Hay un método infalible para conocer el alcance de cualquier medida en materia de pensiones: si el coro de economistas al servicio del sistema financiero la rechaza, es positiva. Se temía lo peor: que se ampliase el periodo de cálculo de la pensión a 30 años o toda la vida laboral. Lo ocurrido es muy distinto. Se introducen cláusulas para mejorar las pensiones mínimas, reducir la brecha de género y aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Pese a las carencias, el balance es satisfactorio. Pero no faltan grupos de pensionistas que insisten en rechazarla, porque cualquier medida favorable les resulta siempre insuficiente. Esta reforma trae un valor añadido: la reconciliación de las dos partes del Gobierno de coalición. Mala noticia para las derechas políticas, económicas y mediáticas.
Activado el frente mediático
El 11 de marzo, al día siguiente de publicarse el contenido de la reforma, arreció la confrontación mediática. Titulares de prensa económica. Expansión: “Golpe del Gobierno a las empresas para sostener las pensiones” “Una aberración contra la sostenibilidad de las pensiones y la economía”. El Economista: “Las patronales critican la voracidad por recaudar del Gobierno” “Las pensiones españolas entran en un callejón sin salida”. Cinco Días: “El Gobierno eleva cargas empresariales para aumentar las pensiones más bajas” “CEOE acusa al Ejecutivo de voracidad recaudatoria y avisa de que dañará el empleo”. Economía Digital: “Nuevo hachazo del Gobierno a empresas y trabajadores de 15.000 millones para pagar las pensiones”.
Titulares de prensa de derechas. El Mundo: “Escrivá carga la reforma de las pensiones a las empresas y trabajadores”. ABC: “Escrivá propone otro golpe a los salarios altos para evitar ajustes”. La Razón: “La fiesta de las pensiones la pagan empresas y trabajadores” “La patronal estalla contra la reforma por las cesiones de Escrivá a Podemos”.
Se desata la ofensiva conservadora
Desde el 10 de marzo PP, Vox y Ciudadanos muestran su rechazo a la reforma de las pensiones sin necesidad de conocer su contenido. Según la web de rtve.es “Vox desconfía de cualquier acuerdo alcanzado con Unidas Podemos”. Ciudadanos considera que el acuerdo PSOE - UP es “la peor opción posible”. El 13 de marzo publicaba Público: “Alberto Núñez Feijóo se opone a la reforma de las pensiones pactada por los partidos de coalición y avalada por Bruselas. ”No hay reforma, solo un parche hasta 2025 para ir tirando hasta acabar la legislatura. Solo pueden presumir de un acuerdo entre los socios que se basa en una sucesión de mentiras...“. Ese mismo día elDiario.es mostraba la actitud del líder del PP con este titular: ”Feijóo rechaza la reforma de las pensiones antes de leerla“. También resulta significativo el titular de La Vanguardia: ”Feijóo rechaza la reforma de pensiones por dañar a trabajadores y empresas“.
El 10 de marzo, CEOE, CEPYME y ATA declaran su frontal oposición: “El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. Por el contrario, los sindicatos aplauden la reforma: “Las organizaciones sindicales UGT y CCOO en la reunión de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones mantenida en el día de hoy, han realizado una valoración general positiva, tanto de la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman”.
Bloque de pensionistas del no es no
Algunos colectivos de pensionistas, críticos con la reforma, reiteran su rechazo. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria advierte: “Ni 25, ni 29, ni 30, el MPEH reclamamos que el periodo de cálculo de la pensión se sitúe en los 15 mejores años cotizados”. Para poder valorar esa exigencia es preciso señalar que el periodo de cotización de 15 años se remonta a 1985 y se aplicó hasta el año 2012. Desde el 2013 aumenta cada año, alcanzando los 25 años en 2022. Guste o no, esta norma para calcular la base reguladora está en vigor. En la actualidad 15 años es el periodo de cotización mínimo para tener derecho a una pensión contributiva, cobrando el 50% de la base reguladora.
El MPEH ha reclamado a los Gobiernos vasco y central una pensión de 1.080 euros, equivalente al actual SMI, realizando ayunos nocturnos del 13 al 18 de marzo. Considerando, tal vez, que no será una presión suficiente para lograrlo, también impulsarán la huelga general prevista para el otoño por el sector abertzale del movimiento feminista. En tal caso, como ocurrió con el intento de huelga del 30 de enero de 2020, se verá a grupos de jubilados reclamando parar a trabajadores en activo. Aquella acción motivó la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.
El 15 de marzo anunciaba Público: “ERC y EH Bildu muestran sintonía con la reforma que ha presentado el ministro José Luis Escrivá en el Congreso”. Fruto del acuerdo del Gobierno con EH Bildu, las pensiones mínimas de viudedad individuales subirán en cuatro años un 17% y las que tengan cargas familiares hasta el 30%, logrando la equiparación con las pensiones contributivas de jubilación. Por tanto, la voluntad participativa del partido soberanista vasco, choca con la postura contraria del grupo de pensionistas con el que comparte ideología.
