El Parlamento Vasco ha dado este jueves luz verde a la ley de Movilidad Sostenible, que tiene como fin “reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso a las personas al transporte público”, como ha defendido el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco“, Iñaki Arriola, que ha recalcado a lo largo de su intervención la importancia de esta norma por ser el transporte uno de los mayores responsables de la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, la norma sale adelante sólo con el voto a favor de los partidos del Gobierno -PNV y PSE-EE- y el PP, ya que Elkarrekin Podemos-IU ha votado en contra y EH Bildu se ha abstenido. Ambas formaciones han considerado que la ley es ”poco ambiciosa“ para las necesidades reales de descarbonización y no va mucho más allá de un ”marco teórico“. De entrada, todo su desarrollo dependerá de la elaboración posterior del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, que deberá aprobarse en un plazo de dos años, y en el que Arriola ha asegurado que ya está trabajando el departamento. Este plan tendrá una vigencia de 10 años y cada cinco años, o previamente si así lo estableciera el citado plan, se realizará un seguimiento de la consecución de los objetivos y la correspondiente revisión de sus determinaciones.
Entre las principales medidas que recoge la norma aprobada este jueves, está el hecho de que que se abra la puerta a “establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, con tasas, cánones, tributos y reducción”, y posibilitará bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente“. Se trata de un marco legal que después deberán activar las diputaciones forales, que son las que tienen las competencias fiscales en Euskadi, o en su caso, dependiendo de las tasas, los ayuntamientos, para ”profundizar en la sostenibilidad del sector del transporte“.
También recoge que en el plazo de dos años desde la aprobación de la norma los diferentes títulos de transporte que existen en Euskadi “sean interoperables entre sí”, con el objetivo de facilitar que las personas los utilicen en distintos modos de transporte, facilitando así la intermodalidad. De cara a futuro, la ley obliga a que, en caso de crear nuevas tarjetas de transporte, a que estén configuradas desde su inicio para poder ser utilizadas en todos los servicios de transporte público. Al margen del título de transporte, la ley defiende la “necesidad de apostar por un sistema tarifario único e integrado en toda Euskadi”.
Las medidas para disuadir del uso del coche privado, mediante tasas o impidiendo su entrada a núcleos urbanos con mayor impacto ambiental debe implantarse de forma progresiva ofreciendo “alternativas reales”. Entre ellas aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, que conecten con el transporte público urbano e interurbano, o bien que permitan desplazamientos a los centros y recorridos periféricos no motorizados con distancias asumibles. También se fomentará el uso compartido del vehículo privado con facilidades de estacionamiento destinadas a tal fin y se estudiará la implantación de un sistema de vehículos eléctricos compartidos en zonas periféricas a las que el transporte público no tenga acceso.
También recoge fórmulas para facilitar el uso de bicicleta como que al menos habrá 1,5 plazas de aparcamiento de bicicletas por vivienda nueva construida. De hecho, la norma hace hincapié en fomentar la “movilidad activa, a pie y en bicicleta”. Para lograrlo plantea que los municipios deberán promoverla desde la“ planificación urbanística y el diseño de ciudades y pueblos, con medidas como la pacificación del tráfico y la preferencia del uso peatonal de calles, plazas y avenidas. También incorpora la obligación de que edificios públicos y estaciones alberguen aparcabicis y que los nuevos edificios de viviendas cuenten con espacios seguros y resguardados para este medio de transporte sostenible.
La ley establece por primera vez derechos y obligaciones de la ciudadanía, entre ellos el derecho a acceder a un servicio de transporte público con independencia del lugar de residencia, es decir, la “universalidad” del transporte público, y fija cauces de participación pública en el diseño de las medidas para propiciar la movilidad respetuosa con el medio ambiente. También aborda la regulación de planes de movilidad sostenible en Euskadi y en los tres territorios históricos para trabajar a lo largo de una década en esta materia, y extiende esa obligación a los municipios de más de 5.000 habitantes. Entre los planes, la nueva norma también incluye los de movilidad en los centros de trabajo.
Las medidas coordinadas tendentes a la disuasión del uso del vehículo motorizado privado, bien mediante la imposición de costes directos, o mediante sistemas de limitación del acceso a los núcleos urbanos con mayor impacto ambiental, deben implantarse buscando que haya garantía de alternativas reales. Para ello se establece que las administraciones públicas competentes fomenten aparcamientos disuasorios en la periferia urbana que conecten con el transporte público urbano e interurbano, o bien que permitan desplazamientos a los centros y recorridos periféricos no motorizados con distancias asumibles. También se fomentará el uso compartido del vehículo privado con facilidades de estacionamiento destinadas a tal fin y se estudiará la implantación de un sistema de vehículos eléctricos compartidos en zonas periféricas a las que el transporte público no tenga acceso.
El Parlamento ha aprobado también alargar durante el año que viene el descuento del 20% en los transportes públicos, en línea con lo anunciado por parte de PNV y PSE-EE el pasado 31 de octubre. Estos descuentos llegarán al 50% en el caso de que el Gobierno central mantenga el descuento del 30% vigente hasta ahora. Todos los grupos han apoyado este descuento aunque EH Bildu había presentado una moción con la que se pretendía que el Parlamento Vasco instara al Gobierno español a mantener los descuentos. Finalmente la moción aprobada garantiza el descuento del 20% para lo que se incluirá un partida de 54 millones en los Presupuestos vascos.
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