La realidad siempre es compleja. El mismo argumento no sirve para explicar dos realidades distintas. Antes o después el planteamiento falla. Es el caso de la huelga general promovida en Euskadi y Navarra por la corriente de pensionistas vinculada a la izquierda abertzale. Comenzó a gestarse con un gobierno monocolor, que reiteradamente incumplió sus promesas en materia de pensiones. Se llevará a cabo mucho después, recién constituido un gobierno de coalición que integra a responsables políticos favorables al movimiento de pensionistas.
En el nuevo gobierno hay una cartera específica para gestionar la Seguridad Social, significa reconocer la relevancia del Sistema Público de Pensiones. En la primera reunión ministerial se ha decidido revalorizar las pensiones en función de la subida de los precios. Supone no volver a perder poder adquisitivo. Mientras se anuncian otras medidas que repercutirán en la mejora de las pensiones públicas, entre ellas la nueva subida del SMI, persiste el redoble de tambores de una huelga que va en dirección contraria a la realidad. La cuestión es saber si el análisis de la realidad referente a la huelga fallaba antes, falla ahora o ha sido falso siempre.
Los pensionistas pueden participar en huelgas de consumo, pero nunca secundar una huelga laboral. En consecuencia, no parece razonable que impulsen una huelga que deben efectuar trabajadores y trabajadoras en activo. Sobre todo siendo la retribución media de las pensiones en el País Vasco superior al SMI que cobran miles de personas con empleos precarios en la hostelería y el comercio, los sectores más vulnerables a la acción de los piquetes. Son hechos que en vez de favorecer la solidaridad mutua, intensifican los reproches que ya se oyen, acusando a los pensionistas de insolidaridad con las generaciones más jóvenes.
Una de las claves del movimiento de pensionistas era su autonomía respecto a los sindicatos. Las centrales sindicales apoyaban las movilizaciones sin condiciones, ahora se invierten los términos: el sector nacionalista del movimiento de pensionistas facilita la intervención de sindicatos afines, les cede la iniciativa. Citar a sindicatos en las concentraciones era motivo de protesta, ahora se convierten en redentores de la causa de las pensiones, pese a ser parte del problema. Lo mejor que los sindicatos vascos podrían hacer a favor de las pensiones públicas es dejar de negociar planes de pensiones de empleo (EPSV), que además de competir con el sistema de reparto, agudizan las desigualdades sociales, favoreciendo que las rentas salariales altas tengan, además de una pensión elevada, otra complementaria.
Al surgir el movimiento de pensionistas se advirtió que uno de los riesgos a los que estaba expuesto era, como ocurrió tiempos atrás con otros movimientos sociales, que el sector nacionalista pretendiese trasladar sus aspiraciones soberanistas a la lucha en defensa de las pensiones públicas. La presión en esa dirección ha sido constante, procurando circunscribir las movilizaciones al ámbito territorial de Euskadi y Navarra, o reclamando al Gobierno Vasco medidas de competencia estatal. Entretanto se crearon las condiciones precisas para lograr la hegemonía dentro del movimiento de pensionistas. Basta ampliar la presencia de esa corriente en una asamblea de participación voluntaria, donde no hay criterios de representación, pasando luego a someter a votación las decisiones que inicialmente se tomaban por consenso.
Al aumentar la asamblea con miembros de la misma asociación se rompe el equilibrio interno. Las demás organizaciones reclaman volver a los orígenes, basados en la unidad en la pluralidad y la toma de decisiones por unanimidad. Al no conseguirlo, se renuncia a participar en las votaciones, de forma que las decisiones las toman por unanimidad quienes comparten los criterios de la corriente abertzale. Así se aprueba en Bizkaia la participación en la huelga general, programando la correspondiente campaña y creando comités de huelga. El resto de asociaciones, siendo mayoría, quedan al margen de las decisiones, optando por anunciar públicamente su disconformidad con la huelga general del 30 de enero.
