El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha insistido este lunes en la necesidad de que sean las comunidades autónomas las que gestionen los fondos europeos a través de PERTE (Proyectos Estratégicos Regionales) para que los recursos lleguen “ágilmente al tejido productivo”. Azpiazu ha lamentado ante la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco la lentitud con la que están llegando estos fondos y su distribución a por criterios de población, lo que perjudica a Euskadi. Hasta el momento, Euskadi ha recibido un total de 1.657 millones de euros, de los cuales, 1.048 (63,2%) se ejecutan a través del Gobierno vasco y 609 (36,8%) que son gestionados directamente por el Estado. “Es necesario que para facilitar y acelerar la ejecución se ponga toda la carne en el asador y se aprovechen al máximo la totalidad de los recursos humanos, y administrativos disponibles ya que sería un error imperdonable que parte de los fondos se queden sin ejecutar”, ha señalado el consejero.
La petición del Gobierno vasco de que se activen PERTE regionales no es nueva. Es una cuestión que Euskadi ha puesto sobre la mesa desde el principio de la activación de estos fondos por Europa para responder a la crisis tras la pandemia de COVID-19. Azpiazu ha señalado que es una cuestión que, además de respetar la esencia del Estado de las Autonomías, es una cuestión de “puro pragmatismo”. “La capacidad de nuestra administración y del resto de las comunidades autónomas se sumaría a la de los propios Ministerios para agilizar y flexibilizar los procesos administrativos de subvención y licitación pública que son necesarios para librar los fondos”, ha indicado.
El consejero ha destacado además que, el caso vasco, hay que poner en valor la “experiencia vasca de una política industrial continuada y cercana al tejido productivo y científico y tecnológico”, lo que permite “conocer de primera mano los proyectos con mayor calado estratégico, capacidad de arrastre y potencial transformador de nuestra economía, así como su situación, necesidades y aspiraciones”. “Estamos recibiendo reiterados mensajes de las empresas y agentes sociales que nos reclaman agilizar la burocracia de los procesos administrativos y debemos repensar las cláusulas de los procedimientos de subvención para evitar requisitos superfluos, flexibilizar al máximo los plazos y minimizar al máximo los trámites”, ha explicado, “ya que se trata de aprovechar al máximo la oportunidad de transformación económica, social y ambiental que brinda la iniciativa Next Generation con responsabilidad, pero con pragmatismo”.
“Estamos convencidos de que convertir a las comunidades autónomas en gestoras directas sería bueno para todos”, ha matizado Azpiazu. Hasta el mes de abril, de los 22.408 millones de euros distribuidos a las comunidades autónomas para el período 2021-23 a Euskadi se le han asignado 1.048 millones de euros, el 4,67% del total, siguiendo un criterio de distribución poblacional. Los departamentos de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Planificación Territorial, Vivienda y Transporte; Educación y Trabajo y Empleo, son los que tienen asignado un mayor volumen de fondos.
El hecho de que la gestión de los fondos no recaiga de momento de forma directa en Euskadi, puede hacer que el dinero europeo no llegue para todos los proyectos que el Gobierno vasco presentó en en su día al ministerio y para los que contaba contaba con recibir dinero por unos 6.400 millones de euros. Azpiazu ha señalado que se revisará el plan presentado para ver lo que se ha llegado hasta ahora y lo que queda pendiente. No obstante, ha señalado que hay “margen de maniobra” y que habrá que esperar a que se reciba todo el dinero de los PERTE para poder hacer un balance.
Además, ha recordado que queda pendiente el dinero de la adenda, que el Gobierno del Estado ha presentado en Bruselas y que incluye 10.300 millones de transferencias adicionales y 84.000 millones de préstamos. “Desde la perspectiva vasca, son una vía particularmente interesante para facilitar la articulación de los PERTES vascos. Los préstamos facilitarán la financiación a largo plazo y en condiciones favorables”, ha señalado.
Desde los grupos, Mikel Otero, de EH Bildu, ha reprochado al consejero que se lancen “mensajes contradictorios”, criticando un día la lentitud de la llegada del dinero y hablando de “gestión catastrófica” un día “y luego vienen aquí y no dicen nada”, ha señalado aludiendo a que Azpiazu no ha realizado ninguna referencia a ello en la primera parte de su intervención.
Por otra parte, el consejero ha presentado también en comisión la Ley del Instituto Vasco de Finanzas, aprobada por el Gobierno vasco el pasado 30 de mayo y que arranca ahora su trámite parlamentario. Azpiazu ha querido dejar claro que en ningún caso el Instituto Vasco de Finanzas que “es un Banco público, no es una revisión actualizada del proyecto de banco público vasco y tampoco es una institución que compita abiertamente en el mercado del crédito privado” y ha destacado que se trata de un “instrumento de política económica”.
El IVF ostentará las participaciones financieras del Gobierno vasco en los diversos fondos y sociedades de carácter financiero; gestionará los instrumentos financieros necesarios ligados a las políticas sectoriales del Gobierno; y concentrará su actividad crediticia en operaciones específicas, siguiendo estrategias de coinversión con las entidades financieras.
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