Una disputa por la asignación de amarres en el puerto deportivo de Donostia ha derivado en la citación a declarar en un juzgado para Edurne Egaña, directora de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portua (EKP), que tendrá que acudir en calidad de investigada o imputada el 12 de diciembre. Una persona que se siente afectada por la adjudicación en el 'aparcamiento' de barcos ha presentado una querella criminal por “prevaricación, coacciones y acoso”. La Comisión de Ética del Gobierno vasco aún no se ha pronunciado y la consejera del área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado en el Parlamento Vasco que el Ejecutivo “entiende que el funcionamiento de EKP atiende a los criterios de transparencia que exige la normativa en vigor”.
La controversia en el puerto de Donostia se remonta a 2021. Tocaba renovar los cerca de 400 amarres pero la primera lista, de abril, incluía algunos errores -así lo admitió la Administración- y hubo que repetir la asignación en septiembre. Con la segunda adjudicación, del orden de 100 embarcaciones se vieron excluidas y EKP ordenó que tenían que dejar la plaza libre “a la mayor brevedad”. El denunciante asegura que recibió “amenazas” de “desalojo forzoso”, según publicó 'El Diario Vasco'. Entiende que el proceso fue “arbitrario” y que estuvo “plagado de irregularidades”.
La querella achaca a Egaña, alto cargo de la Administración, la comisión del delito de prevaricación -dictar resoluciones injustas a sabiendas- pero también coacciones y acoso. El primero no acarrea pena de prisión, aunque sí inhabilitación para el ejercicio del cargo. EH Bildu ha preguntado al Gobierno en el Parlamento por este caso y por la situación en que deja a la directora de EKP pero Tapia ha optado por una respuesta escueta en la que se limita a expresar respeto por el “marco del ámbito administrativo y jurídico” y a recalcar que entiende que EKP ha actuado con “criterios de transparencia”.
Sí indica Tapia que el Ejecutivo ofreció costear su defensa letrada pero que “la directora ha renunciado a la opción”. Como es preceptivo en caso de imputación penal, el caso ha sido elevado también a la Comisión de Ética interna. Eso sí, este organismo ha ido generando ya una reiterada jurisprudencia que determina que la sola imputación -y más si es a instancia de parte y no por una investigación policial o judicial- no es motivo de cese. Sí lo sería en caso de delito flagrante o si se abre ya juicio contra un alto cargo. Por el momento, este comité presidido por la consejera Olatz Garamendi no se ha pronunciado.
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