Ética, reinserción y justicia restaurativa

Una vez más las diferentes organizaciones a favor de los presos de ETA convocan su manifestación anual. No se se trata de una movilización más: basta con tirar de hemeroteca hasta encontrar referencias a convocatorias con ciertas similitudes ya desde el año 1986 y puede que incluso antes. Una movilización prácticamente anual y de estas características, en la que la Izquierda Abertzale se vuelca al completo, tiene claramente una dimensión estratégica que va más allá de la manifestación en sí misma. 

Los presos de ETA han representado históricamente la figura de héroes-mártires en la Izquierda Abertzale y este tipo de convocatorias, más allá de lo que tienen de ritual, representan un importante elemento aglutinante de carácter emocional para el conjunto de su espacio. Es una herramienta cuidada y medida al milímetro, donde hay poco lugar para la improvisación y cada paso, palabra o símbolo empleados responden a una finalidad consciente. 

Pero todo esto no siempre ha sido tan evidente y diferentes agentes políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale han ido adhiriéndose y descolgándose de esta convocatoria, al tiempo que iban dándose cuenta de lo que su apoyo significaba. Los hechos siempre son definitorios: la incomodidad por la puesta en escena de una manifestación tan ritual así como la imposibilidad de mover una sola coma en lo sustancial del contenido. Lo aprendió rápidamente Gesto por la Paz en el año de la tregua de 1999, que la apoyó inicialmente y se descolgó de inmediato. O el PNV, que se retiró de forma definitiva de la misma en 2012. Y también una parte de la izquierda (Euskadiko Ezkerra, IU, Podemos...) o sindicatos como CCOO, que han ido oscilando en su posicionamiento. 

No obstante, es innegable que sus participaciones, puntuales o intermitentes, han contribuido involuntariamente a dar relevancia social y, sobre todo, a legitimarla como una convocatoria pro-Derechos Humanos. Sin lugar a dudas el elemento que ha pesado históricamente para decantar estas posiciones de grupos tan heterogéneos desde un punto de vista sociopolítico ha sido una causa justa como es el acercamiento y el trato humanitario para las personas presas.

Hoy, el hecho cierto es que más del 90% de las personas presas están ya en centros de Euskadi y Navarra y el resto en las provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja...). O en Lannemezan, centro próximo a Iparralde. Asimismo, el trato humanitario a los presos que tenía su máximo exponente en los que estaban gravemente enfermos, según indican diferentes fuentes, también está en avanzado grado de resolución. Los avances para poner fin a esta política penitenciaria de excepcionalidad se han logrado, en buena medida porque eran consecuencia de consensos transversales. 

Ambas cuestiones, acercamiento y trato humanitario, no solo han sido las que han permitido aglutinar a diferentes partidos, sindicatos y personalidades de la sociedad vasca, sino que han sustituido en las convocatorias de los últimos 15 años a la reclamación de la amnistía que realizaba con anterioridad la Izquierda Abertzale. Sin embargo, este año, la agenda pro-presos es otra y no tan desconectada de la primitiva a tenor del nuevo lema “etxera”, en realidad una petición de amnistía no tan encubierta: se solicita el paso a tercer grado penitenciario de todos los presos (solo es preciso volver a la prisión para dormir). 

En el año 2011, cuando ETA depuso las armas, había más de 700 miembros de la banda en prisión. 10 años después son en torno a 180 las personas que permanecen privadas de libertad. De ellas casi ninguna está ya en primer grado y no pocos están ya accediendo al tercer grado. Esta progresión de grado por razones diferentes a la humanitarias (artículo 72 de la LOGP) requiere –y nos parece que es lo adecuado– que el preso de forma individual demuestre que ha abandonado la violencia –habitualmente a través de una declaración escrita– y una petición de disculpas sinceras o perdón a las víctimas de su delito. Es decir, que emprenda un camino de reinserción social o justicia restaurativa. 

Hoy la justicia restaurativa también forma parte de los más básicos consensos de la sociedad vasca para abordar desde la justicia y la ética no solo la reinserción de los presos y presas, sino también la restauración de una convivencia con memoria. Y este consenso no se puede malograr. Que se haya alcanzado se lo debemos en buena medida a la difusión de experiencias reales puestas en marcha hace una década, a través de películas como Maixabel u obras de teatro como La mirada del otro y, por supuesto, al trabajo de colectivos pacifistas y de Derechos Humanos y a no pocas víctimas y victimarios que participaron en la Vía Nanclares. 

No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas

Esa Izquierda Abertzale que hasta hace poco consideraba literalmente una traición la reinserción y la justicia restaurativa –de hecho, eliminó a los participantes en la Vía Nanclares de los listados del colectivo de presos de ETA (EPPK), Etxerat o Sare, y se empeñó en marginarlos en sus respectivos pueblos–, hoy abrazan formalmente este enfoque, pero distorsionando a conveniencia su contenido. Esto debe encender todas las alertas tratándose de una materia tan sensible y crítica para nuestra recién estrenada y precaria convivencia. Aquí, la exigencia y diligencia en el control de instituciones, partidos y agentes sociales debe ser máxima, porque no imaginamos nada más lesivo, revictimizador ni destructivo socialmente que una disculpa o arrepentimiento no sinceros. El desarme y la disolución podían admitir diferentes grados de juego en el lenguaje. El perdón a las víctimas y a la sociedad vasca en su conjunto nunca. 

Esta es la cuestión central. Cuando nadie apostaba por la reinserción y la justicia restaurativa, nosotras la apoyamos pese a las críticas feroces de unos y otros. Hoy, cuando forma parte de los consensos sociales, alertamos del vaciamiento y la distorsión de su contenido que pretende la Izquierda Abertzale. En este sentido, queremos reivindicar cuatro aspectos clave: tiene que ser individual, nunca colectiva, debe tener sí o sí una dimensión ética, sí hay margen para que una rectificación pública y sincera de la Izquierda Abertzale allane el camino a los procesos individuales de reinserción, pero sin sustituirlos en ningún momento y el cumplimiento debe quedar al margen de cualquier disputa política o arreglo partidario. 

Los dos primeros puntos son simple y llanamente la traslación directa de lo que dicta la legislación penitenciaria, pero también una referencia como Naciones Unidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 4, 89, 91, 92, 94 y 95). El tercero y cuarto, la constatación de que la revisión crítica del pasado: el reconocimiento del daño causado y la injusticia de esa actuación es el valioso hilo que conecta la política penitenciaria desde una perspectiva de la reinserción con la memoria en términos deslegitimadores y con una convivencia democrática con garantías de no repetición. 

Todas estas cuestiones están ausentes en la convocatoria de la manifestación del 7 de enero y, por extensión, en la agenda pro-presos de la Izquierda Abertzale. Eso es lo preocupante y lo que debería abrir una profunda reflexión política y un sosegado debate social. No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas.

Porque la claridad de estos mínimos tan elementales que hemos citado no puede adulterarse con ambigüedades discursivas ni con significantes vacíos de contenido. La alerta de los y las firmantes de este artículo no obedece a que veamos en cuestión un pasado que ya es irreparable; sino nuestro futuro en convivencia justa y democrática.