No estamos todas, faltan las internas

No sé su nombre. Me dice que tiene 31 años. Es de Nicaragua. Dedica al trabajo 22 horas al día y cobra poco más de 600 euros. Trabaja en Donostia como empleada de hogar interna en una casa del acaudalado barrio de Miraconcha. Me cuentan que está embarazada. Según lo hacen, intuyo su despido. Al día siguiente mis peores augurios se confirman. Sus empleadores le dicen que en abril tendrá que irse. No hay despido porque no hay contrato. Por lo mismo, tampoco indemnización. Aunque lo tuviera no podría cobrar el subsidio de desempleo. La han echado, pero si no la hubieran despedido y hubiera tenido un contrato, nunca podría haber pedido ninguna excedencia ni reducción de jornada por cuidado. Así lo quiso el Parlamento de Gasteiz en 2017 con los votos del PNV, PSE y PP.

No sé tampoco por qué está embarazada. Quizá forma parte de ese 24 % de empleadas de hogar cuyo trabajo incluye la realización de algún trabajo sexual para el hombre al que cuida, para sus hijos o para sus yernos si los tuviera. A estos efectos, el cuidado podría incluir el sexo para calmar la ansiedad o contener la agresividad. Así nos lo contaba el estudio 'Acoso sexual y mujeres migradas' realizado por la consultoría Sortzen, en 2014.

No tiene muchas opciones porque ni siguiera puede solicitar la autorización por residencia. Lleva más de tres años empadronada en el piso que comparte los fines de semana con otras mujeres y podría hacerlo por “arraigo social”. Pero nunca ha tenido un contrato laboral de un año con un salario no inferior al Salario Mínimo Interprofesional. No son los 70, no estamos en México DF y no es la película “Roma” de Alfonso Cuarón. Es la Euskadi de 2019.

Se llama Martina y es mi madre. Tiene 63 años. Es extremeña. Lleva toda su vida en Euskadi. Trabaja como empleada de hogar externa por horas en varias casas. Nunca ha conocido las vacaciones retribuidas ni las pagas extras formales. Tras cotizar durante 25 años cobrará unos 500 euros de pensión. La mitad de la pensión media. Ninguna de las dos se conoce, pero mi madre reconoce en la mujer de Nicaragua la vulnerabilidad y la precariedad que ella sufrió en sus inicios.

Podría argumentarse que esta muestra tan pequeña, de apenas dos mujeres, no es representativa de las condiciones laborales del sector, ni tampoco del perfil y de las condiciones de vida de las personas que se emplean en el hogar. Pero si hacemos caso de las estadísticas vascas oficiales, representa a la mayoría. Más del 90 % de las empleadas de hogar son mujeres. Más de la mitad son inmigrantes y de estas el 75 % son latinoamericanas. Aproximadamente el 25 % trabajan sin contrato y la inmensa mayoría lo hace como interna. Es decir, en un régimen que las somete a tales condiciones de servidumbre y discrecionalidad, que cada vez se oye con más fuerza, por fortuna, la exigencia de prohibir legalmente su existencia. El 20 % tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas y el 22 % percibe la Renta de Garantía de Ingresos. O sea, que son trabajadoras precarizadas y pobres mientras están empleadas y cuando dejan de estarlo.

