional ‘Make it yourself’ de la diputada foral de Movilidad con respecto al transporte universitario desde Donostia y otros municipios del territorio al campus universitario de Bizkaia es un magnífico ejemplo de esta preocupante tercera vía: la Diputación elude atender una evidente necesidad de movilidad y condiciona, en su caso, su apoyo económico a que un tercero -una asociación, sugiere- monte un servicio de autobuses. ¿Dónde queda el servicio público, entonces? ¿Se asume que no hay servicio público? ¿Depende de que exista o no una asociación a la que subvencionar?
Este modelo creará muchos problemas, y no sólo en el ámbito de los servicios públicos. Quedarán difusos tanto los derechos de las personas usuarias, como el precio del servicio y la propia responsabilidad pública de la administración.
Ahora bien, si la diputada foral socialista aspira exclusivamente a subvencionar a quienes monten el servicio que le corresponde dar a la propia institución, sólo espero que su cuantía sea mayor que la que todos los años -ya van 9 seguidos-, concede la Diputación de forma directa a la fundación de su propio partido político, la Fundación Ramón Rubial. Eso también debe ser colaboración público-privada y acumula cerca de 700.000 euros dicho período.
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