EH Bildu ha anunciado este viernes que la coalición ha roto las negociaciones sobre la Ley de Administración Ambiental porque una de las enmiendas presentadas supone un “ataque sin precedentes” al ordenamiento territorial y la autonomía municipal. Esta enmienda crearía una nueva figura con la que sería posible saltarse el criterio municipal si el Gobierno vasco considera “de interés general” un proyecto con justificación ambiental. Por eso, llama a las autoridades municipales, entre ellas, a Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, para que reaccionen ante esta “invasión inaceptable”.
La formación abertzale ha mantenido el contacto con el Gobierno vasco para poder llegar a un acuerdo sobre la Ley de Administración Ambiental desde que terminara el plazo para presentar enmiendas el pasado junio. Sin embargo, admite que “ha sido imposible”. “Los propios grupos que sostienen al Gobierno se han autoenmendado. Han presentado más de 100 enmiendas a su proyecto de ley original, pero la cuestión clave, la que lo cambia todo, es una enmienda, la número 61”, ha explicado el parlamentario Mikel Otero. Esta enmienda modificaría la Ley de Ordenación del Territorio y regularía una nueva figura denominada Proyectos de Interés Público Superior (PIPS). Así, el Consejo del Gobierno podrá calificar de PIPS “cualquier infraestructura con supuestas mejoras medioambientales en la que hubiera promoción pública”, lo que obligará a adaptarse a la nueva infraestructura a “todas” las herramientas de ordenación del territorio y a los planes de ordenación urbana.
Por ello, EH Bildu cree que esta enmienda “supone cambiar no solo las reglas del juego de la planificación urbana y territorial, sino todo el tablero del juego”, en el que hasta ahora ha habido tres figuras: las Directrices de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. EH Bildu denuncia que esta nueva figura, los PIPS, “se situaría por encima de los tres en la jerarquía de planeamiento territorial”. “Supone sustituir el plan, de visión general e integral, por el proyecto, de visión parcial y sectorial. Es decir, supone pasar de tener en cuenta a la vez lo económico, lo social y lo ambiental a tener en cuenta solo lo económico, por encima de todo, algo que va en contra de todas las recomendaciones de la Unión Europea sobre ordenación del territorio”, ha recordado Unai Fernández de Betoño, parlamentario por EH Bildu.
Esta figura posibilitará el desarrollo de grandes infraestructuras de promoción pública como pueden ser los proyectos de energías renovables, vertederos o depuradoras, aunque, asegura Fernández de Betoño, “tampoco se cierra la puerta a otro tipo de proyectos, como grandes equipamientos u otros, siempre que tengan cierta justificación medioambiental”. Además, EH Bildu lamenta que el Gobierno vasco vaya a desarrollar proyectos de su interés pese a que puedan estar en contra del criterio de las administraciones locales y pone como ejemplo el pozo de gas Armentia-2, a las afueras afueras de Vitoria. “El mayor obstáculo administrativo que se ha encontrado [el Gobierno vasco] es el Plan General de Gasteiz, que impide el uso extractivo en la categoría de suelo en la que está ese pozo. Si se declarara como PIPS el proyecto de extracción, daría igual lo que dijera el Plan General de Gasteiz, habría que modificar el planeamiento urbano para hacer sitio al Proyecto de Interés Público Superior, declarado así desde Lakua”, ha manifestado Fernández de Betoño.
Por todo ello, los parlamentarios abertzales apuntan que se trata de un “ataque” a la planificación territorial, a la autonomía local y al urbanismo, pues rompería el consenso en torno “a lo que deben ser”. Además, subrayan que “se le niega al Ayuntamiento la posibilidad de limitar dentro de su territorio aquellos usos que considere inadecuados” y que los proyectos ambientales que el Gobierno vasco quiere desarrollar dentro de esta nueva figura podrán tener cabida en el sistema actual “si son adecuados”.
Por otra parte, EH Bildu también se cuestiona por qué se cambia la Ley de Ordenación del Territorio, que es una de las competencias del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a cargo del consejero Iñaki Arriola (PSE-EE), a través del “superdepartamento” de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigido por Arantxa Tapia. “Se trata de una auténtica modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, pero por la puerta de atrás”, recalca.