El Tribunal Constitucional ha decidido anular un precepto de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que permitía a Euskadi asumir la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, es decir, secretarios municipales, interventores y tesoreros. La sentencia, que ha salido adelante por mayoría, entiende que es algo que “desborda el contenido posible de una ley de presupuestos”. Eran medidas en materia de función pública, algo que “no guarda relación” con una normativa económica.
La disposición recurrida por PP y Vox, aunque también el Superior vasco había exhibido sus dudas, modificaba la norma reguladora de las Bases del Régimen Local para dar a Euskadi la gestión de los funcionarios municipales con habilitación nacional. Son los que, como interventoras, secretarios o tesoreros, ejercen funciones públicas que se tienen que realizar en todos los ayuntamientos.
Entre otras facultades que esta reforma contenida en los Presupuestos Generales de 2022 estaba “la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo, la facultad de nombramiento o a asignación del primer destino”, entre otras. En los últimos meses, el Ejecutivo vasco había explicado que los procesos selectivos “siguen su curso con normalidad” al tiempo que ha defendido su competencia en estos procesos.
El Gobierno vasco dice que la sentencia “no afecta” a su competencia
El Gobierno vasco ha manifestado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) “no afecta” a la competencia de las instituciones de Euskadi para los procesos selectivos de plazas reservadas a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. El Ejecutivo autonómico ha considerado que esta resolución del TC, “es formal en tanto que no entra en el fondo de la cuestión, que en este caso hubiera sido competencial”. De este modo, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, “el Gobierno vasco mantiene la competencia del proceso selectivo de plazas reservadas a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional”.
Desde el Ejecutivo vasco, que se encuentra en funciones tras la celebración de las elecciones de este pasado domingo, se ha subrayado que “la capacidad competencial del Gobierno vasco en esta materia se sostiene sobre la Ley de Bases de Régimen Local”. El Gobierno autonómico ha precisado que el apartado 7 de la Disposición Adicional Segunda de dicha ley establece que “todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica”, según señala el comunicado que recoge Europa Press.
Ese apartado de la ley añade --tal y como ha señalado el Gobierno vasco-- que en dichas facultades se incluye “la selección y la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial”, así como la facultad de “convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo”; la competencia de “nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión”; o “la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.
El Ejecutivo vasco ha recordado que “la nota informativa publicada por el Tribunal Constitucional hace referencia a un precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 que fue recurrido por el Grupo Parlamentario Popular. En este sentido, el Ejecutivo precisa que dicha nota ”recoge que esta materia relacionada con la función pública no guarda conexión con el régimen retributivo de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional ni tiene incidencia económica directa con los ingresos o los gastos, por lo que vulnera el contenido posible de una ley presupuestaria“.
Por ello, el gabinete de Iñigo Urkullu considera que “en la práctica, la resolución judicial no tiene ninguna consecuencia en los procesos selectivos actualmente en vigor”. Además, ha afirmado que “el Gobierno vasco mantiene incólume su compromiso y defensa del autogobierno vasco en materia de función pública; y específicamente en la selección y provisión de personal para las entidades locales en las subescalas de secretaría, intervención-tesorería y secretaría-intervención”. A su vez, ha lamentado haber conocido esta resolución a través de una nota informativa, “sin tener acceso a la sentencia completa”, pese a que esta cuestión “afecta directamente a la ciudadanía vasca”.