El martes 29 de noviembre desayunamos con dos noticias sobre pensiones, una buena, otra mala. La positiva confirma que el año 2023 las pensiones suben un 8,5%. La negativa es el plan del Ministro Escrivá para ampliar el periodo de cálculo de 25 a 30 años. Son noticias con valoraciones dispares. A la banca le favorecen medidas que supongan recortar las pensiones públicas, en sintonía con la patronal y los partidos de la derecha. En el espacio de izquierdas, sindicatos y partidos progresistas adoptan posturas distintas según las circunstancias. La actitud más desconcertante es la de grupos de pensionistas buscando motivos para cuestionar tanto medidas negativas como positivas.
La realidad es terca. Un dato incuestionable: si continuase en vigor el 0,25 % de Rajoy habría que multiplicarlo por 34 para alcanzar el 8,5% de mejora que tendrán las pensiones contributivas. Los economistas neoliberales se escandalizan, la banca lo considere excesivo, el Gobernador del Banco de España se espanta, las derechas reclamen anularlo, pese a que la actualización anual en base al IPC fue asumida en el Pacto de Toledo en octubre de 2020 con el único voto en contra de Vox. Lo insólito es que haya plataformas de pensionistas rechazando la mejora por considerarla insuficiente.
Los ingresos de la mayoría de las pensiones van directos al consumo, favoreciendo la reactivación económica a través de la cesta de la compra, aliviando incluso las penurias de sus familiares. Una subida tan elevada como la del 2023 debería ser motivo de satisfacción general, pero no, como advertía el 1 de diciembre un boletín de eldiario.es: “Las pensiones vuelven al campo de batalla”.
Vaticinar el colapso de las pensiones públicas al jubilarse los nacidos en los años 60 y 70 del siglo XX se llama maltusianismo. Thomas Malthus, clérigo y economista británico, pronóstico que la población crecería al mismo ritmo que los recursos alimentarios. Profecía fallida. La industria alimentaria posibilitó un gran desarrollo de la humanidad. En 1800 el planeta tenía 900 millones de habitantes, ahora acabamos de alcanzar los 8.000 millones. Las hambrunas están motivadas, como ocurre con la riqueza, por el desigual reparto de alimentos, no por escasez de comestibles.
Con los salarios y las pensiones ocurre algo parecido, interviniendo los recursos económicos. La riqueza siempre ha crecido más rápido que la población. El incremento de la productividad del trabajo, las innovaciones técnicas, la globalización de la economía, la robótica, posibilitan que los beneficios empresariales sean muy superiores al alza de los salarios y de las pensiones. La variable que podría alterar esa constante sería un proceso de decrecimiento, motivado por la necesidad de contener la emergencia climática. Aún así, lo lógico sería empezar a aplicar medidas de austeridad por arriba, limitando vía impuestos los enormes beneficios de empresas tecnológicas, energéticas y la desorbitada riqueza de las grandes fortunas. El excedente permitiría mejorar salarios y pensiones.
El maltusianismo predicado por fuerzas opositoras a las pensiones públicas falla al declarar que la Seguridad Social entrará en quiebra. Ese lobo no amenaza a los pensionistas, protegidos por 20 millones de trabajadores y trabajadoras, además de contar con la garantía del Estado. Al contrario, en la crisis del 2008 hubo que rescatar a la banca con 77.000 millones de fondos públicos. No se espera recuperar más de 15.000 millones, pese a sus escandalosos beneficios. Un país democrático no puede dejar desamparado al 20% de su población, precisamente la más vulnerable.
La cruzada contra las pensiones públicas abarca todos los ámbitos imaginables, incluyendo el apartado presupuestario. Se rechaza el incremento del 11% en pensiones, mientras se considera justificado que los gastos militares se eleven nada menos que un 26 % en las cuentas del Estado, o que Iglesia Católica reciba, según cálculos de Europa Laica, 12.000 millones de euros anuales. Esa cantidad destinada al adoctrinamiento permitiría pagar los 11.000 millones de una nómina mensual de los 9.000.000 de pensionistas. La mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social son cotizaciones obreras, mientras que el presupuesto de la Casa Real, del ejército, o de instituciones religiosas, proceden de impuestos directos e indirectos costeados también por salarios y pensiones.
En actos testimoniales de pensionistas, vestigio de las multitudinarias movilizaciones logradas en los años 2018 y 2019, resultan excepcionales las voces que reconocen las mejoras logradas desde que gobierna una coalición de izquierdas. Lo correcto sería celebrar la histórica revalorización del próximo año. Pero no, prosiguen los lamentos. Otro motivo de satisfacción es que, mientras otros gobiernos se dedicaron a dilapidar los 67.000 millones del fondo de reserva de las pensiones, la “hucha” vuelve a recuperarse con un ingreso inicial de 2.957 millones.