Un panorama alarmante que aún lo es más cuando una se entera de que casi el 10 % de todas las mujeres empleadas en Euskadi, más de 30.000, son empleadas de hogar. De hecho, si fuera un estado, se encontraría a la cabeza de los estados europeos en los que un mayor porcentaje de población femenina trabaja en el empleo doméstico. Apenas se colocaría por delante de España, Chipre, Italia y Portugal. Su importancia en la última década no ha dejado de crecer a pesar de la crisis financiera del 2008. Lo ha hecho al mismo ritmo que aumentaba vertiginosamente el envejecimiento de la población y la resistencia de las mujeres autóctonas a salir del mercado laboral y retornar al hogar. Pero también y, sobre todo, está íntimamente vinculado con la destrucción de empleo y el encarecimiento de los servicios de ayuda a domicilio y centros residenciales. También con la extensión del recurso a las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Dicho de otra manera, el empleo doméstico comienza a adquirir mayor peso en Euskadi, al tiempo que se va produciendo una nueva configuración de los cuidados caracterizada por seguir un fuerte proceso de mercantilización. Da casi la risa floja la comparativa con Noruega, por ejemplo. Si allí por cada empleo en el sector doméstico hay 176 personas empleadas en los servicios sociales formales, en Euskadi la ratio es de 0,7 empleos en los segundos por cada persona empleada de hogar.

Euskadi, como España, está resolviendo su particular crisis de los cuidados importando mano de obra femenina y pobre, fundamentalmente de países históricamente expoliados, asegurándose una oferta flexible y barata. La estrategia institucional vasca ni pasa por una redistribución de los trabajos reproductivos entre mujeres y hombres, ni por una ampliación y mejora de la protección social de carácter universal que garantice el derecho al cuidado para el conjunto de la población.

El patriarcado se atrinchera en los hogares enmascarado en un supuesto mayor igualitarismo dentro de la pareja y en unas instituciones vascas que fortalecen el impulso de formas privadas e individuales de resolver la reproducción social en condiciones infames para el 10% de la población femenina. Ciertamente, la nueva configuración ha logrado acelerar el proceso de sacar los cuidados de los hogares vascos al reemplazar el trabajo gratuito de las mujeres del entorno familiar por mujeres inmigrantes. Pero lo ha hecho a costa de aumentar las desigualdades entre mujeres y tensionar la alianza entre ellas. Lo apuntaba agudamente Silvia Federici cuando identificaba que las mujeres empleadas en otros sectores de actividad, que están peleando por su autonomía económica en un contexto en el que reciben un menor salario que los hombres, les interesa pagar poco por el empleo doméstico.

La también teórica Nancy Fraser señalaba recientemente que la nueva ola feminista gira en torno a la lucha por redefinir las fronteras entre la producción de beneficios y la “producción de hacer personas”, pero avisaba que aún queda mucha tarea para clarificar qué feminismo queremos y para quién. Hoy quienes están definiendo desde el conflicto a qué no puede renunciar el feminismo son las cuidadoras profesionales en huelga y las empleadas de hogar organizadas.

Revisando el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres presentado por Emakunde hace unas semanas, veo que su propuesta quiere hacerse “desde un planteamiento transformador y sensible a las nuevas demandas, retos y necesidades”. Sin embargo, en su propuesta no hay oído para eso que gritábamos el 8M “no estamos todas, faltan las internas” o eso de “la vida en el centro”. A pesar de que Ortuzar tras el 8M pasado advirtió: “Tenemos que hacer autocrítica en materia de igualdad y hacer de este asunto un objetivo porque será un punto clave en la agenda política”.

Su propuesta, que pretende ser la cristalización de un nuevo Pacto de País por la Igualdad y contra la violencia machista, sigue apostando por unas políticas donde la igualdad solo se entiende de clase, además de tener una profunda raíz etnocéntrica. O dicho más sintéticamente: para el 1%. Ni son para la mujer nicaragüense embarazada despedida ni son para mi madre. Desearía decir que en la medida que se trata de un Anteproyecto de Ley aún hay tiempo de enmienda. Pero me temo que garantizar el derecho al cuidado en condiciones válidas para todas las personas no está en la agenda vasca que el PNV quiere negociar con el gobierno español que salga de las urnas en abril. Esa con la que nos dicen que es una garantía de resistencia frente a un estado fallido amenazado por la extrema derecha. Más bien creo que el sesgo clasista y etnocentrado de sus políticas pueden ser la verdadera pista de aterrizaje de lo que más tememos.