El colectivo de pensionistas es plural, otros grupos reconocen los aspectos positivos de la reforma. Según la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) “Las propuestas de este segundo bloque de la reforma refuerzan la solidaridad del sistema de pensiones con avances en la atención a los pensionistas más vulnerables”. Para la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (CPB) “La nueva reforma de las pensiones no contiene medidas regresivas. Es la primera normativa sobre pensiones diseñada para favorecer a las pensiones bajas, recortando los injustificados privilegios de las grandes empresas y los sueldos más altos. Se cumple así lo que siempre decimos: las pensiones, lo mismo que los salarios, dependen de los intereses y de la voluntad política del gobierno de turno”.
Cuadratura del círculo de las pensiones
El Ministro Escrivá, que viene de la banca, utiliza la ingeniería financiera para intentar resolver el enigma de las pensiones mediante una especie de pacto de rentas aplicado por imperativo legal. Zanja el dilema del baby boom limitando las prerrogativas de los sueldos altos que no cotizan por todos sus ingresos. No es el recorte habitual de las reformas de pensiones. Se trata de la primera reforma que no sacrifica las pensiones de hoy, ni las de mañana. Favorece la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sin exigir sacrificios para lograr el equilibrio presupuestario. Ni siquiera impone la ampliación del periodo de cómputo de cotizaciones. Durante los próximos 20 años, hasta la próxima generación, habrá un sistema dual, pudiendo elegir entre los 25 años del modelo en vigor o 29 años sin los dos peores. El año 2044 será definitiva la segunda opción.
La reforma Escrivá presenta tres componentes básicos que se financian sobre todo con recursos procedentes del destope parcial de sueldos elevados, recayendo en su mayor parte sobre los costes salariales de las grandes empresas. El objetivo es mejorar las pensiones bajas, reducir la brecha de género y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones durante la incorporación de la generación del baby boom. Por eso permanecerá hasta el año 2050. Es una reforma novedosa, que se puede considerar insuficiente, pero no contraria a los intereses del colectivo de pensionistas.
Comprobemos cómo funcionan las cotizaciones en el caso del presidente de Iberdrola. Sánchez Galán gana 13 millones al año. Entre él e Iberdrola deberían cotizar un 28,3%, son 3.679.000 euros. Como su aportación está topada en 54.000 euros, Galán paga el 4,7%, o sea, 2.538 euros. Iberdrola con el 23,6% abona 12.744 euros. La cotización total de Galán se queda en 15.282 euros, dejando de cotizar 3.663.718 euros. Cabe hacer también el cálculo con los 12 millones que cobra Ana Botín, presidenta del Banco Santander, o con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que se opone a la subida del SMI y a la mejora de las pensiones, cobrando 400.000 euros anuales.
En la actualidad la pensión máxima es 3.059 euros mensuales, 42.829 euros anuales. La base de cotización superior se limita a 4.495 euros mensuales, equivalentes a 54.000 euros anuales. Incluso con ese tope, la reforma recupera parte del capital que dejan de cotizar un millón de sueldos. Este es el mecanismo: al límite de las bases de cotización fijado en función del IPC anual, se añadirá un 1,2% hasta el año 2050. Supone un aumento de las cotizaciones del 38%.
La aportación adicional de grandes sueldos se compensa en las pensiones máximas con una subida anual del 0,0115 %. A corto plazo es una mejora modesta, en el 2050 se queda en el 3%. Después, hasta el 2065, se amplia al 20%, luego sigue subiendo hasta el 30%. Por tanto, se tenderá a neutralizar el 38% del incremento de las cotizaciones hasta el 2050. Todo eso ocurriría en fechas tan lejanas, que hoy supone hablar de política ficción. De momento, mejor obviarlo.
Los sueldos altos tendrán una contribución especial: cuota de solidaridad del 1%, abonada a partir del 2025, llegando de forma progresiva al 6% en 2045. La reforma Escrivá anuncia que servirá para sacar a las pensiones mínimas de la pobreza y reducir la brecha de género de las pensiones. Según la Seguridad Social: “Un pensionista con cónyuge a cargo, tendrá en 2027 una pensión mínima de 16.500 euros anuales, un 22% más que ahora”. Las pensiones no contributivas está previsto que suban también un 22%, pasando de unos 6.800 euros anuales a los 8.300 previstos en 2027. En la actualidad, la pensión media mensual de los hombres es 1.489 euros, la de las mujeres 1.131 euros. La diferencia a favor de los hombres es del 24 %. Entre los objetivos de la reforma destaca bajar esa brecha al 5%, cubriendo las lagunas de cotización de las mujeres, y a veces de los hombres.
También se cotizará, en este caso toda la población asalariada, para fortalecer el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), conocido como fondo de reserva o hucha de las pensiones. En este apartado se pasa de forma progresiva del 0,6 % actual al 1,2% en el 2029. El 1% de la cuota será a cargo de las empresas, el 0,2% de los trabajadores y trabajadoras. El Ministerio de Seguridad Social asegura que “En los próximos años el fondo llegará a tener 120.000 millones de euros”. Supondría cerca del doble de los 66.800 millones que llegó a acumular hasta el 2011.
