Las dos caras del ‘caso De Miguel’: la denunciante sin contratos en una década y el condenado de viaje oficial

En el juicio del mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel' que sentó en el banquillo a exdirigentes del PNV de Álava, a otros cargos nacionalistas y a contratistas, la denunciante de la trama, la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi explicó una parte –solamente una parte– del calvario que ha vivido desde que en 2009 diera el paso de acudir a la Fiscalía con grabaciones para denunciar que el político que da nombre al caso, Alfredo de Miguel, le estaba presionando para que abonara una comisión de 100.000 euros. “Se han vengado de mí hasta hoy”, afirmó. Añadió que una “persona política” del PNV, cuya identidad no desveló, le recomendó que ni se molestara en presentarse a concursos públicos. Esto ocurrió en 2018. En 2023, según ha podido confirmar este periódico, Alberdi sigue sin haber vuelto a trabajar para la Administración. Es la otra cara de la moneda frente a los “derechos” del principal condenado, que salió de aquel juicio con una pena de trece años de cárcel. Aunque no tiene cargos públicos o de partido, mientras se espera la sentencia definitiva del Tribunal Supremo quien todos conocen como Txitxo ha ido ganando en responsabilidades en la sociedad pública Hazi, adscrita al Gobierno vasco. Ahora ejerce como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea y, como tal, ha encabezado la delegación vasca en diferentes foros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en La Palma o Cartagena, por ejemplo.

Aunque era público y notorio que De Miguel trabajaba para el Ejecutivo en Hazi, que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, no había trascendido que Txitxo actuaba como cara visible de Itas Garapen Elkartea (un GALP o grupo de acción local pesquera en el que la Administración colabora con las cofradías y otras entidades del sector) ante el Ministerio, ante la Unión Europea y hasta en recogidas de premios. De hecho, los vídeos, documentos y fotografías del papel de De Miguel en estos últimos años, una vez condenado por graves delitos de corrupción, han generado una profunda sorpresa entre quienes participaron en la investigación de esta trama. También la oposición ha demandado explicaciones al Gobierno de Iñigo Urkullu, que precisamente era el presidente del PNV cuando estalló este caso. Incluso el PSE-EE, socio del PNV, ha reclamado firmeza. Los nacionalistas, tanto desde el Gobierno como desde el partido, insisten en que la condena que pesa sobre De Miguel “no es firme” y que, por lo tanto, goza de unos “derechos” laborales que hay que preservar. Deslizan que despojarle de sus funciones sería lo ilegal.

En el caso de Alberdi, por el contrario, su última década ha sido de ostracismo. “Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, llegó a admitir en el juicio. Esta joven empresaria formaba parte del círculo de confianza de Txitxo al ser socia de un amigo del político, el constructor Jon Iñaki Echaburu. Aunque es de familia 'jeltzale', ella nunca ha sido del partido, a diferencia de Echaburu. Cuando adquirió toda la empresa Urbanorma Consulting a Echaburu, descubrió que el contrato público que habían recibido en el parque tecnológico de Álava, en Miñano, escondía letra pequeña. Su exsocio había pactado el abono de una comisión –algo “dentro de lo normal”, según refería el empresario en una de las grabaciones del caso– y el recaudador era De Miguel, quien aparentemente no tenía ningún cargo en Miñano. Ya antes de denunciar, según el relato de Alberdi, De Miguel presionó incluso a su padre para que pasara por caja.

Después, se inició una dura campaña para desacreditarla que incluyó incluso componentes sexistas al ser una mujer joven la que daba el paso de cuestionar las versiones de varones con una dilatada trayectoria política. En numerosas ocasiones ha sobrevolado que el móvil era una 'vendetta' sentimental. De Alberdi, que ha tenido que medicarse contra la depresión y contra la ansiedad, se dijo también que había manipulado los audios para hacerlos incriminatorios, cuando su presentación era tan pésima que incluso no se habían borrado ni conversaciones sobre su perro. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, dijeron las defensas de los imputados. La de Txitxo quiso investigar las cuentas de la nueva empresa de la denunciante, Alberdi & Vicinay, dando a entender que ocultaba irregularidades. El abogado de otro dirigente del partido acusado por Alberdi, Aitor Tellería, llegó a afirmar que ni su padre respaldaba su denuncia.

