El fin del bipartidismo y el surgimiento de un nuevo tablero político, abierto aún a nuevos actores, es el resultado de esta legislatura que, sin duda, más trascendencia tiene para la política española. Estamos ya en una nueva etapa en la que la gobernabilidad dependerá de pactos, algo que tampoco es nuevo. En la década de los 90, tanto el PSOE como el PP gobernaron en minoría gracias a acuerdos con PNV y CiU, convenios que pivotaban principalmente sobre inversiones territoriales. A partir de ahora las alianzas serán en clave de proyecto político: económico, social y territorial. Esto conlleva una tensión interna dentro de los partidos: ¿cuáles son mis principios y objetivos políticos, o puntos programáticos negociables, renunciables y cuáles las líneas rojas? Estos debates resultan aún más complejos en plena reconfiguración de un tablero político, atravesado y crispado por la cuestión territorial.
El gran hito de la legislatura, es, sin discusión, la moción de censura a Mariano Rajoy. La sentencia que acreditó judicialmente la corrupción generalizada del Partido Popular en las instituciones que gobernaba sirvió para unir a todas las fuerzas políticas, menos a Ciudadanos, en nombre de la decencia e higiene democrática. Sin embargo, no podemos obviar que antes de la moción se habían ido generando diferentes consensos parlamentarios sobre la herencia de la mayoría absoluta de Rajoy, principalmente en torno a la derogación de sus medidas más controvertidas: ley mordaza, reforma laboral, LOMCE, etc.
Estos consensos pueden considerarse un germen de la mayoría de la moción de censura y algunos de ellos han podido salir adelante: la sanidad universal, la derogación del impuesto al sol, la eliminación de trabas burocráticas en la actividad científica, la subida de algunas pensiones o la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, otros no han podido superar el doble bloqueo legislativo que ha sufrido la cámara en esta legislatura: por parte del Gobierno con los vetos a las leyes presentadas por la oposición y el del PP y Ciudadanos en las ponencias legislativas. La escasa capacidad que los grupos parlamentarios hemos tenido para legislar, merece una reflexión sobre la modificación del reglamento del Congreso, ya que no dificulta y limita la actividad parlamentaria en aritméticas parlamentarias complicadas.
Con la caída de los presupuestos se quedó en agua de borrajas otro de los grandes consensos de la cámara: la urgencia de revertir los recortes en sanidad, educación o dependencia. La subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros es la gran medida de la legislatura en cuanto a impacto en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Quedan igualmente pendientes para la próxima legislatura debates cruciales que no ha dado tiempo a cerrar con garantías y consensos como la ley de cambio climático o la sostenibilidad del modelo de pensiones.
Sin embargo, esta legislatura no puede entenderse sin el 1 de Octubre de 2017. Hay un antes y un después en las dinámicas y debates parlamentarios. Cataluña y el modelo territorial son los protagonistas de la segunda parte de la legislatura, in crecendo tras el apoyo de los independentistas a la moción de censura. Esto ha supuesto un incremento de la crispación, un enconamiento del debate en torno a la unidad de España que ha contaminado y eclipsado otros debates urgentes y de fondo; y que tras lo vivido en la votación de presupuestos dificultará un gobierno progresista.
Para Euskadi también ha habido un antes y un después de la radicalización de los discursos centralizadores y por la unidad de España. En otoño de 2017 se aprobó la ley de actualización del Cupo con el apoyo de todos los partidos que a día de hoy tienen representación en el Parlamento vasco (salvo la abstención de EH Bildu). En el actual contexto político hay muchas dudas de que el PP votara a día de hoy lo mismo. El uso torticero que ha hecho Ciudadanos del Concierto en estos dos últimos años y la moción del PP sobre la congelación de las transferencias pendientes a Euskadi, aprobada en el último pleno del Senado, hacen pensar que el autogobierno de Euskadi puede ser objeto de debate (y ataque) por ciertos partidos la próxima legislatura.
Años de negociaciones partidistas para el desarrollo de lo que a Euskadi le corresponde por ley, ha hecho que el autogobierno y el concierto se vean como privilegios e intereses vinculados a un partido concreto y no como derechos reconocidos legalmente a toda la ciudadanía vasca. Sin embargo, más allá de las cuestiones derivadas del agotamiento evidente del modelo territorial del 78, cabe preguntarse si la legislatura ha sido buena o mala para Euskadi.
Y en este punto, evidentemente, hay diferentes visiones: si la subida del SMI supone que vas a ganar 200 euros más al mes o trabajas en una de las empresas afectadas por el cierre de la Naval, lo que puedes entender como intereses de Euskadi es bien diferente de quienes tiene acciones en las constructoras que están haciendo el TAV. Por lo tanto, valorar beneficios (o perjuicios) para Euskadi de la legislatura es un ejercicio que no puede limitarse a una lista de inversiones o a toneladas de hormigón financiadas a cargo de los presupuestos generales, sino a señalar qué medidas (o inversiones) mejoran la vida de las personas.
Las inversiones, al igual que las competencias, son herramientas para llevar a cabo un proyecto político y económico. No son buenas por sí mismas, son buenas si tienen un impacto directo en la gente o si sirven para tener un territorio más cohesionado. Desde esta óptica, sin duda, muchas de las medidas adoptadas en esta legislatura, responden a lo que podemos llamar la agenda social vasca: decisiones que, desde las competencias estatales, pueden significar cambios directos en el día a día de las personas de Euskadi. Y eso es lo que está en juego la próxima legislatura. Porque de la mano de la amenaza centralizadora en nombre de la unidad de España, viene un modelo económico y social, regresivo en derechos y que sin duda hará que la vida de la gente, también la de Euskadi sea mucho más dura.
*Rosa Martínez es coordinadora de Elkarrekin Podemos. Ex-diputada de Equo Berdeak
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