La situación de tensión descrita corresponde a Bizkaia. En Gipuzkoa las relaciones son más fluidas, se reconoce la pluralidad, manteniendo la interlocución entre asociaciones. En Araba y Navarra la capacidad de movilización es menor. Así pues, la convocatoria de una huelga general de motivación soberanista pone a prueba la fortaleza y la capacidad de supervivencia del movimiento de pensionistas. Se debería tomar en consideración ese gran riesgo. Mientras en las concentraciones de Bilbao la mayoría de las intervenciones son para publicitar la huelga, en las de Barakaldo se evita cualquier referencia a favor o en contra de la huelga.
La bandera que sacó a la calle en enero de 2018 al colectivo de pensionistas fue la oposición al 0,25 %. Esa lucha de resistencia consolidada como movimiento social ha posibilitado que en los dos últimos años el poder adquisitivo de las pensiones se haya mantenido o mejorado. La ley que implantó el 0,25 % ya está derogada. El Gobierno acaba de aprobar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC. Está previsto aplicar una subida superior para las pensiones más bajas. Falta el blindaje constitucional o por ley. El balance es positivo, pero insuficiente.
Aunque el Gobierno tenga voluntad de impulsar medidas progresistas, las movilizaciones continuarán, enarbolando ahora la bandera de la pensión mínima. Se trata de una demanda de alcance solidario que contribuirá a reducir la brecha de género, provocada sobre todo por las míseras pensiones de viudedad. Sin abandonar la consigna de los 1.080 euros de pensión mínima, la reivindicación inmediata debería ser la equiparación con los 900 euros del salario mínimo, a fin de lograr las mejoras previstas durante la actual legislatura.
Una huelga general tiene un esquema muy preciso: consiste en echar un pulso al gobierno de turno, con un objetivo concreto, asumido por el colectivo afectado. Esos requisitos los cumple la huelga de las pensiones de Francia y los incumple la montada en Euskadi por pensionistas independentistas. Para empezar, no se quiere reconocer que es una huelga contra el gobierno, pues coincide con la ofensiva declarada por la derecha apocalíptica. La incoherencia llega al extremo de congratularse de la existencia de un gobierno de izquierdas, añadiendo que se trata de una huelga de apoyo a ese mismo gobierno, frente al acoso de la derecha.
Una huelga general no es una acción reivindicativa más, conlleva sacrificios para quienes tienen que soportar sus consecuencias. Tampoco es un acto épico, pero la siguen sacralizando sectores que se reclaman de izquierdas. No importa quién la convoque, cuáles sean sus objetivos reales, ni sus repercusiones políticas y sociales. Sorprende que el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, se implique en una huelga general que responde a los intereses electorales y la práctica política habitual de la izquierda abertzale. Desconcierta que EH Bildu suba a la tribuna del Congreso de Diputados para facilitar la constitución del nuevo gobierno y al mismo tiempo utilice esa plataforma para proclamar una huelga contra ese mismo gobierno.
Hay gente que considera justificada cualquier acción decorada con simbología radical, que por suerte en Euskadi ya sólo es verbal. Es un pretendido radicalismo que no aguanta la comparación con la lucha sindical de Francia, donde llevan 40 jornadas de paro en los transportes públicos y 5 manifestaciones en todo el país. Aquí cabe dudar de la efectividad que pueda tener una huelga unilateral en un espacio territorial tan reducido.
Hay casos paradójicos, como el de la CGT. Su manifiesto comienza así: “Que esta convocatoria se produce por una decisión unilateral de sus dos convocantes, al margen de la Coordinadora de Pensionistas Vascos y lo que es peor, con algunas diferencias en sus reivindicaciones. Entre esas diferencias destaca una reivindicación de soberanía que, siendo respetable y propia de sus convocantes, no es compartida como tal por el conjunto del Movimiento de Pensionistas”. De tal postura cabría esperar un distanciamiento, pues no: “la CGT-LKN participará en apoyo de las manifestaciones y actos convocados en esa jornada del 30 de Enero…”.
