El Ministerio de Trabajo convoca a patronal y sindicatos para consensuar la mejora del SMI. El encuentro posibilita abrir un debate público sobre la trayectoria de esta renta salarial mínima, que incide en el conjunto del mercado laboral, en las pensiones públicas y en las ayudas sociales. En el contexto de la negociación, economistas neoliberales pretenden provocar un proceso de involución, utilizando el SMI para enfrentar a la juventud que sufre las penurias del trabajo precario con el colectivo de pensionistas.
Esta renta salarial mínima contribuye a paliar las inequidades que provoca el mercado de trabajo, favoreciendo la mejora de todas las retribuciones, sean laborales, pensiones o asistenciales. Al ser un medio de subsistencia sin margen para ahorrar, va directo al consumo, facilitando la circulación monetaria y la distribución de riqueza. El SMI afecta a dos millones de trabajadores que suelen estar fuera de la negociación colectiva.
La subida del SMI beneficia a cerca de la mitad del decreciente asalariado agrícola y al 15% en el expansivo sector servicios. Por comunidades, favorece a Extremadura, Murcia, Canarias o Andalucía. O sea, a la España vaciada y la turística. Donde menos incide es en Navarra, País Vasco y Aragón. En todos los territorios y sectores alivia la situación de jóvenes y mujeres.
El SMI es tan mínimo y vital que se convierte en referente legal. Según la Ley enjuiciamiento civil: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Por otra parte, si se completa la jornada laboral oficial (ahora 40 horas semanales), el SMI no puede reducirse en un convenio colectivo, ni por acuerdo privado entre empresario y trabajador.
Las subidas de la renta mínima contribuyen a reducir los niveles de pobreza, la precariedad laboral, las desigualdades y la brecha de género salarial y de las pensiones. Más de 3 millones de personas sobreviven con pensión de jubilación inferior al SMI. Cerca de 2 millones, la mayoría mujeres, cobran una pensión de viudedad todavía más mísera.
Al subir el SMI aumentan las cotizaciones a la Seguridad social, las pensiones futuras son más altas y se fortalece la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La mejora del SMI facilitará la aplicación de las medidas positivas fijadas en la reforma de las pensiones del 2022. Hasta el 2027 está previsto lograr diversas metas: reducir la brecha de género del 24% al 5%, revalorizar las pensiones mínimas, incluso las no contributivas, un 22%.
Desde el año 2000, gobernando el PP, el SMI ha estado congelado dos veces, en 2012 y 2014. En los últimos cinco años, entre 2019 y 2023, periodo del primer gobierno de coalición, el SMI ha subido un 46,75%, desde 735 hasta 1.080 euros mensuales. Algo similar ocurre con las pensiones y recursos sociales dedicados a paliar los traumas económicos provocados por la crisis capitalista y la pandemia Covid-19. El actual SMI de 1.080 euros mensuales en 14 pagas, suma 15.120 euros anuales. El salario eventual y temporal, trabajando en la misma empresa hasta 120 días al año, no puede bajar de 51,15 euros la jornada. Las empleadas del hogar que prestan servicios por horas tienen un salario mínimo de 8,45 euros hora.
La patronal lleva un rumbo errático, que no siempre coincide con el negativo proceder de la derecha política. Asumiendo en 2020 la subida de 900 a 950 euros, la CEOE rechazó las mejoras del 2021, 2022 y 2023, pactadas por el Gobierno con CCOO y UGT. Los temores de las empresas y las apocalípticas profecías de la derecha no se han cumplido. El aumento del SMI a 1.080 € no destruye empleo. Al contrario, la población ocupada se acerca a los 21 millones de personas y disminuye el desempleo.
Sin estar obligado a consensuarlo con los agentes sociales, el 30 noviembre el Ministerio de Trabajo convocó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para valorar la subida del SMI. La referencia es la inflación que acabará el año en el 3,6%. La tasa media interanual, un 3,8%, es el índice de revalorización de las pensiones contributivas del 2024. Los empresarios se muestran favorables a una subida del 3%, mientras los sindicatos reclaman al menos el 5%. El Ministerio de Trabajo apunta al 4%.
La diferencias no son grandes, cabe esperar un acuerdo, aunque la patronal pone condiciones. CEOE plantea subir el SMI un 3% en 2024 y en 2025, con la condición de modificar la normativa de revisión de precios en la contratación del sector público. Repercutiendo el incremento del SMI en los contratos se neutralizaría la subida. Los sindicatos alegan que el SMI debe adaptarse a dos variables: la evolución del salario medio (5,2%) y la acusada subida del precio de los productos básicos.
El Ministerio de Trabajo mantiene posturas contradictorias. Acuerda con los sindicatos que el SMI alcance el 60% del salario medio, fijado como objetivo en la Carta Social Europea. Sin embargo, aplicando la ingeniería financiera, dice que los 1.080 euros en vigor suponen ya el 60% del salario medio neto. Según los sindicatos todavía no se ha llegado a esa meta. UGT estima que para alcanzar el 60% del salario medio el SMI debería tener unos 1200 euros, con un incremento cercano al 12%. La próxima reunión, el lunes 11 de diciembre, puede ser definitiva.
