A las 14.00 horas, justo a en punto y sin aplausos, el Parlamento Vasco ha promulgado la reforma educativa, que implica la superación del marco legislativo de 1993. En puridad, después de treinta años sin ser retocada, este mismo año ya se aprobó por la puerta de atrás otra modificación para mejorar la traducción de aquel texto que apenas unas semanas después ha quedado ya derogado. Aunque el debate y la controversia lo ha suscitado el marco lingüístico que define, que finalmente da continuidad con matices a los modelos A (en castellano), D (en euskera) y B (mixto), el capítulo más relevante es el que blinda en la comunidad autónoma con más peso de la enseñanza privada (aglutina al 50% del alumnado, veinte puntos por encima de la media española) un “Servicio Vasco de Educación” que iguala a centros públicos y concertados. El artículo 29.2, que estará en vigor presumiblemente a finales de enero, recuerda expresamente que “no se podrá imponer la obligación de imponer cuotas o realizar aportaciones”. No es nada nuevo, es lo mismo que veta la ley estatal y que recogía, allá por 1986, un decreto sobre las “ikastolas y centros de iniciativa social”. A la luz de la nueva ley, las ikastolas privadas -el verdadero factor diferencial del modelo educativo vasco- ya han adelantado que “a corto plazo” no van dejar de cobrar por lo que debería ser gratuito.
El debate ha tenido dos elementos significativos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha ocupado su escaño durante casi todo el debate. Ha llegado a las 13.35 horas. Y el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, no ha tomado la palabra al inicio, ya que ya lo hizo en el trámite anterior, el de las enmiendas de totalidad. Sí ha seguido las intervenciones con atención, tomando notas a mano en un pequeño cuaderno. La responsable de Educación del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Ana Ester Furundarena, estaba observando el hemiciclo desde un palco, al igual que la viceconsejera Begoña Pedrosa y otros altos cargos. Solamente tres presentes en aquella sesión de 1993 continúan en primera línea, Joseba Egibar en el PNV, Carmelo Barrio en el PP (que ha intervenido) e Iñaki Arriola del PSE-EE.
La nueva ley ha salido adelante con los votos de la mayoría absoluta del Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE, un 54% suficiente frente al 'no' del conjunto de la oposición, las izquierdas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU (27 escaños) y las derechas de PP, Ciudadanos y Vox (7 escaños), lo que ha motivado que el PNV haya ironizado sobre ello. Es el gran hito legislativo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que venía persiguiendo esto desde que accedió a Ajuria Enea en 2012, sí. Se le puso fecha por vez primera en 2016 con miras a su aprobación en 2019. Pero también es la constatación de que el anunciado acuerdo previo con el 90% del arco parlamentario, suscrito en abril de 2022, ya no es una realidad -lo dejó de ser hace tiempo- y de que la norma genera también oposición en los agentes sociales. Euskal Herrian Euskaraz, Eskola Publikoaz Harro o los sindicatos Steilas y ELA se han manifestado frente al legislativo en diferentes momentos de esta jornada prenavideña con protestas que han incluido a una mujer disfrazada como un cerdo con billetes (falsos) de 500 euros -porque esta “cochina” ley “ceba” a la educación privada- y el encadenamiento de activistas a las verjas del edificio principal del Parlamento.
El final de este camino ha supuesto un 'déjà vu' del debate de 1993. La norma la han aprobado exactamente los mismos partidos. Entonces fueron PNV, PSE y EE. Estos dos últimos se fusionaron unos días después de aquella votación. El matiz es que entonces el consejero de Educación era socialista, el vicelehendakari Fernando Buesa, luego asesinado por ETA en 2000, y que ahora es de la parte del PNV, Bildarratz. En contra se manifestaron HB y EA -ahora en EH Bildu- el PP y la extinta UA, al igual que una escisión de EE, EuE. Un pacto previo salvó las tensiones internas en el Ejecutivo de coalición.
Entonces se apuntó que la ley consagraba los modelos lingüísticos introducidos una década antes en la normativa sobre el euskera y ahora se les da continuidad, al menos en la pura teoría. El PSE-EE lo exigió durante la tramitación parlamentaria porque -entiende- el A, el B y el D preservan la capacidad de elección de las familias del idioma de enseñanza. Inicialmente, las bases para esta reforma apuntaban a un marco único adaptable en función de la realidad sociolingüística de cada centro con el euskera como eje. Finalmente, aunque no se eliminan las referencias al impulso de la lengua vasca como “referencia”, sí se apunta en el preámbulo que todo ha de construirse “sobre la base” de los modelos vigentes. De esa filosofía original queda el objetivo de que al término de la etapa obligatoria (a los 16 años) se alcance el nivel B2 en las dos lenguas oficiales y el B1 en la extranjera, preferentemente el inglés.
