Tercer giro de guion en la gestión del pasaporte COVID en dos semanas. Primero se rechazó como medida y luego se activó como gran respuesta a la ola de contagios. Después del veto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se optó por no recurrir al Supremo y luego se publicitó como la mejor opción. Y ahora se había condicionado la declaración de la emergencia sanitaria y la constitución de la mesa de crisis (Labi) a conocer el detalle del fallo del Supremo y, sin que haya sido recibida, ya se anuncia la firma del decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, que devolverá a Euskadi a situación de alerta por tercera vez en la pandemia y el Labi se reunirá por vez primera en esta fase este viernes a las 16.30 horas.
Esta decisión llega tras una jornada con más de 1.300 positivos. La tasa de incidencia es ya de 577 de media, pero en Gipuzkoa es casi de 1.000. No se ha aclarado por qué no se ha activado antes este marco excepcional cuando ya se habían superado hace días los umbrales de presión asistencial fijados por el propio Gobierno. En la UCI hay 55 pacientes, cuando se hablaba de 50 como referencia. Hasta esta mañana, la versión oficial era que lo prudente era esperar al detalle de la autorización del Supremo sobre el pasaporte COVID, otra condición autoimpuesta que tampoco se ha respetado.
Ahora queda en el aire qué medidas saldrán del Labi y si tendrán aplicación en el puente. En lo tocante al certificado de vacunación o prueba negativa para acceder a determinados locales de ocio, lo prometido es que llegará su regulación definitiva mediante una orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en cuanto se publique la sentencia del alto tribunal. Eso sí, sin activar la primera frase Urkullu se ha descolgado ya con una propuesta genérica para ampliar su uso a más actividades.
Los antecedentes
La primera emergencia sanitaria llegó el 13 de marzo de 2020, cuando particularmente en Vitoria se estaban disparando ya los casos de coronavirus. Urkullu lo comunicó en una rueda de prensa en solitario, ya sin presencia de los medios de comunicación pero todavía sin mascarillas. Este anuncio quedó eclipsado ya que, a las 24 horas, Pedro Sánchez anunció el estado de alarma y el confinamiento. Aunque este marco duró hasta mediados de junio de 2020, formalmente Euskadi levantó la emergencia sanitaria en pleno confinamiento, en mayo, y con el único fin de poder convocar elecciones autonómicas en julio con el margen de tiempo previsto en la ley. Estos comicios estaban previstos para abril pero, por vez primera en la historia, hubieran de suspenderse por la pandemia, lo que dejó varios meses el Parlamento disuelto pese a no haber fecha para su renovación.
Euskadi va ya por la séptima y no por la sexta ola de la COVID-19. La segunda, prácticamente olvidada en el relato público, tuvo lugar en agosto de 2020 y después llegaron la de octubre y noviembre de ese año, las que siguieron a Navidad y a Semana Santa, la del verano y la actual. Fue entonces, el 15 de agosto, festivo, en período vacacional y en fin de semana, cuando se comunicó la activación de la segunda emergencia sanitaria. En este caso vino motivada no solamente por la subida de los casos en pleno agosto sino también por los primeros impedimentos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a las medidas limitativas del ocio y la hostelería que se venían planteando. En octubre llegó la gran ola en España y Sánchez recuperó el estado de alarma, en buena medida porque la Justicia vasca volvió a impedir en Euskadi restricciones sin cobertura jurídica excepcional. Ese marco se agotó medio año después, en mayo, pero la emergencia sanitaria perduró. En total, duró 416 días. El 6 de octubre, Urkullu solemnizó en un acto en la sede de la Presidencia vasca en el que no permitió preguntas de los medios de comunicación y en el que entregó obsequios a todos los miembros de las mesas de crisis, el final de una etapa, aunque menos de dos meses después ha llegado un paso atrás.
De hecho, en muy pocos días se superó el umbral de seguridad con el que se había justificado el final de la emergencia, una tasa de incidencia por encima de 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Este lunes ese indicador marcaba 471, con 49 personas en la UCI y 278 hospitalizados totales. Con la gran diferencia de la cobertura vacunal, los datos marcan que la segunda emergencia se decretó con una situación asistencial mucho más liviana: el 15 de agosto eran 154 los ingresados totales y 14 de ellos estaban críticos en la UCI. La incidencia marcaba 242. Ese período acabó el 6 de octubre con 71 ingresados, 31 de ellos en la UCI.
Desde junio, el Gobierno vasco dispone de una ley antipandemia que regula los diferentes escenarios posibles dentro de la emergencia sanitaria. Fue un texto pactado entre PNV y PSE-EE, socios en el Ejecutivo de coalición, y Elkarrekin Podemos-IU. Como principio básico, la norma recoge que “en tanto se mantenga la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución, con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante de la pandemia”. Por ello, “conforme a la normativa general de salud pública, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución”.
Como las medidas de la ley se regulan en función de la incidencia acumulada, Euskadi entraría directamente en el “estadio 3”, el más severo de todos, preparado para tasas por encima de 500. Pero ni la “restricción de la movilidad nocturna” ni otros “confinamientos individuales o colectivos” parecen posibles sin estado de alarma, por lo que quedaría tocar “horarios de cierre”. “Se adelantarán los horarios de cierre de todo tipo de actividades económicas y sociales, pudiéndose suspender aquellas que más incidan sobre el contacto social”, marca la ley. Además, con tasas inferiores a 500 ya se alude a la posibilidad de “cierre de todo tipo de actividades económicas no esenciales, valorándose en caso de mantenerse su apertura al público el uso máximo de un 35% de su aforo”, “suspensión de todo tipo de actividades sociales y culturales en formato presencial”, “valoración del pase de la actividad educativa presencial a un formato online” y a la “valoración de la suspensión de toda actividad deportiva que no sea profesional o semiprofesional, quedando posibilitada únicamente, y con las restricciones que procedan, la actividad física al aire libre, individual o de dos convivientes”. En otras fases, sin embargo, Euskadi no ha sido estricto con los umbrales de esta ley y los ha adaptado alegando que hay que mirar más indicadores que los que el propio Gobierno fijó hace solamente unos meses, tales como la presión asistencial, la tendencia o la propia cobertura vacunal.