La actual reforma de las pensiones afecta incluso a los planes de pensiones de empleo, reforzados con la ley aprobada en junio de 2022. En relación con ese tema, Emilio Olabarria, exdiputado del PNV, publica el 23 de junio en Deia un artículo de opinión sobre la reforma de las pensiones donde, tras repasar las principales medidas, se refiere al Mecanismo de Equidad Intergeneracional en estos términos: “Para la financiación de este mecanismo serán utilizados también los excedentes de las mutuas colaboradoras y de los fondos de los sistemas complementarios de pensiones que si son de dependencia autonómica (en Euskadi existe una poderosa realidad de Entidades de Previsión Social Voluntaria) provocarán una expoliación económica y competencial”.
A Olabarria le preocupa que se vean afectados los 26.000 millones de euros de patrimonio de las EPSV, equivalentes al 33 % del PIB vasco, suscritos por 850.000 personas, que representan el 45% de la población ocupada en Euskadi, incluyendo al personal de todas las instituciones públicas. Si esa “expoliación” sirve para reducir los abusivos privilegios fiscales de las EPSV, habrá que aplaudir la medida, aunque quienes dicen ser el movimiento de pensionistas vasco rechacen los planes de pensiones de empleo estatales, sin darse por enterados de lo que tienen en casa.
Con las nuevas normas, empresas o instituciones tendrán que cotizar incluso por el personal en prácticas formativas, estén o no remuneradas. Ese conjunto de medidas aporta mayores recursos financieros al sistema público de pensiones, lo hace más sostenible. Siguiendo el trazado de la reforma Escrivá, esas tres fuentes de ingresos: destope parcial, fondo de solidaridad y MEI, permitirán recaudar los 35.000 millones de euros perdidos con el tope de las cotizaciones.
El coste de la reforma no lesiona ningún derecho. Los sueldos altos aportarán una pequeña parte de sus ingresos que hasta ahora no cotizaban. Mantienen topado el resto y reciben una compensación. La mayor aportación la harán grandes empresas: banca y energéticas en particular. Al aumentar la masa salarial del personal mejor remunerado, suben sus costes laborales, reduciendo el margen de sus escandalosos beneficios. No es una incautación de bienes, es una contribución al reparto equitativo de la riqueza, insuficiente sin una política fiscal realmente progresiva y redistributiva.
Esta reforma, sin sacrificios añadidos, no es la que el Ministro Escrivá tenía intención de homologar en la Unión Europa. Circunstancias ajenas a su voluntad fuerzan a aplicar un modelo diferente, más justo y coherente. Los equilibrios dentro del Gobierno de coalición no admitían recortes. Las multitudinarias movilizaciones del 2018 y 2019 en nuestro país, se podrían reproducir, siguiendo el valeroso ejemplo de la resistencia contra la reforma de las pensiones en Francia. Además, estamos en campaña electoral, con nueve millones de votos de pensionistas en juego. Todo ello explica la consecuente defensa de las pensiones publicas realizada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durante la moción de censura planteada en nombre de Vox por el neofranquista Ramón Tamames.
Un horizonte más despejado
La reforma Escrivá pretende ser definitiva. Asunto complejo en una época que se caracteriza por el cambio permanente. Falta comprobar si los cálculos son correctos y si no fracasa o se obstaculiza su aplicación. Aunque el balance sea favorable, persisten las incógnitas. Las mejoras son limitadas, con plazos de aplicación largos. Mientras se mantenga la penuria de las pensiones bajas, toca seguir reclamando la equiparación de la pensión mínima con el SMI y una revalorización idéntica para todas las pensiones, sin subidas porcentuales. Reducir la brecha de género del 24% al 5%, parece un reclamo electoral o una nueva versión del cuento de la lechera. Cuesta imaginar que el actual gobierno se mantenga hasta mediados de siglo, impidiendo que la derecha cumpla sus amenazas.
El tiempo dirá si la reforma Escrivá sirve para ahuyentar al fantasma de la crisis de las pensiones. De momento es un modelo teórico, más que un caso práctico. Si todo va bien, las pensiones dejarán de ser noticia, lo mismo que las protestas. El activismo dará paso al asociacionismo de los servicios asistenciales: calidad de vida, residencias, ocio. Sin descartar que persistan posturas que denotan un infantilismo izquierdista acomplejado, incapaz de reconocer las mejoras logradas.
La reforma Escrivá no es un proyecto idílico. Resulta asumible sobre todo porque no es regresivo. Y al ser tramitada como proyecto de ley, cabe que mejore durante el proceso parlamentario. Mas la clave de la mejora de las pensiones y de su sostenibilidad seguirá dependiendo de la creación de puestos de trabajo y de la calidad del empleo. Sin sueldos dignos nunca habrá pensiones dignas. Ahora toca mantener la vigilancia para que, si al actual gobierno le sucede otro de izquierdas, respete los compromisos adquiridos. Y si es de derechas, impedir que derogue los avances logrados. La lucha de resistencia pasa por las urnas el 28 de mayo, antesala de las elecciones generales.
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