EH Bildu registra 30 preguntas parlamentarias para que Educación aclare la cesión de datos de escolares a Google

El grupo parlamentario EH Bildu ha registrado una treintena de preguntas en el Parlamento Vasco para que el Departamento de Educación aclare la cesión de datos de escolares a Google a través de la utilización de la plataforma Workspace for Education, que se está utilizando en en los centros docentes vascos y que está exponiendo los datos de 400.000 estudiantes y profesores. Como ha publicado elDiario.es/Euskadi, la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) ha apercibido al Departamento de Educación por incumplir la normativa de protección de datos a menores al no haber evaluado el impacto que tendría el acuerdo en el tratamiento de datos personales de los alumnos, así como por falta de transparencia.

La parlamentaria de la coalición abertzale, Lore Martínez, pone de manifiesto en la iniciativa presentada en la Cámara vasca para su respuesta por escrito la “gravedad del asunto”, porque la Agencia Vasca de Protección de Datos considera probado que el Gobierno vasco no realizó una evaluación de impacto relativa a la protección de datos pese a que los datos personales de los usuarios finales de la plataforma (docentes y alumnado) pueden ser tratados por Google para el uso de servicios adicionales que no son objeto del convenio, por lo que el Departamento de Educación debe de aclarar este convenio y sus consecuencias.

La Agencia Vasca de Protección de Datos abrió el expediente sancionador a raíz de una reclamación de la Fundación Eticas Data Society, que consideró que el tratamiento de los datos de carácter personal de docentes y menores de edad por parte de Google en el marco del citado convenio suponían el “incumplimiento de la normativa de protección de datos al llevarse a cabo transferencias internacionales de datos a Estados Unidos sin que se cumpla lo establecido en la normativa vigente de protección de datos” en el marco europeo. El acuerdo para el uso de esta plataforma, que es una herramienta para que alumnos y profesores puedan intercambiar documentos en la nube, no supone ningún coste para el departamento de Educación, y aunque se señala que no se incluirá publicidad en los servicios de Workspace for Education, sí se podrá incluir en otros productos del mismo grupo empresarial, como el buscador o YouTube, “que serán la opción habitual a la que se orientará si se trabaja en el entorno de Google Workspace for Education (GWE)”, se destacaba en la reclamación planteada por dicha asociación.

Pese a que el convenio con Google se suscribió en 2022, y por lo tanto, con Jokin Bildarratz como consejero de Educación, será la nueva consejera, Begoña Pedrosa, la que tendrá que contestar a la batería de preguntas planteadas por la parlamentaria de EH Bildu. En su escrito, Lore Martínez muestra su sorpresa porque el departamento de Educación no sospeche de un servicio que es “gratuito”. “¿Cree realmente el Departamento de Educación que una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo accede a la implantación de su producto en toda la esfera educativa de la CAPV sin contraprestación económica alguna, es decir, de manera gratuita? Cuando Google decide ofrecer el servicio Google Workspace for Education (GWS) sin contraprestación económica, ¿el departamento de Educación no piensa que el beneficio económico de Google proviene de futuros usos de los datos de los usuarios y de los datos derivados de la monitorización del alumnado?”, pregunta a la consejera. “Tras la resolución de la AVPD, ¿comprende el departamento de Educación que el servicio no es gratuito y que, además, los errores detectados por la comunidad educativa al utilizar la plataforma educativa son utilizadas por Google para mejorar su negocio y enriquecerse, es decir, que es posible que la comunidad educativa vasca esté trabajando, además de forma gratuita, para la empresa tecnológica estadounidense?”, señala. En este sentido, pide que se especifique cuántos miembros del alumnado y del profesorado se han visto afectados concretamente por esta vulneración de la protección de datos, con el número para cada ciclo, edad y territorio, tanto para el profesorado como para el alumnado. Y solicita de igual forma que aclare “qué medidas ha adoptado o va a adoptar el departamento de Educación para cumplir la resolución de la Autoridad Vasca de Protección de Datos” y si se han presentado recursos ante la resolución. Tambié quiere que concrete “qué vías de comunicación se van a abrir para comunicar a las familias y al profesorado la vulneración de sus derechos digitales y cómo se van a reparar estas vulneraciones”.

EH Bildu interpela a la consejera sobre las transferencias internacionales, denunciadas en la reclamación y que el Gobierno vasco en sus alegaciones señala que “no están prohibidas”. “¿Considera lícito el Departamento de Educación realizar transferencias internacionales con datos de la comunidad educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco?”, pregunta a Begoña Pedrosa. Cuestiona también los motivos para que el departamento de Educación no realizara ninguna evaluación de impacto del acuerdo hasta que no llegó la reclamación a la Agencia Vasca de Protección de Datos y la implantación masiva de la plataforma Google Workspace for Education (GWS) en todo el ámbito educativo.

En dicha evaluación, realizada con posterioridad a la reclamación, Educación traslada que para lograr los fines previstos por el departamento, “bien pudiera utilizarse una plataforma similar a Google Workspace, sin embargo probablemente los costes derivados de su utilización serían más elevados. Además, la curva de aprendizaje de la plataforma sería bastante mayor tanto para el profesorado como para el alumnado”. En este sentido, Lore Martínez pide a la consejera que concrete “qué plataformas educativas se han comparado”, y “qué indicadores se han utilizado para calcular el coste de cada plataforma educativa”. Además, pregunta por cuándo se va a completar en el registro de actividades de tratamiento de datos lo referido a este convenio, por qué no se ha recabado la opinión de los interesados ni de sus representantes, y cuándo se presentará una evaluación de riesgos e insta a concretar si se va a dar prioridad a partir de ahora a la plataforma educativa digital Iradi basada en software libre “que tiene en marcha y que aún tiene como prueba piloto y en qué plazo”.