La consejera vasca Arantxa Tapia declaró antes de Navidad ante la Fiscalía “investigada” por “tráfico de influencias”

En un hecho inédito en la política vasca en todo el mandato de Iñigo Urkullu como lehendakari, iniciado en 2012 y que terminará este 2024, hace unas semanas la Fiscalía tomó declaración en calidad de “investigada” a una consejera del Gobierno vasco, en concreto a la responsable de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que tuvo que comparecer con asistencia letrada. Su citación, que tuvo lugar “antes de Navidad”, según fuentes judiciales, guarda relación con una denuncia del histórico dirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo, que interpreta que Tapia cometió “tráfico de influencias”, penado con hasta dos años de cárcel. En concreto, Del Burgo sostiene que Tapia persuadió a su homólogo navarro y compañero del PNV Manuel Ayerdi, entonces vicepresidente del Gobierno de Uxue Barkos, para conceder 2,6 millones a través de una sociedad pública a la empresa Davalor Salud.

La denuncia complementaria de Del Burgo a la pieza principal en Navarra fue trasladada desde la Fiscalía de la comunidad foral a la de la vasca. Los consejeros, como el lehendakari, son aforados y, por lo tanto, todos los casos que puedan surgir se tienen que residenciar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En Navarra, por el contrario, el aforamiento ante una eventual “responsabilidad criminal” se sustancia ante el Tribunal Supremo. De hecho, el 'caso Davalor' empezó allí hasta que Ayerdi dimitió de sus cargos y el asunto pasó a una sala ordinaria del partido judicial de Pamplona.

Esta denuncia contra Tapia fue conocida en noviembre. Desde entonces, el caso contra Ayerdi ha quedado archivado en los juzgados de Pamplona por cuestiones no de fondo sino procesales: se habían excedido los plazos. Se da la circunstancia de que el cierre de la causa principal llegó sin que Ayerdi declarara -estaba prevista la citación para diciembre- y, sin embargo, una derivada sí ha motivado la declaración de Tapia, con un papel secundario en los hechos. La Fiscalía ha recurrido el archivo de la imputación de Ayerdi, al igual que los partidos UPN y PP, personados en el proceso y que han hecho bandera política del asunto.

Después de recibir la citación de la oficina de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, la consejera Tapia comunicó su caso a la Comisión de Ética, como es preceptivo. El dictamen llegó después de la comparecencia, el 27 de diciembre, y se ha hecho público ya en enero de 2024. Como es habitual, este órgano estima que la consejera, a la que no se menciona en ningún momento de la resolución, “puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa”. Es jurisprudencia asentada de este órgano, que está presidido por otra consejera, Olatz Garamendi, que solamente si se celebrara juicio habría motivos para separar de su puesto a un alto cargo, salvo que la causa haya generado “alarma social” o sea por un asunto grave y flagrante. De hecho, en el equipo de Tapia en 2022 y 2023 fueron imputados y ante juzgados tanto la viceconsejera Amaia Barredo, ahora diputada en Álava, como la responsable de la entidad portuaria EKP, Edurne Egaña.

En el caso de Tapia, procesalmente se está realizando una “preinvestigación”. Ni siquiera se ha abierto formalmente una causa penal. Para ello, la Fiscalía habría de encontrar indicios de delito en la actuación de la consejera y elevar el asunto a un juzgado de instrucción, en este caso del Superior. Técnicamente, la causa continúa abierta. Sin embargo, todas las fuentes consultadas consideran muy relevante el archivo en Navarra a la hora de analizar los hechos de esta derivada. Si no hay delito en que las ayudas fueran irregulares, ¿por qué habría de analizarse si Tapia empujó a Ayerdi a concederlas? En todo caso, la Comisión de Ética indica que Tapia “debe seguir colaborando con la Fiscalía” y “atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean formulados”. En este proceso, el Gobierno ha puesto a disposición de la consejera sus servicios jurídicos, algo habitual cuando las denuncias son por hechos relacionados con el desempeño del cargo.

El origen del caso

Davalor Salud era una empresa especializada en mejorar problemas de visión. La 'startup' navarra se presentó como un proyecto innovador y acabó quebrando y con el empresario promotor, Juan José Marcos, declarado culpable del concurso de acreedores en la jurisdicción mercantil. El eje del caso es que Navarra procuró 2,65 millones de euros en ayudas públicas en forma de préstamos a pesar de su delicada situación económica y se analiza si la decisión se hizo contra los criterios técnicos. La imputación contra Ayerdi era por la presunta comisión de un delito de prevaricación -dictar una resolución pública a sabiendas de que es irregular- y otro de malversación de caudales públicos. En su momento se apuntó como prueba que el dirigente nacionalista actuó siguiendo una “corazonada”.

Davalor Salud tocó la puerta también del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para recibir financiación, pero se le dijo que no por su debilidad. En todo caso, el Gobierno vasco explicó en el Parlamento lo siguiente: “Al tratarse de una empresa navarra, la consejera Arantxa Tapia trasladó en una de las habituales conversaciones telefónicas con su homónimo [sic] navarro, la existencia de dicha solicitud, así como la decisión que había adoptado el Gobierno vasco al respecto”. El homólogo de Tapia era Ayerdi, y ahora se analiza si esa llamada fue más una instrucción para apoyar económicamente a Davalor Salud que un despacho entre colegas. Eso es lo que interpreta Del Burgo, que presentó un escrito plagado de errores como llamar “Tapias” a la consejera o “Urkullo” al lehendakari.

Para probar un “tráfico de influencias” habría que acreditar que Tapia hizo valer su influencia sobre Ayerdi, es decir, que existía prevalimiento o jerarquía. La denuncia de Del Burgo hace mucho énfasis en su militancia compartida en el PNV, aunque por rango el segundo era miembro del Euzkadi Buru Batzar por ser presidente del partido en Navarra y Tapia no tiene ninguna responsabilidad orgánica ni la ha tenido nunca. Y habría que probar igualmente que ello le generara un beneficio, siquiera indirecto. Del Burgo sostiene que Davalor Salud tenía como principal acreedor a la Fundación Tekniker, una entidad privada pero que tiene al Gobierno vasco como patrono y aportando el 30% de los ingresos, según sus propios datos. La denuncia menciona igualmente que otra empresa a la que Davalor Salud debía dinero era Vicomtech, cuyo “director actual es Julián Flórez, marido de la consejera”. En todo caso, Tapia -la única junto con Josu Erkoreka que lleva desde 2012 en el gabinete de Urkullu- siempre ha dado cuenta de este conflicto de intereses y siempre se ha abstenido en asuntos relacionados con Vicomtech, como consta en documentos públicos. Hay al menos cinco desde que se publican en el portal de Transparencia.