Otros condenados también siguen con sus funciones

El periplo de De Miguel en estos años, sin embargo, ha sido muy diferente. Tenía dos excedencias en sendas sociedades públicas autonómicas para elegir destino profesional. Desechó Sprilur (Industrialdeak) previa indemnización de 22.000 euros y optó por Hazi, heredera de la entidad IKT, que es donde realmente accedió de muy joven. Desde su reincorporación en 2010 ha tenido ascensos de categoría y subidas de sueldo que hacían que, en 2020, su nómina ya se hubiese duplicado con respecto a la inicial. Su salario anual superaba entonces los 50.000 euros. Tras su imputación, abandonó Vitoria y se instaló definitivamente en la segunda residencia familiar, ubicada en Gorliz, en la costa de Bizkaia. La reforma se la pagó un contratista, Prudencio Hierro. Ha cambiado también de coche y las fuentes consultadas indican que su defensa, a cargo del bufete Cuatrecasas, ha tenido que superar las siete cifras.

Cuando fue citado a la comisión de investigación que celebró el Parlamento Vasco sobre este caso, el portavoz del partido, Joseba Egibar, le recibió con un abrazo. Muchos años después Egibar continuó defendiendo que De Miguel no se había enriquecido, aunque consten salidas de dinero para joyas, un Saab o viajes, entre otros cargos. Ese mismo día de 2011 decenas de simpatizantes del PNV lo agasajaron a la salida. Más recientemente, sus funciones en Hazi han ido creciendo en proyección pública. Aunque el Ejecutivo haya afirmado tajantemente que “De Miguel no representa al Gobierno vasco en ningún foro”, hay actas en las que figura recibiendo premios como responsable de Itsas Garapen Elkartea. La web de la Unión Europea recoge una entrevista con él como exponente de buena gestión en lo tocante a protección del sector pesquero durante la primera ola de la pandemia. Y ha realizado un puñado de viajes oficiales, al menos a Galicia, La Palma y Cartagena.

En La Palma, en 2022, estuvo en un congreso de mujeres del sector. Hay varias fotografías de su presencia allí, acompañada por una excursión a la zona afectada por la erupción del volcán, ocurrido unos meses antes. Antes, en Cartagena, no solamente participó; hay constancia de que tomó la palabra. Lo hizo también en una sesión telemática formativa en la que expuso el modelo vasco de pesca. Todo estos encuentros estaban auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reunían a representantes procedentes de las diferentes comunidades autónomas y De Miguel era miembro de la delegación vasca.

De Miguel y Tellería estaban detrás de una empresa pantalla llamada Kataia Consulting junto a un tercer dirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano. Cuando se produjeron los hechos denunciados por Alberdi, Ochandiano era el contable del parque de Miñano, que también es una sociedad pública y que también depende de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Después de algunas idas y venidas, recuperó esa plaza, en la que ahora se mantiene. Su fotografía sigue en la web oficial de la institución. Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa y beneficiario a través de la empresa Errexal de contrataciones irregulares, mantiene la compañía con un pequeño cambio de nombre (ahora se llama Perexila) y ha vuelto a contratar en su municipio. Algunas adjudicaciones estaban hechas a través de intermediarios. El empresario Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, también siguió recibiendo adjudicaciones una vez condenado, principalmente del área de obras hidráulicas del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, Miñano sí declaró la “nulidad” del contrato que mantenía con el parque tecnológico tras la sentencia condenatoria, unas actuaciones que se reactivaron durante el juicio de corrupción.

Nota aclaratoria de Hazi

Entretanto, la fundación pública Hazi ha enviado una larga nota sobre el 'caso De Miguel' en la que recalca que no hay nada novedoso sobre la situación del expolítico, que ya se conocía todo lo que hacía para la organización y que no es “verídico” que sea “gerente” de Itsas Garapen Elkartea, aunque esa condición aparece de manera reiterada en documentos tanto de la Unión Europea como del Ministerio. A partir de ahí, Hazi insiste en que la condena no es firme. “La Fundación Hazi entiende que esta circunstancia no sea comprendida por la sociedad y reconoce que las decisiones tomadas al respecto a esta persona no resultan sencillas para la propia organización, si bien corresponde [...] actuar conforme a criterios jurídicos”, reeflexiona esta entidad. Sobre los ascensos de De Miguel, recalcan que obtuvo la “máxima puntuación” en una proceso de promoción interna y que el comité de empresa calificó la actuación como “correcta”.