Y también entonces, en 1993, hubo quejas por parte de las ikastolas y protestas de agentes sociales, como ELA y Steilas, llamado aún STEE-EILAS, según recogen las crónicas de la época y el diario de sesiones de la Cámara. Sí hay un cambio de 1993 a 2023. Aquella norma era exclusivamente sobre la “escuela pública”. La actual es sobre el conjunto del sistema. Las medidas estarán en vigor un mes después de la publicación del texto en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque hay muchos puntos pendientes de desarrollo vía decreto. Para ello, se fija un plazo de dos años. Es el mismo que marca la disposición adicional quinta para que Educación analice las “características” del sistema “plurilingüe”, una enmienda reciente que da pie a pensar que la continuidad de los modelos A, B y D tiene fecha de caducidad. De hecho, el tercero es ya claramente mayoritario y el primero no garantiza los niveles mínimos exigidos de euskera.
La norma menciona también la laicidad como un requisito para acceder a financiación pública, aunque sus detractores echan en falta medidas para quienes no lo cumplan. Intuyen que nada cambiará para los colegios religiosos católicos. Bildarratz sí ha logrado llevar a la ley dos medidas que ha ido adoptando en los últimos años. Por un lado, se pone coto a los conciertos con colegios que vetan a un sexo determinada. Son media docena de colegios privados del Opus Dei o masculinos o femeninos. O se hacen mixtos o no podrán recibir más fondos de la Administración. También se consolidan los mecanismos para evitar la segregación de migrantes y la guetización de algunos colegios, particularmente los públicos de las grandes ciudades. Es algo que se ha probado en la campaña de matriculación de este curso escolar, donde se han exigido a todos los centros, también a los concertados, una reserva de plazas para alumnado vulnerable. Pero, nuevamente, las ikastolas protestaron al considerar que “sus” estudiantes tenían que irse a otros lugares por la aplicación de estos cupos. La ley prevé también dar más calidad al servicio de comedores, en el centro de la polémica hace unos años por la existencia de un cártel de empresas que manipuló las adjudicaciones públicas y ahora por la insalubridad de los platos servidos por otra, Serunion.
Sobre el debate han sobrevolado los malos resultados obtenidos por la Educación vasco en la última evaluación de PISA. El prestigioso informe internacional constata un retroceso en matemáticas, ciencias o lectura. No es la única prueba diagnóstico que apunta en esa dirección. Bildarratz, en su momento, se escudó en que la pandemia de COVID-19 ha condicionado los datos en todo el mundo y en que PISA no ofrece una fotografía completa y real de la realidad vasca.
Sin explicaciones de Bildarratz -Buesa tuvo un largo discurso en 1993 y entró al cuerpo a cuerpo con la oposición-, la posición del Gobierno la han puesto los portavoces educativos de PNV y PSE-EE, Gorka Álvarez y María Jesús San José, que fue consejera de Urkullu en la pasada legislatura. Ambos han destacado que el texto final, aunque no haya tenido más votos que los del Ejecutivo, tiene algunas enmiendas propuestas o transadas con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. En concreto, las de EH Bildu son 74, de 101 artículos totales del texto. “Les guste o no, es una ley pactada con ustedes”, le ha llegado a decir Álvarez a la coalición. El parlamentario 'jeltzale' ha querido arrancar su alocución parafraseando a Bildarratz. Ha mencionado que es un éxito ofrecer un marco “integral” a la enseñanza vasca frente a la normativa de 1993, solamente de la red pública. “Esta ley es mucho más que lenguas. Marcamos una hoja de ruta para la transformación educativa a largo plazo”, ha explicado. Y ha añadido: “Es la más detallada de Europa”.
San José, que ha hecho una mención al “compañero Buesa”, ha enfatizado que era “necesaria” una reforma pero también que eran imprescindibles los cambios a la idea inicial del PNV. “Nos sentimos muy satisfechos de la negociación con el PNV para incluir en las enmiendas asuntos esenciales”, ha añadido también, citando que esos cambios “clarifican la vigencia de los modelos lingüísticos” y que el castellano sea también vehicular. De hecho, ha considerado que la versión original de Bildarratz adolecía de “indefinición”, aunque Álvarez se la ha devuelto asegurando que las enmiendas del PSE-EE sobre las lenguas “no tienen ningún efecto”.
A juicio de San José, los ajustes evitan “obsesiones” nacionalistas -“gracias a los socialistas, sí será una ley de Educación y no para la construcción nacional”- y apuntalan que el verdadero objetivo sea el “éxito escolar”. Ha asegurado que el PSE-EE no admitirá lecciones de defensa de la red pública y también ha criticado las políticas fiscales de la derecha al día siguiente de que su partido, en Álava, haya pactado las normas fiscales de 2024 con el PP y con el PNV.
El consejero, después de recibir un abrazo del lehendakari, ha comentado lo ocurrido 'a posteriori' en una rueda de prensa. Flanqueado por todos sus viceconsejeros, ha indicado que “el camino ha sido largo” y “con dificultades”, pero ha mostrado su satisfacción por el logro. Ha reseñado singularmente que la norma bebe de las aportaciones de la comunidad educativa. “Teníamos dos opciones. Hacerlo solos o recorrerlo con la comunidad educativa. Elegimos el segundo y ahí está el verdadero valor. Nace con la vocación de perdurar. Una ley de todos y de todas. Ahora es el momento de transformar la educación”, ha apuntado. Bildarratz ha querido destacar el “apoyo sólido, profundo y amplio” que concita la norma “más allá de la votación”. Sobre el distanciamiento de EH Bildu, ha apuntado que apenas ha habido “un pequeño matiz” sobre los modelos. Y, preguntado por las protestas sociales, ha insistido en que “hay muchos más agentes en la concertada y en la pública que lo apoyan” que los que no y ha dicho también que ha mantenido “cientos y cientos” de reuniones con todos los agentes para buscar consensos.