La huelga general impulsada por la izquerda abertzale con el apoyo incondicional de ELA y de otros colectivos, no tiene como destinatario exclusivo al Gobierno central. También va dirigida a los gobiernos del País Vasco y de Navarra. En Euskadi la campaña previa ha coincidido con las conversaciones para renovar el estatuto de autonomía y la negociación presupuestaria. En los dos casos EH Bildu ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo. Entretanto, se acerca la convocatoria de elecciones autonómicas, es probable entre en campaña esa huelga.
Apoyos no faltan, o tal vez sí. Habría que saber si suma o resta contar con la solidaridad de la Federación Sindical Mundial, reliquia de los antiguos sindicatos del bloque socialista, que se declara marxista – leninista y se define como la internacional de los sindicatos rojos. Por si acaso, los reproches a la Coordinadora Estatal de Pensionistas ( COESPE) por apoyar la huelga francesa e ignorar la de Euskadi, van acompañados de un llamamiento a la lucha dirigido a los pueblos del Estado, obviando en este caso la terminología soberanista. Es la primera vez que se hace referencia a coordinar y compartir movilizaciones conjuntas.
Cien días antes de constituirse este Gobierno ya estaba programada la huelga. La semana anterior a la formación del equipo ministerial, sin esperar siquiera a conocer su composición, se registra la convocatoria oficial. No habrá tregua, de la misma forma que las derechas no concederán los cien días de cortesía parlamentaria habitual. No habrá tregua, pero en cuanto tome posesión del cargo el Ministro de la Seguridad Social, recibirá una solicitud de entrevista cursada por quienes promovieron la huelga. Hasta ahí llegan la incoherencias.
La huelga del 30 de enero en Euskadi y Navarra es un castigo al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Una ofensa a la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tuvo la valentía de denunciar en el Pacto de Toledo el intento de aplicar medidas contrarias a los intereses del colectivo de pensionistas. Es un desprecio al Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá, que además de defender la revalorización de las pensiones, reclama pasar los gastos y cubrir el déficit de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos. Son las medidas necesarias para garantizar su viabilidad.
El 31 de enero se proclamará el éxito de la huelga general, siendo desmentido por los datos oficiales. Más allá de la habitual guerra de cifras, preocupa saber qué ocurrirá a partir de esa fecha. Dando por hecho que proseguirán las movilizaciones y que necesariamente deben ser unitarias, lo sensato sería reconocer el pluralismo, volviendo al funcionamiento por consenso. En el peor de los casos podría ocurrir, como en épocas pasadas, que se instaure una realidad ficticia a la medida de los anhelos soberanistas, aprovechando la hegemonía impuesta para consumar la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.
Desde el inicio de las movilizaciones se reclamaba un gobierno capaz de garantizar pensiones justas y dignas, desde ahora y para siempre. Pasarán meses antes de poder saber si este nuevo gobierno es el deseado. No ayudará el acoso con una huelga general que, además de tener objetivos ajenos a la voluntad de la mayoría social, coincide con la ofensiva de las derechas.
En la reunión ministerial del 14 de enero el Gobierno ha decidido asumir la principal demanda del movimiento de pensionistas, subiendo las pensiones un 0,9% sin ninguna condición, sin depender de acuerdos presupuestarios. Se acabó la amenaza del 0,25%. Se ha logrado el objetivo que hace ahora dos años sacó a los pensionistas a la calle. Concluye la primera etapa de la lucha en defensa de las pensiones públicas con resultados satisfactorios. Llega la segunda fase de esa larga marcha: demandar una pensión mínima que reduzca la brecha entre pensiones altas y bajas y entre hombres y mujeres.
Toca dar paso a la política institucional, sin dejar la calle, reclamando corregir los daños del pasado y aplicar las mejoras necesarias. El movimiento de pensionistas debe actuar como hasta ahora, con iniciativa propia, sin injerencias sindicales ni partidistas, manteniendo la consigna: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”. Hay que presionar al Gobierno para que sea consecuente, pero sin operaciones de desgaste, sin coincidir con las derechas reaccionarias y los poderes en la sombra que intentan impedir el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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