El Gobierno vasco, que ha configurado una mesa de crisis similar al Labi de la pandemia, ha actualizado este jueves 31 de marzo, como estaba previsto, el plan de contingencia para la atención de refugiados de la guerra en Ucrania. Esta segunda versión del protocolo inicial tendrá una vigencia de un mes, hasta finales de abril. Euskadi, en todo caso, no es capaz de fijar con precisión una “cifra exacta” de las personas llegadas, aunque estima que el número “puede oscilar entre las 1.000 y las 1.500 personas”. Tampoco se ve con capacidad para hablar de una previsión definitiva de llegadas.
En datos, han sido 478 las personas atendidas en la red primera acogida -competencia del Estado-, 850 han acudido a la Policía Nacional para solicitar “protección internacional”, 265 niños han sido escolarizados en colegios vascos y 746 han pedido una tarjeta sanitaria de Osakidetza. Pero hay gente que se ha instalado “de otras maneras”. Es gente que o ha viajado por su cuenta o ha llegado en expediciones organizadas por voluntarios. La Administración, en todo caso, sigue sin ver con buenos ojos este fenómeno: “Si bien toda forma de solidaridad es digna de agradecimiento, ésta debe ser coordinada y organizada. Actuaciones descoordinadas están provocando dificultades añadidas e inseguridad a las familias acogidas y acogedoras que deberían evitarse, siendo vital en este momento comunicar al 945 222 222 la llegada de personas y familias a familias de acogida, para poder atenderles adecuadamente”.
Euskadi critica también que el Estado no haya previsto las ayudas económicas para los refugiados y plantea salidas temporales en colaboración con entidades sociales. “En tanto no esté definido el mecanismo que el Estado empleará para garantizar a quienes lo necesiten la ayuda económica básica para su subsistencia, el Gobierno vasco establecerá un acuerdo con entidades sociales con experiencia en este ámbito para canalizar y hacer llegar a las personas y familias que lo necesitan estas ayudas. Se cuenta con una propuesta de criterios de aplicación de este programa en cuyo diseño se está trabajando ya con Cáritas. La prestación de esta ayuda tomará como experiencia de referencia el programa Azken Sarea Indartzen puesto en marcha durante la pandemia y se coordinará con los servicios sociales de base, informándoles y derivando a las familias, con el consentimiento de estas”, explica el Ejecutivo.
Se alerta también de riesgos para la trata de mujeres o menores. “Se reforzarán los servicios y recursos de que dispone el Gobierno vasco para prevenir y combatir la trata de mujeres y menores. Adicionalmente, el teléfono de servicio especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia (900 840 111) es atendido en ucraniano”, explica el documento presentado este jueves. En este sentido, se mantiene un “llamamiento” para captar “traductores voluntarios” que “sirvan de ayuda y orientación a la población desplazada”. También habrá medidas específicas para el colectivo LGTBI e incluso “en el caso de llegar con mascotas”.
“La experiencia del primer mes ha permitido comprobar que un número importante de las personas desplazadas desde Ucrania llega a Euskadi con la intención de reagruparse con su familia, u otras personas o familias con las que tenía un vínculo previo, alojándose en sus viviendas. También ha podido confirmarse que existe un número significativo de ofrecimientos de familias vascas que están dispuestas a una acogida temporal de estas familias. Esta doble modalidad de acogida tiene los riesgos propios que conlleva toda experiencia de convivencia; pero también la ventaja de constituir una fórmula que puede favorecer, facilitar y acelerar los procesos de integración de las personas desplazadas. Por este motivo, la intención de las instituciones vascas es apoyar esta modalidad de acogida con ayudas directas”, concluye el Gobierno.
“Este segundo plan de contingencia, del mismo modo que el primero, sigue estando condicionado por una serie de incógnitas que siguen sin despejarse. En primer lugar no es posible estimar ni el número de personas que podrán llegar a Euskadi o al conjunto del Estado en las próximas semanas y meses, ni tampoco en qué plazos o con qué grado de concentración. Sigue sin conocerse en qué medida la acogida se va a plantear dentro de los parámetros previstos en materia de asilo por el Sistema de Acogida e Integración estatal, o si se van a articular otro tipo de cauces o medidas. Tampoco se dispone aún de una cobertura jurídica específica para la acogida temporal de menores sin referente familiar, aunque las diputaciones forales y Gobierno vasco han acordado criterios y un procedimiento”, añade el Gobierno, que en todo caso se fija el objetivo de la “acogida digna” para todo el mundo.
elDiario.es/Euskadi
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