Fractura social a la vista

En Euskadi ha costado mucho generar un contexto marcado por la estabilidad, por el respeto al diferente y por el respaldo ciudadano al nivel de autogobierno del que goza nuestra comunidad autónoma. Pero todo ello puede saltar por los aires si por mérito del nacionalismo o por demérito del constitucionalismo vasco se insufla oxígeno a quienes prefieren ahondar en lo que nos divide y no en lo que nos une.

Que los intereses de los vascos han quedado desvirtuados tras la llegada del PSOE a La Moncloa no es una sensación, es un hecho constatado en virtud de la primera reunión mantenida entre el nuevo presidente del Gobierno central y el lehendakari del Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu. En ella Urkullu marcó cuáles cree que son las cuestiones que roban el sueño de los vascos, cuestiones por tanto para él ineludibles en un primer encuentro entre el representante de todos los vascos y el nuevo presidente del Gobierno central: presos de ETA, reconocer la “realidad plurinacional” del Estado o la retirada de recursos de inconstitucionalidad que afecten a leyes de dudosa legalidad promovidas por el Parlamento Vasco.

Entre las demandas del nacionalismo, pronunciadas por boca del lehendakari del nacionalismo y no del lehendakari de todos los vascos, una de ellas es un dardo envenenado que ya amenaza la credibilidad del nuevo Gobierno socialista. La retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Abusos Policiales no sólo es algo que afecta al debate en torno a la propia Ley. Es algo que atañe a un debate de mayor calado: ¿el control constitucional es negociable?, ¿debe un Gobierno central impedir el control de la Justicia en el marco de una negociación política? O lo que es peor: ¿la legalidad se decide en Moncloa?

“Nunca pierdas la ocasión de invitar a una ronda barata”, debió pensar Sánchez cuando valoró ceder ante el nacionalismo a cambio de desbancar al PP del Gobierno central. Barata para él, cara para los vascos. Cara para los vascos porque la piedra angular de la reforma estatutaria de PNV y Bildu está escrita en catalán y defiende que el principio de legalidad está supeditado al principio democrático; o lo que es lo mismo: el respeto a la ley es subjetivo. Incertidumbre e inestabilidad.

Euskadi se encuentra en un momento crucial de su historia. Tras décadas de terrorismo, de inestabilidad política y de fractura social, está en nuestras manos, las de todos los vascos, poner el punto de mira en lo que nos une, no en lo que nos separa. Precisamente por ello es un error pretender llevar a cabo una reforma estatutaria de corte soberanista cuando la gran mayoría de los vascos se posiciona abiertamente conforme con el Estatuto de Gernika y con el actual nivel de autogobierno.

Que el nacionalismo construya una realidad paralela a la de la ciudadanía es algo habitual. Sólo así se entiende que mientras competencias ya transferidas a Euskadi como la Educación o la Sanidad están inmersas en una gestión llena de sombras, el Ejecutivo de Urkullu crea que los males de los vascos se solucionan gestionando las cárceles, cuestionando la caja única de la seguridad social –poniendo en riesgo las pensiones de nuestros mayores–, gestionando el ISBN de los libros o creando un carné de conducir vasco. Lo que sin embargo no es tan habitual es que una formación constitucionalista como el PSOE insufle oxigeno al nacionalismo de la mano de concesiones que, a medio plazo, serán la mecha de la ruptura social.

PNV o Bildu ya han decidido caminar de la mano hacia el precipicio. Mientras tanto, Podemos y PSE no parecen querer pararles los pies en la medida en que, juntos, han contribuido a construir una realidad ajena a la calle comprando el discurso nacionalista por el cual la reforma estatutaria es poco menos que la principal preocupación ciudadana en Euskadi. Y no lo es. Euskadi es empleo, economía, vivienda, sanidad y educación. Euskadi necesita unión, no espacios abonados para que crezca la división.

Estamos a tiempo de colocar en el centro de la actividad política vasca aquello que de verdad importa a la sociedad. No hacerlo conllevará contribuir, por demérito, a crear espacios de trabajo para el nacionalismo. Espacios de trabajo que generarán incertidumbre, pero también frustración. La estabilidad es un bien preciado que nos ha constado mucho conseguir. Seguir por la senda de la certidumbre es el objetivo del PP vasco, pero también debe serlo para el mundo no nacionalista, que debe empezar a tomar partido de forma activa y seria antes de que sea tarde.

En Euskadi ha costado mucho generar un contexto marcado por la estabilidad, por el respeto al diferente y por el respaldo ciudadano al nivel de autogobierno del que goza nuestra comunidad autónoma. Pero todo ello puede saltar por los aires si por mérito del nacionalismo o por demérito del constitucionalismo vasco se insufla oxígeno a quienes prefieren ahondar en lo que nos divide y no en lo que nos une.

Que los intereses de los vascos han quedado desvirtuados tras la llegada del PSOE a La Moncloa no es una sensación, es un hecho constatado en virtud de la primera reunión mantenida entre el nuevo presidente del Gobierno central y el lehendakari del Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu. En ella Urkullu marcó cuáles cree que son las cuestiones que roban el sueño de los vascos, cuestiones por tanto para él ineludibles en un primer encuentro entre el representante de todos los vascos y el nuevo presidente del Gobierno central: presos de ETA, reconocer la “realidad plurinacional” del Estado o la retirada de recursos de inconstitucionalidad que afecten a leyes de dudosa legalidad promovidas por el Parlamento Vasco.