Centenares de tractores han tomado este martes diversas carreteras de Álava en el arranque de las movilizaciones de los agricultores vascos, que se han unido a las protestas de otras zonas del Estado y de Europa contra una política agraria europea común que consideran que “pone en riesgo el futuro del sector”. Los tractores han recorrido lentamente la distancia desde diferentes localidades alavesas como Agurain, Bernedo, Armiñón, Kanpezu y Samaniego, así como el enclave de Treviño, hasta el polígono de Júndiz, a las afueras de Vitoria. Este miércoles continuarán las movilizaciones con una tractorada por las calles de la capital alavesa hasta la sede del Gobierno vasco. El viernes será el turno de los agricultores vizcaínos, que llevarán sus tractores el viernes a Bilbao. Los agricultores guipuzcoanos son los únicos que, de momento, han decidido quedarse al margen de las protestas.
Con estas movilizaciones UAGA, el sindicato que ha convocado las movilizaciones en Álava y que preside Edurne Basterra, se une a las reclamaciones comunes a todos los agricultores españoles que reclama una “flexibilización y simplificación” de la actual Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Aunque, además, este sindicato reclama al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Álava la recuperación de “un departamento propio de Agricultura y Ganadería”. Asimismo, pide que no se fomenten “macroproyectos que vayan en contra de los modelos de agricultura familiar”. De hecho, en Álava están previstos varios proyectos de renovables, y una de sus demandas al Ejecutivo vasco es que se “imposibilite” la instalación de plantas de energías renovables en terrenos agrarios.
Pese a esta reclamaciones directas al Ejecutivo vasco, el portavoz del Gobierno Bingen Zupiria, ha señalado tras el Consejo de Gobierno que “no hay ninguna exigencia concreta” hacia el Gobierno autonómico. Sino que, al contrario, las organizaciones agrarias están “agradeciendo la gestión que el Gobierno vasco ha realizado estos últimos años de apoyo a explotaciones agrícolas y ganaderas”. Zupiria ha señalado que el Gobierno vasco “continuará apoyando todas las medidas estructurales y coyunturales para abordar una continuidad con éxito de la actividad agrícola y ganadera en nuestra comunidad”, y ha recordado a los ciudadanos que, como consumidores tienen influencia con sus decisiones de compra.
El sindicato se une a las reclamaciones generales de pedir que se acabe con “la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales”, y que -además- “no posibilita cumplir los objetivos en materia medioambiental”. Además, los agricultores piden, además la “modificación y ampliación” de la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir las prácticas “desleales” para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, demandan que la Agencia de Información y Control Alimentario aplique sanciones económicas “más acordes a la infracción sometida”, y que “se amplíen sus recursos de control”. En la misma línea, ha pedido que se frene “la especulación y la compra de tierra por parte de agentes de fuera del sector agrario y de fondos e inversión. Además, así como que se impulsen políticas que ”protejan la actividad ganadera frente a amenazas como el lobo o la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica“ y mediante mecanismos ”voluntarios“, el acceso a la tierra a las personas jóvenes y nuevos agricultores, así como a quienes tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.
También solicitan el “cese inmediato” de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, como Mercosur, dado que “no se puede permitir la entrada de productos de terceros países que no cumplan con las mismas exigencias que tenemos los productores europeos”.
Desde el sindicato guipuzcoano ENBA en Gipuzkoa, que ha decidido no secundar las protestas, consideran que “no faltan motivos para quejarse de la delicada situación que vive el sector primario, ni ahora, ni hace un año y lamentablemente, tampoco faltarán motivos dentro de un año”. Por ello, considera que en estos momentos es mejor centrarse en “la rentabilidad de la actividad agraria y por ello, creemos necesario continuar con la dinámica que hemos ejercido con diversos agentes de la cadena alimentaria de estos últimos meses para, a poder ser con mayor fuerza y atino, hacer frente a la falta de rentabilidad de nuestras producciones”.
Precisamente este martes el Gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha publicado el listado provisional con las 866 explotaciones agrícolas de Euskadi productoras de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria, que podrán recibir la ayuda extraordinaria para compensar las dificultades derivadas de la sequía y las consecuencias de la guerra de Ucrania por un importe de 2.006.024 euros.
Esta ayuda, establecida mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, asciende a 268.709.996 euros para todas las comunidades autónomas y beneficiará a un total de 139.756 agricultores en toda España, según ha informado la Delegación del Gobierno en Euskadi.
Los beneficiarios serán personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones agrícolas que sean elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en la campaña 2023 y que cuenten en su explotación con tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales; con tierras de cultivo de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz; y con superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas.
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