El victimismo, las quejas constantes, el “cuanto peor, mejor”, sirven para dar pena, pero no animan a luchar. Ejemplo de esa práctica es el rechazo a la subida de las pensiones con el IPC medio. Desde el punto de vista estadístico es el más neutral. Este año ha resultado desfavorable, el próximo será tan ventajoso que provoca la alarma de intereses opuestos al progreso de las pensiones públicas.
Un dato que zanja cualquier duda sobre la notable mejora de las pensiones del 2023 es el adelanto voluntario de la fecha de jubilación, pese a que implica penalización. El 18 de octubre lo destacó La Información con este titular: “El alza de la pensión con el IPC incentiva el 'efecto llamada' del retiro anticipado”. Hasta el blog jubilacióndelfuturo.es del BBVA valoraba esa opción el 21 de noviembre: “La elevada revalorización de las pensiones para 2023 hace atractivo jubilarse anticipadamente antes de final de 2022”. Este boletín incluye ejemplos útiles sobre el adelanto de la jubilación.
Desde el 2018 las plataformas de pensionistas reclaman “el IPC real, por ley”, como garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, interpretando que es el IPC de diciembre. La aplicación del IPC medio, tan real como cualquier otro, introduce una variante aleatoria: perjudica cuando el ascenso del IPC es constante, favorece si el índice de precios al consumo baja antes de acabar el año. Es lo que ocurre ahora. Ante esta disyuntiva, si el objetivo es rechazar el incremento en vigor, el anterior “IPC real” no sirve como referencia, al ser inferior a la subida efectiva del 8,5%.
El IPC interanual desciende en noviembre al 6,8%. El anual está en el 5,3% y quedará en diciembre muy por debajo del 8,5% del IPC medio. Para cuestionarlo se inventa una nueva fórmula: “IPC real acumulado”. Falta saber en qué consiste esa receta, pues las interpretaciones varían. Hay grupos que incluyen 500.000 millones estimados como “deuda histórica” del Estado con la Seguridad Social. Son recursos financieros procedentes de cotizaciones obreras de varias generaciones, desviados a otros fines, como construcción de hospitales y escuelas.
Mirando hacia atrás no se avanza. Por suerte, aquí y ahora la situación no es comparable a la del lejano “invierno del descontento” (1978), cuando las demandas de los poderosos sindicatos británicos forzaron la caída del gobierno laborista. Entonces llegó al poder Margaret Thatcher con un proyecto ultraconservador y neoliberal que aplicó de inmediato para desmantelar sindicatos y empobrecer a la clase obrera. Quienes juzgan insuficiente el 8,5% deberían reflexionar sobre su coincidencia en el rechazo con las derechas que lo consideran excesivo.
El Ministro José Luis Escrivá tiene ocurrencias asumidas por gobierno, patronal y sindicatos. Su última genialidad: ampliar el periodo de cómputo de las cotizaciones a 30 años, pudiendo suprimir los dos más desfavorables. CCOO y UGT se posicionan en contra, tras acatar en 2011 la ampliación de 15 a 25 años, todavía más regresiva. Otros sindicatos proclaman su rechazo sin tener opción a negociar. Algunos grupos de pensionistas condenan esa propuesta que afecta al personal laboral en activo, mientras la gente asalariada realmente afectada guarda silencio. Hasta la fecha las medidas promovidas por Escrivá no perjudican de forma directa al colectivo de pensionistas, aunque sí se le puede reprochar que las pensiones mínimas sean insuficientes o que no quiera resolver la injusta penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias.
La problemática de las pensiones se ciñe a esta realidad: el 55% de los pensionistas cobran al mes menos de 1.000 euros, equivalentes al actual SMI
Las medidas negativas impulsadas por Escrivá van dirigidas a futuros pensionistas, trabajadores y trabajadoras todavía en activo. Y entran en vigor a largo plazo, sin producir un impacto inmediato. Es el caso de los planes de pensiones de empleo, diseñados para empobrecer las pensiones públicas o su intención de ampliar el periodo de cotización a 30 años. Hasta una medida tan positiva como cotizar por los ingresos reales, eliminando los topes, tiene previsto aplicarla de forma escalonada, en un plazo de 30 años. Entretanto, 1.200.000 sueldos dejan de cotizar 3.500 millones anuales.
