Euskadi devolverá todas las multas del confinamiento, 1,6 millones de euros entre Ertzaintza y Policías locales

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que se van a devolver todas las multas pagadas en el primer estado de alarma por el incumplimiento de medidas establecidas para frenar la pandemia que después fueron anuladas por el Tribunal Constitucional con el objetivo de evitar situaciones de discriminación. En total, estima que ascenderían a una cantidad de unos 1,6 millones. En principio, la decisión iba a beneficiar precisamente a quienes se habían resistido a abonarlas en pronto pago o las habían recurrido.

El consejero explica que se ha analizado si había “una manera de aliviar o hacer desaparecer el factor de discriminación”. “Veíamos que la situación podía generar efectos discriminatorios graves en quienes, en un ejemplo de civismo, se habían adelantado, iban a pagar y se acogieron a las posibilidades que la ley ofrece”, señala. Sin embargo, añade, “se podían beneficiar quienes, en una posición más cicatera, habían retrasado todo lo posible el pago”. “Hemos visto que era jurídicamente posible. Si la sentencia no hubiera permitido devolver el dinero, nos podríamos encontrar con una situación muy delicada”, afirma.

En una entrevista publicada por el diario 'Deia', recogida por Europa Press, el consejero reconoce que la resolución del Constitucional, que anuló algunas de las medidas del estado de alarma, con la correspondiente paralización de los expedientes de sanciones por su incumplimiento, “tiene un efecto desmotivador inmenso” para quienes han gestionado “la responsabilidad de la salud pública”. A lo largo del primer estado de alarma -explica- entre Policías locales y Ertzaintza pusieron 22.900 denuncias que “requieren un esfuerzo tramitador importantísimo” y que no fueron “un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas”. Sin embargo, “el trabajo no ha servido para nada”.

También advierte de que la sentencia contenía “un mandato confuso”, de manera que “se suspendieron los expedientes en tramitación, pero había otros casos”. En concreto, había unos 5.200 pagados por pronto pago, mientras que “otras personas habían hecho sus alegaciones, se habían resistido, y habían esperado a la resolución final sancionadora. Las sancionadoras fueron unas 2.900”, explica. Tras “un análisis jurídico contrastado”, el Gobierno vasco ha llegado a la conclusión de que “la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador”. Por ello, se ha decidido “no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó”. “Una lectura más rigurosa de la sentencia en el marco de otra jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Constitucional en relación con supuestos parecidos nos lleva a devolverlo todo”, insiste Erkoreka, que cifra el montante total en unos 1,6 millones.

Según lamenta, “eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad” porque ahora “tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra”. “Es un factor de desánimo importantísimo”, advierte.