Hechos, no palabras

Del 1 al 12 de noviembre se celebrará en Glasgow la COP26, la cumbre de la ONU en la que 197 países se reunirán con el objetivo de avanzar en el Acuerdo de París y en la lucha contra el cambio climático. Un aumento superior a los 1,5 grados de temperatura respecto a la época preindustrial pondría en jaque la biodiversidad y los recursos hídricos y alimentarios, causando hambrunas y migraciones climáticas en un mundo con menos recursos y una población en ascenso hacia los 9.500 millones de habitantes para 2050.

Sin embargo, estas cumbres han sufrido un grave descrédito en la sociedad debido al binomio político-empresarial que boicotea entre bambalinas cualquier progreso sustancial, y miles de jóvenes y no tan jóvenes han exigido a nivel mundial “hechos, no palabras” mientras en Europa estas exigencias se están cristalizando en la entrada de partidos verdes en distintos gobiernos.

A pesar de solemnes declaraciones políticas de emergencia climática por los parlamentos vasco y español no se está actuando con la emergencia política necesaria. De hecho, su emergencia ha sido favorecerse en un sistema de puertas giratorias con las empresas energéticas, como hemos visto con Aznar, González, Josu Imaz y recientemente el socialista madrileño, Antonio Carmona. Estas políticas pro-oligopolio, que han frenado durante décadas la transición a las energías renovables, es la razón de la gran dependencia al gas y los récords diarios en los precios de la luz.

La exigencia de transitar a modelos económicos más sostenibles y más justos para la sociedad y nuestro planeta está en nuestro ADN, y con ese compromiso estamos demostrando ser el único partido verde con la fuerza para hacerlo

Para romper esta dependencia, Unidas Podemos en el Congreso ha propuesto la creación de una empresa pública de energía renovable y recuperar centrales hidroeléctricas a medida que caduque su concesión para ir abaratando el precio de la energía a medio plazo. En el Gobierno Balear, donde Unidas Podemos lidera la Consejería de Energía, ya está en marcha una empresa pública de energías renovables.

Y es que pasar de las promesas a los hechos es la aspiración de Unidas Podemos y Elkarrekin Podemos. Así es como tras décadas de promesas fallidas para luchar contra el cambio climático, en julio de 2020, y al año y medio de entrar en el Gobierno, Unidas Podemos consiguió acordar y aprobar en el Congreso la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Asimismo, el pasado 28 de septiembre, modificamos la ley de Cadena Alimentaria para que los precios de los productos agroganaderos cubran los costes de producción y no tengan pérdidas. Un gran paso para un sector excesivamente dependiente de ayudas y subvenciones que ha sido la base de la política clientelar del PP y PNV, que curiosamente se han abstenido en la votación de esta ley.

Y al hito de conseguir la protección del lobo en todo el Estado, en breve le acompañarán la aprobación de la ley de Bienestar Animal que protege a los animales domésticos y urbanos, y la ley de Residuos, que posibilita el sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) para aumentar el reciclaje de envases.

En Euskadi, sin embargo, la mayoría absoluta que ostentan el PNV y PSOE en el Parlamento blindan cualquier intento de crear políticas más sostenibles por chocar con intereses partidistas.

Lo hemos visto cuando han decidido unilateralmente —a pesar de pedirle constantemente a Pedro Sánchez “bilateralidad”— destinar millones de euros de fondos europeos y sin ninguna concurrencia competitiva a ciertas empresas muy afines al mundo jeltzale para crear un nuevo oligopolio, pero esta vez de energías renovables. Y es que el Gobierno Vasco ha firmado convenios y alianzas con Iberdrola, Grupo Mondragón y Repsol-Petronor para darles ventaja competitiva en el negocio eólico, solar y de hidrógeno. Además, con proyectos solares y eólicos en zonas protegidas y rurales, sin ningún consenso social y sin aprobar el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que establezca zonas de exclusión de estas instalaciones por impactar en el medioambiente.

En el Parlamento Vasco, asistimos atónitas a la tramitación de leyes ambientales en las que, paradójicamente, favorecer los intereses económicos de ciertos sectores es la columna vertebral de normas que son, o eran, para proteger el medioambiente.

La ley de Protección Animal no protegerá a los animales silvestres urbanos ni a los animales de granja para no presionar a los ganaderos, y la ley de Administración Ambiental permitirá a las industrias y vertederos -recuerden Zaldibar- seguir contaminando y dañando nuestra salud al establecer controles muy laxos en vertidos, emisiones y residuos.

La ley de Conservación del Patrimonio Natural, la primera norma ambiental que será aprobada, y con el apoyo de EH Bildu y el PP, es una alfombra gris para seguir explotando los espacios naturales protegidos por el sector energético, industrial y ganadero. Propusimos prohibir instalaciones industriales, energéticas y el monocultivo de pinos y eucaliptos en los espacios protegidos y crear una Agencia Vasca de la Biodiversidad. Todas rechazadas por el Gobierno.

Asimismo, fuimos el único partido en Euskadi en apostar por ayudar a la ganadería en la convivencia con el lobo ante otros partidos que sintieron vértigo y se arrugaron por intereses electoralistas.

Fuimos el único partido en Euskadi en apostar por ayudar a la ganadería en la convivencia con el lobo ante otros partidos que sintieron vértigo y se arrugaron por intereses electoralistas

Sin embargo, a veces conseguimos pararle los pies al Gobierno Vasco. La ley de Cambio Climático estatal prohibió y detuvo los nuevos proyectos de gas en Araba. Además, recientemente, las más de 100 alegaciones presentadas por Elkarrekin Podemos han servido para detener dos proyectos eólicos en los espacios protegidos de Arkamo y Montes de Iturrieta.

La exigencia de transitar a modelos económicos más sostenibles y más justos para la sociedad y nuestro planeta está en nuestro ADN, y con ese compromiso estamos demostrando ser el único partido verde con la fuerza para hacerlo. Sin vértigos, sin ataduras y sin promesas incumplidas. Con hechos.

Del 1 al 12 de noviembre se celebrará en Glasgow la COP26, la cumbre de la ONU en la que 197 países se reunirán con el objetivo de avanzar en el Acuerdo de París y en la lucha contra el cambio climático. Un aumento superior a los 1,5 grados de temperatura respecto a la época preindustrial pondría en jaque la biodiversidad y los recursos hídricos y alimentarios, causando hambrunas y migraciones climáticas en un mundo con menos recursos y una población en ascenso hacia los 9.500 millones de habitantes para 2050.

Sin embargo, estas cumbres han sufrido un grave descrédito en la sociedad debido al binomio político-empresarial que boicotea entre bambalinas cualquier progreso sustancial, y miles de jóvenes y no tan jóvenes han exigido a nivel mundial “hechos, no palabras” mientras en Europa estas exigencias se están cristalizando en la entrada de partidos verdes en distintos gobiernos.