Cuando se especula con la quiebra de la Seguridad Social se citan las retribuciones de las pensiones altas, prescindiendo de las bajas. Siendo tan precarias, quedan exentas de pagar IRPF y no tienen capacidad de ahorro para ser complementadas con planes de pensiones privados. Aplicando la mejora del 2023 de forma porcentual, las pensiones máximas serán tres veces superiores al SMI vigente, multiplicarán por cuatro los ingresos de las pensiones mínimas contributivas y por siete las no contributivas. Son datos preocupantes con un origen común. La causas no están en las pensiones máximas, generadas con elevadas cotizaciones durante largas trayectorias profesionales.
Las pensiones bajas vienen de las escasas cotizaciones salariales. El origen es el trabajo precario, con míseras retribuciones y o periodos involuntarios de inactividad laboral. En España hay 300.000 personas en paro de larga duración con más de 55 años de edad. El dilema es siempre el empleo y el desigual reparto de la riqueza. Lo mostraba un titular de eldiario.es el 1 de diciembre: “El Banco de España constata que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios”. En épocas de pleno empleo, con salarios dignos, la Seguridad Social alcanzó un enorme superávit financiero, invertido en actividades ajenas a las pensiones públicas. Tal es el origen de la “deuda histórica”, estimada en 500.000 millones de euros y recaudada durante generaciones.
En 1997, previendo periodos de vacas flacas, se creó el Fondo de Reserva, conocido como “hucha de las pensiones”. En 2011 llegó a tener 67.000 millones de euros, quedando 10 años después 2.138 millones. Los presupuestos del 2023 incluyen una aportación de 2.957 millones en concepto de “mecanismo de equidad intergeneracional”. Es el paso inicial para lograr su recuperación.
La problemática de las pensiones se ciñe a esta realidad: el 55% de los pensionistas cobran al mes menos de 1.000 euros, equivalentes al actual SMI. Un millón de pensionistas sobrevive con menos de 600 euros mensuales. La pensión media de las mujeres es un 33% inferior a la de los hombres. La solución a las pensiones de miseria situadas por debajo del umbral de la pobreza y a la brecha de género de las pensiones pasa por la equiparación de la pensión mínima con el SMI.
La mejora de las pensiones se puede resolver con recursos propios de la Seguridad Social. El 22 de marzo de 2022 Europa Press anunciaba: “El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado”. Esa colosal cantidad económica, que se queda corta, posibilitaría igualar la pensión mínima con el salario mínimo.
Según el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, publicado en agosto de 2021, el tramo más numeroso de pensiones está entre 600 y 700 euros. Son 1.933.559 pensiones, el 19,6 % del total. En el tramo entre 2.000 euros y la pensión máxima había 1.133.957 pensiones, el 11,5% del total. Las diferencias iniciales, originadas por las cotizaciones, se intensifican cada año con las revalorizaciones porcentuales, basadas en el incremento del IPC.
Nivelar las cotizaciones puede resultar largo y complejo, mientras que aplicar de forma equitativa las mejoras anuales solo requiere voluntad política. Si la inflación afecta por igual a los 9.000.000 de pensionistas, lo justo sería que tanto las pensiones bajas como las altas tuviesen las misma subida económica, con crecimiento lineal. Los porcentajes intensifican las desigualdades. Las pensiones bajas pierden poder adquisitivo y las altas incrementan su patrimonio. El Gobierno puede y debe evitar esa inequidad, agravada el año 2023 por el elevado importe de la revalorización del 8,5%. No es admisible que las pensiones mínimas contributivas suban 60 euros al mes y las máximas 240.
La Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia impulsa una campaña a favor del reparto igualitario de la mejora de las pensiones, en sustitución de subidas porcentuales, intentando evitar que aumenten las desigualdades entre pensiones bajas y altas. Es una iniciativa compartida por asociaciones como: Movimiento Pensionista de Madrid, Coordinadora de pensionistas de León, Plataforma Segoviana en Defensa de las Pensiones Públicas, o las plataformas Modepenlu de Galicia, Vallirana y Cervelló de Catalunya. A partir de esa idea inicial cabe desarrollar iniciativas conjuntas más precisas.
Una vez alcanzada la revalorización de las pensiones en base al IPC, que hace casi cinco años sacó a la calle a miles de pensionistas de todos los rincones del país, los retos inmediatos pasan a ser la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo y el reparto igualitario de la mejora de las pensiones. Son dos demandas fundamentales para reducir la brecha de género y las desigualdades. Los pensionistas de mañana tienen además otros desafíos que necesitarán apoyos solidarios, pero no pueden ser resueltos mediante el voluntarismo de quienes no sufren esa amenaza.
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