Continúan las denuncias por la falta de personal y cuidados en las residencias de mayores de Euskadi

En el día en que se ha presentado la nueva estrategia sociosanitaria con vistas a mejorar la atención en residencias, se han vuelto a reproducir las denuncias por la falta de personal y cuidados. Este viernes ha habido quejas en Gipuzkoa, nuevamente de la mano del sindicato ELA, y también en Bizkaia, donde han llegado a las Juntas Generales.

Las trabajadoras de las residencias de mayores de Gipuzkoa han vuelto a concentrarse este viernes en las inmediaciones de una veintena de centros, convocadas por el sindicato ELA, para reclamar una subida de ratios “urgente e importante” y reivindicar el convenio sectorial por el que llevan luchando tres años. Acumulan ya 252 días de huelga a los que se sumarán las convocadas para el 28 de octubre y 12 de noviembre.

En la residencia Txara I de Donostia, una decena de gerocultores se ha unido al llamamiento del sindicato. Aimar Etxeberria, delegado de ELA de las residencias de Donostialdea, ha recordado que estas nuevas protestas “vienen a raíz de las informaciones que salieron hace unas semanas sobre este sector y, en concreto, sobre este centro”. Una inspección, desvelada por elDiario.es/Euskadi, reveló que los usuarios podían llegar a pasar hasta 14 horas sin comer. Etxeberria ha afirmado que la situación “sigue igual”, porque “no hay otra manera de organizar los centros residenciales” debido a las bajas ratios que tienen. Por eso, ha recordado que no son ciertas las declaraciones que hicieron tanto el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, como la diputada de Política Social, Maite Peña, en las que mencionaron que cada auxiliar de geriatría se hace cargo de dos usuarios. El decreto por el que se regulan las ratios, insiste Etxeberria, indica que de media debería haber 13 usuarios por cada trabajadora.

El sindicato, junto con las trabajadoras, exige una subida “sustancial” de ratios, incluso hasta doblar el personal actual de las residencias de mayores. La razón por la que lo hacen son dos: por las condiciones laborales a las que tienen que hacer frente día a día las gerocultoras de los centros de Gipuzkoa y por el cuidado que creen que debe recibir el usuario. “Si queremos darle un poco de decencia a la vida que llevan los usuarios en las residencias hay que ampliar personal, hay que poner a más gente a trabajar”, incide Etxeberria.

Rosi González es trabajadora de la residencia Txara I. Tras tres años de protestas y 252 días de huelga, se siente con la “moral un poco baja”, pues no entiende por qué “no se soluciona este conflicto después de tanto tiempo”. Preguntada por las condiciones de la residencia, se queja de que lo que dicen los cargos públicos “no equivale con la realidad”, pues en vez de tener un trabajador para cada dos usuarios, en el centro tienen, como mínimo, uno para cada diez. En algunos casos, además, una sola trabajadora tiene que hacerse cargo de 22 personas. A consecuencia, los cuidados a los ancianos no son los adecuados. “Una auxiliar [de geriatría] se va a las 21.30, con lo cual, se queda solamente una para los 22 [usuarios de la planta]. Tenemos que dar medicación, tenemos que recoger. No daría tiempo a medicarlos y encamarlos”, explica, lamentando que los usuarios cenan a las 19.30 horas e “incluso antes”.

A las mañanas sucede lo mismo, los usuarios no son levantados hasta que las trabajadoras del turno de mañana y las de refuerzo comienzan su jornada, y los desayunos empiezan, “como mínimo, a las 9.30”. La falta de personal afecta también a la higiene de las personas usuarias de las residencias: “Los abuelos deberían tener una ducha diaria y estamos haciendo una ducha semanal. El resto de la semana se les hace con una manopla húmeda con la que tenemos que hacerles todo el cuerpo. No son condiciones de trabajo”, denuncia González.

ELA reconoce que la situación en las residencias para las trabajadoras y en cuanto a los ratios es mejor en Gipuzkoa que en Álava o Bizkaia, donde la semana pasada la Diputación Foral decretó el cierre del centro Íñigo de Loyola de Barakaldo por las denuncias que ELA había hecho de las “graves infracciones” que se cometían. Entre las infracciones evidenciadas había despidos injustificados, por los que las trabajadoras se manifestaron el pasado mes de septiembre. La propia Diputación admitió también que se ataba a los usuarios sin la prescripción médica pertinente. Después, este periódico pudo saber también que había trabajadoras de la limpieza encargadas de cuidar a los ancianos y que algunas noches estos quedaban a solas durante horas porque la única gerocultora había de turnarse entre este centro y otro de la misma empresa. Sin embargo, para ELA, que en los demás territorios las condiciones sean peores no es suficiente, pues cree que “tienen que mejorar todavía más”. Tampoco entiende el sindicato la posición de la Diputación de Gipuzkoa, que no les concede una reunión ni “tiene voluntad de darle la vuelta a la situación, pues defiende a capa y espada el modelo residencial” del territorio.

Falta de inspecciones en Bizkaia

También en Bizkaia, los familiares de los usuarios de la residencia Vitalitas de Bagatza, en Barakaldo, han denunciado este viernes ante las Juntas Generales la falta de inspecciones. A raíz de dicha carencia, los familiares afirman que la Diputación no supo de la “falta de enfermería en el periodo estival”. Por ello, y como denunció el sindicato ELA, personal de Osakidetza tuvo que desplazarse hasta la residencia. Los allegados han detectado también “situaciones de falta de higiene y desatención entre las personas residentes”. “Es imposible que esto no vaya a peor, ya que las empresas privadas van a continuar con su modelo de negocio”, señalan los familiares.

La residencia está gestionada desde noviembre de 2019 por el Grupo Vitalia Home, algo que, aluden, “ha supuesto la entrada de fondos de inversión en la gestión de residencias” de Euskadi. Además, apuntan que el objetivo de la empresa “no es atender y cuidar con calidad a personas mayores y dependientes, sino obtener beneficios rápidamente, como en la actualidad en la que ya se ha privatizado la atención del fisioterapeuta o de la psicóloga”. Todo esto, subrayan, “con el permiso de la Diputación, que es conocedora de este hecho y no pone medidas de control ni inspecciones para evitar el descuido” de las personas mayores.