Elkarrekin Podemos-IU fue la primera formación que se descolgó del pacto educativo. ¿Por qué? Entienden que no prioriza a la red pública. “La escuela pública se ha convertido en un simple recurso retórico. Palabras, palabras y nada más que palabras. A la hora de la verdad, absolutamente nada. En la acción normativa, ninguna medida para ampliar el perímetro de la escuela pública”, ha argumentado la portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi. Ha añadido que la ley logra que todos los centros privados actuales se convierten automáticamente en parte del “Servicio Vasco de Educación” y que continúan con la puerta abierta para seguir cobrando cuotas y, por ende, creando barreras de acceso. Ha coincidido plenamente con la idea de que “lo privado no es público” dicho, en la calle, los agentes sociales. “Esto un sabotaje en toda regla al ascensor social, ha abundado Gorrotxategi, que ha ironizado que no se puede considerar mala la privatización en Sanidad y darla por asumible en Educación. Ha terminado su intervención con un dato: la ley de 1993 permitió ampliar ”un 5%“ el perímetro de lo público con la publificación de ikastolas.
EH Bildu formó parte desde el inicio de las negociaciones para la reforma educativa. De hecho, llegó a trabajar un canal de confianza con el equipo de Bildarratz. En estas conversaciones, además de su portavoz en la Cámara, Ikoitz Arrese, ha emergido la figura de Pello Otxandiano, ahora aupado a candidato a lehendakari para 2024. Pero también se descolgó finalmente. La decisión del PNV de aceptar la exigencia del PSE-EE para blindar los modelos A, B y D ha terminado de alejarles. De hecho, llegaron a someter a referéndum entre sus bases el 'no' a la ley. Lo hicieron también al inicio, para empezar a negociar. Ha suscitado más apoyos lo segundo que lo primero, ya que parte de la coalición abertzale ha pedido una postura más firme de defensa de la escuela pública. El propio Otxandiano ha teorizado estos meses sobre la necesidad de superar la “dicotomía” entre lo público y lo privado, muy en la línea de la figura del “Servicio Vasco de Educación”.
Arrese, que ha querido iniciar su intervención lamentando que la Educación vasca depende “de Madrid y de París”, no ha negado que su formación quiso aprovechar la oportunidad de mejorar el marco en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Ha mostrado el contraste de la “ilusión” que generó el primer acuerdo de bases de 2022 con la falta de ella ahora. Sobre los modelos, ha denunciado que el PNV haya comprado el “veto” del PSE-EE, que cree que bebe del “monolingüismo” y la “euskarafobia”. “La ponencia ha sido un despropósito”, ha lamentado sobre la tramitación parlamentaria de la ley. No ha negado Arrese que se han aceptado decenas de enmiendas propuestas por EH Bildu, pero ha recalcado que no lo han sido las “fundamentales” y que deliberadamente se ha querido dinamitar a última hora los “puentes” con la oposición. EH Bildu, en todo caso, ha considerado que la norma no acaba con la “concertación universal”, es decir, que se continuará “financiando a toda la concertada” sin mecanismos de control
Por parte del PP, Carmelo Barrio, ha interpretado que “desaparece el castellano” como “eje” de la enseñanza, aunque es la lengua materna “mayoritaria” de “mayores, jóvenes y niños” y aunque también a instancias del PSE-EE hay una enmienda que apunta a que los dos idiomas oficiales “vehicularán” aprendizajes. Según Barrio, la mano de EH Bildu está detrás de la ley a pesar de la “escenificación” de las discrepancias en el final del proceso. Por ejemplo, Barrio ha alertado de la creación de “comisarios” lingüísticos en los pueblos para vigilar el uso del euskera, un modelo “a la catalana”. Los 'populares' lamentan que ninguna enmienda de la derecha haya sido incorporada y han hecho una defensa de la concertada, porque ese 50% es una “seña de identidad” de Euskadi. A nivel técnico, Barrio ha apuntado que no es positiva una norma que tiene tantas puertas abiertas a regulaciones vía decreto como artículos.
Desde la bancada de Ciudadanos, un partido que ahora ya opera en solitario en el Parlamento, José Manuel Gil ha considerado que “es un día triste para Euskadi” porque sale adelante “una ley sectaria y tramposa” que solamente muestra preocupación por el euskera. El “tema más importante” de la legislatura sale sin más apoyos que la mayoría “raspada” del Ejecutivo, ha ironizado. Vox, formación de ultraderecha, también entiende que se produce una “imposición” de la lengua vasca. En palabras de su única representante, Amaia Martínez Grisaleña, se pretende la “clonación” de los “buenos vascos” diseñados “por Sabino Arana”.
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