Para que el SMI no pierda poder adquisitivo convendría aplicar la misma norma que en las pensiones. Sin esperar a renovar los presupuestos, el 1 de enero subirán las pensiones el 3,8% que corresponde al incremento del IPC medio interanual. Si se incluyese en el Estatuto de los Trabajadores una cláusula similar a la de las pensiones, revalorizando de forma automática el SMI, no haría falta ningún proceso de negociación.
Establecer una relación de causalidad, acusando al colectivo de pensionistas de la precariedad laboral que padece la juventud es un argumento recurrente entre economistas neoliberales. Se vio en directo el día 2 de diciembre en el programa La Sexta Xplica tratando la problemática del SMI. En ese espacio se dijo que con pensiones altas la juventud no puede conseguir retribuciones dignas, al tener quecotizar a la Seguridad Social para financiar las pensiones.
Quienes así se expresan intentan hacer ver que las pensiones son beneficios caídos del cielo, como en las empresas energéticas. Saben que es un salario diferido sujeto a cotizaciones durante toda la vida laboral, que puede alcanzar el medio siglo.
Tampoco ignoran que más de tres millones de pensionistas, un tercio del total, la mayoría mujeres viudas, no llegan a cobrar el SMI. Tomando en consideración ese dato, desde las plataformas de pensionistas se reivindica la equiparación de la pensión mínima con el SMI.
El País señalaba el 4 de diciembre en el editorial “Brecha entre generaciones” la gravedad de esa pretendida pugna: “El debate no es contraponer pensiones de jubilación a magros salarios juveniles ni polemizar sobre qué grupo de los dos recibe más atención por parte de gobiernos y partidos, sino abordar de forma decidida políticas concretas que combatan la precariedad laboral, fomenten el empleo digno de los jóvenes y atajen problemas que les afectan claramente, como el de la vivienda”.
También se dijo en La Sexta Xplica que se dedica tanto gasto público a pensiones por ser el grupo social más numeroso. O sea, 9.146.000 personas forman un grupo de presión electoral, homogéneo y sin ideologías. Tan tendenciosa teoría obvia la causa esencial de la mejora de las pensiones. La subida de las pensiones es el resultado de una lucha generalizada y firme. El 15 de enero de 2018, una convocatoria anónima, movilizó a miles de pensionistas en numerosas poblaciones, rechazando la mísera subida del 0,25%. La culminación de esa lucha fueron la manifestación de Bilbao del 17 de marzo del 2018, secundada, según cifras oficiales, por 115.000 personas, y las marchas a Madrid emprendidas en octubre de 2019 desde Rota y Bilbao.
Fruto de aquellas masivas movilizaciones ha sido, la derogación del humillante 0,25% y la revalorización de las pensiones con el IPC medio interanual, que el año 2023 ha supuesto un notable incremento del 8,5%. Esta lucha contribuyó incluso a desalojar a la derecha del poder. En las manifestaciones se gritaban consignas como: “Rajoy dimisión”, “Ni un día más de gobierno del PP”. Este ejemplo prueba que sin lucha no hay conquistas. Demuestra que la mejora de las pensiones depende de la voluntad política del gobierno de turno. Lo mismo pasa con las condiciones laborales de la juventud y con el SMI.
Sin relevo generacional para seguir defendiendo derechos y libertades, el progreso social se estanca. La generación de la transición conquistó un estado de bienestarque está en retroceso. La amnesia borra la memoria histórica y afecta al ideario político, llegando al extremo de pretender sustituir la lucha de clases, que divide a ricos y pobres, imaginando un conflicto intergeneracional capaz de colocar a lajuventud frente a sus padres y abuelos.
La juventud no es atracada por sus mayores. El electorado envejecido, positiva consecuencia del aumento de la esperanza de vida, no cercena el futuro de los jóvenes. Al contrario, crea más expectativas laborales: en la economía de los cuidados, en el campo medioambiental y, por supuesto, en la inteligencia artificial.
A la juventud le corresponde gestionar ese imprevisible porvenir. Como la clase obrera en el trascurso de los siglos XIX y XX, la juventud debe unirse en una causa común para lograr condiciones de vida dignas. No se trata de imitar experiencias pasadas, sino de cambiar una realidad desfavorable al desarrollo humano, transformando los sistemas de producción, las políticas públicas, la relación entre las personas y con la naturaleza, a fin de establecer un modelo de bienestar acorde con retos sociales y planetarios del siglo XXI.
La juventud está sobradamente preparada para asumir cualquier tarea, pero como el individualismo empuja a competir, hasta las profesiones prestigiosas se devalúan y proletarizan. La innovación, la creatividad, el emprendimiento, no van a abolir el trabajo asalariado ni a superar las crisis de valores, climática o capitalista. Toca impulsar un nuevo 15M, volviendo a retomar la consigna que lanzó Stéphane Hessel y replicó José Luis Sampedro en 2010: ¡Indignaos! En 2011, a los 93 años, Hessel hizo otro llamamiento:¡Comprometeos! Esos son los primeros pasos que debería dar la juventud para lograr emanciparse.
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