Crecen los recursos de inconstitucionalidad cruzados entre los Gobiernos central y vasco en puertas de las generales

En puertas de las elecciones generales, el Gobierno de Iñigo Urkullu -del que también forman parte los socialistas- ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber completado algunas transferencias pendientes del Estatuto de 1979, como Cercanías, pero también por supuestas invasiones competenciales con leyes recientes como la de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Al revés, el Estado también ha amagado con la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas leyes autonómicas, la que regula el encaje del ingreso mínimo vital (IMV) en la renta de garantía de ingresos vascos (RGI), como publicó este periódico, y la nueva normativa de potestad sancionadora.

Sobre los retrasos para completar las transferencias pendientes, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha mostrado su desazón. “Me encantaría poder hablar de avances. Pero han quedado paralizadas cuestiones que eran muy importantes para nosotros”, ha señalado. Garamendi, en todo caso, ha mirado más allá del contexto electoral y ha enfatizado que “en los dos últimos años” no se ha avanzado “lo suficiente” en esta materia. Fue precisamente en 2021 cuando se formalizó la cesión de la gestión de las prisiones vascas. Desde entonces, no es la primera vez que Urkullu o sus consejeros -al menos los del PNV- muestran sus recelos. “Nosotros, no obstante, seguimos trabajando propuestas nuevas. Independientemente de la parálisis por el otro lado, vamos a seguir desarrollando propuestas en todas y cada una de las materias que tenemos pendientes”, ha apostillado.

Garamendi ha hecho este análisis en una rueda de prensa en la que ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa estatal de protección animal, promovida por la ministra de Podemos Ione Belarra. Sin entrar en excesivos detalles de qué puntos entiende el Gobierno vasco que chocan con sus competencias exclusivas, la consejera ha indicado que el Estado establece una serie de obligaciones a las comunidades autónomas excediéndose de sus funciones. Fuentes oficiales han indicado después que ven con recelo el nuevo “Sistema Central” para recopilar información por las autonomías, la obligación de crear “programas territoriales de protección animal” o incluso un punto aparentemente preceptivo para crear mecanismos de “gestión de colonias felinas”. La consejera ha recordado que, en todo caso, la normativa de funcionamiento del Tribunal Constitucional obliga a abrir un período previo de negociación entre ambos Gobiernos para buscar un acuerdo de interpretación sin necesidad de que la sangre llegue al río.

Precisamente en esa fase se halla el recurso que -en sentido contrario- interpuso el Ejecutivo de Sánchez contra la reciente reforma de la RGI vasca que, entre otros puntos, perseguía la integración del IMV estatal, que es una prestación de la Seguridad Social. El Gobierno vasco nunca ha informado públicamente de ello y este periódico conoció el litigio por una pregunta en el Parlamento Vasco de la oposición, en este caso del grupo PP+CS. Aquí, aunque es la consejera Garamendi la que encabeza las negociaciones, el recurso recae contra el proyecto estrella de la parte socialista de la coalición vasca. Como en su momento informó Idoia Mendia a la Cámara en respuesta a PP+CS, Garamendi ha recalcado que está muy avanzado un acuerdo para evitar el recurso y que el Estado dé por buena la nueva regulación de la RGI y del IMV. A preguntas de los periodistas, Garamendi ha indicado también que el Gobierno quiere recurrir también la normativa de potestad sancionadora. La consejera del PNV lo ha achacado a la “hipervigilancia” del Estado y de sus servicios jurídicos a la producción legislativa de las comunidades autónomas.