“Nuestro hijo de puta”

Hemos sabido, a través de elDiario.es, que la exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguía ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que evitará el juicio y la posibilidad de ir a la cárcel, al haber admitido que prevaricó y malversó, durante nueve años, fondos públicos destinados a la cooperación. Es un caso que, sin duda, combina a la perfección los efectos de una mala gestión de mayorías absolutas consecutivas con la falta de pudor político.

Resulta penoso que el PSE, sólo cuando el acuerdo con la Fiscalía se ha publicado en los medios, haya anunciado -sólo entonces, insisto- la suspensión de militancia de la exalcaldesa, cuando es evidente que hace semanas que su partido sabía del reconocimiento de los delitos por parte de Urchueguía. Una reacción a todas luces tardía que denota tibieza, pereza y falta de contundencia ante un asunto tan grave.

Hace años que circulan en Youtube vídeos absolutamente sonrojantes en los que la exedil socialista hacía entrega de recursos en Somoto (Nicaragua). Me resulta muy difícil de comprender que, si bien el común de los mortales no siente más que vergüenza ajena al ver a Urchueguía en esos vídeos, repartiendo dinero público con el desparpajo -pero sin la gracia- de quien regenta la Tómbola Antojitos, el PSE decidiera nombrarla alto cargo en el Gobierno vasco que presidió Patxi López. Y senadora. Es para mear y no echar gota.

Lo cierto es que los partidos políticos, en general, tienden a ser muy benévolos a la hora de valorar y juzgar este tipo de actuaciones cuando el protagonista es un militante propio, lo cual es tan humano como hipócrita. Esta idea la esculpió en piedra para la posteridad el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, quien se refirió a Anastasio Somoza, dictador de una Nicaragua que aún no había padecido a Urchueguía, afirmando: “Tal vez sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Lo usaban para sus intereses, claro está.

Afortunadamente, gran parte de la cooperación que se hace en este país por parte de entidades locales es de alta calidad; y las organizaciones no gubernamentales implicadas tienen un alto nivel de compromiso y de responsabilidad, acorde a los recursos que se les ofrece.

No cabe duda de que el mal ejemplo de la exalcaldesa socialista no ayudará, precisamente, a unir fuerzas en torno a la reivindicación y a la articulación de una presión social que reclame alcanzar el viejo objetivo de destinar a la cooperación del 0,7% de los diferentes presupuestos públicos.

El daño causado a la cooperación requiere, a mi juicio, de una explicación más valiente por parte del PSE. Desde luego, algo más que señalar, en una nota de prensa, que suspende a Urchueguía de su militancia por unos hechos pertenecientes a un remoto pasado.

En este país en el que tenemos la costumbre de pedir, siempre a los demás, una lectura crítica de lo ocurrido por acción u omisión del interpelado, no estaría de más que el partido que sustentó y promocionó a la exalcaldesa realizara esa lectura crítica con algo más de seriedad, rigor y profundidad.

No obstante, no soy un ingenuo y sé que pedir algo así, especialmente en periodo electoral, es propio de la ciencia ficción, cuando el género trabajado por Urchueguía -en nombre de una mal entendida cooperación- tiene más que ver con el constumbrismo colonial más esperpéntico.

En cualquier caso, me quedo con el detalle, no menor, de que los funcionarios municipales -el interventor, entre otros- ya advirtieron de las irregularidades que estaba cometiendo la entonces alcaldesa. No debe de ser fácil, desde algunos puestos de responsabilidad de la Administración, lidiar con los caprichos de quienes se creen por encima de la ley por contar con mayorías absolutas. Y el PSE no puede hacerse ahora el sorprendido.

Seguimos teniendo pendiente, en el ‘oasis vasco’, una seria reflexión sobre la corrupción, sobre el control público y sobre la necesidad de implantar mecanismos para que episodios como éste no se repitan. Y a la vista está, con casos como el de De Miguel y el de Urchueguía, que también sigue siendo necesario que la Justicia sea capaz de actuar con mayor celeridad. Estamos condenados a esperar, me temo.

Hemos sabido, a través de elDiario.es, que la exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguía ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que evitará el juicio y la posibilidad de ir a la cárcel, al haber admitido que prevaricó y malversó, durante nueve años, fondos públicos destinados a la cooperación. Es un caso que, sin duda, combina a la perfección los efectos de una mala gestión de mayorías absolutas consecutivas con la falta de pudor político.

Resulta penoso que el PSE, sólo cuando el acuerdo con la Fiscalía se ha publicado en los medios, haya anunciado -sólo entonces, insisto- la suspensión de militancia de la exalcaldesa, cuando es evidente que hace semanas que su partido sabía del reconocimiento de los delitos por parte de Urchueguía. Una reacción a todas luces tardía que denota tibieza, pereza y falta de contundencia ante un asunto tan grave.