El Gobierno vasco presentará un recurso de inconstitucionalidad contra una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por considerar que invade sus compentencias y “vulnera el autogobierno vasco”. En concreto, se recurrirá ante el Constitucional la disposición adicional 112 de la Ley estatal, que, “sin previa consulta”, impone a Euskadi “herramientas informáticas para la realización de tareas ejecutivas del Gobierno vasco en procedimientos de subvenciones y contratos” que los órganos vascos otorguen en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas aplicaciones informáticas permitirían a la Agencia Tributaria “tener un control sobre los empleados y cargos públicos vascos”, lo que considera el Ejecutivo vasco que es contrario a la Constitución.
La aplicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) evalúa de forma automatizada el “riesgo de posibles conflictos de interés que cargos y personal empleado públicos vasco pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas o licitadoras en el reparto de estos fondos europeos”. Según señala el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, “incluso los miembros de este Consejo de Gobierno están sujetos al escrutinio de la plataforma de la Agencia Tributaria a la hora de conceder subvenciones directas”. En este sentido, consideran que “ni la doctrina constitucional ni la propia Constitución concluyen que el Estado pueda asumir competencias ejecutivas y que las atribuciones estatales en estas materias son de índole normativa, no ejecutiva. Además, la Constitución establece que el Estado no puede arrogarse un control directo de los empleados y cargos públicos autonómicos”.
El recurso al Constitucional se ha aprobado en el seno del Consejo del Gobierno vasco a propuesta de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, pero tal como ha señalado el portavoz, Bingen Zupiria, “ha sido aprobado sin ninguna objeción por parte de nadie”. Es decir, ha contado con el apoyo de la parte socialista del Gobierno de coalición con el PNV. Hay que tener en cuenta también que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron con el voto a favor del PNV en el Congreso de los Diputados. Pese a aprobarse la presentación del recurso, de forma previa se abrirá una negociación en la Comisión Bilateral correspondiente para poder evitar acudir al alto tribunal. Es un sistema fijado por ley.
Así, de momento, se enviará un requerimiento de incompetencia al Estado para que derogue o modifique la orden de desarrollo de la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos en la que se “explicita de forma pormenorizada el funcionamiento de la herramienta informática automatizada, denominada Minerva, que se encargará de evaluar el riesgo de conflictos de interés en la administración vasca”. Tras este requerimiento, el Gobierno central tiene un periodo de tiempo para contestar si se considera o no competente para obligar al uso de dicha herramienta, y “a tenor de tal contestación, el Gobierno vasco tendrá expedita la vía jurisdiccional para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional”.
Infracción del reparto competencial
En la justificación de la necesidad del recurso, el Ejecutivo vasco replica que Euskadi “tiene la competencia y capacidad técnica para desarrollar su propia herramienta y así ha de reconocérsele o, en su caso, Euskadi puede optar voluntariamente por utilizar la estatal, a través de un convenio con la Agencia Tributaria”. En opinión del Gobierno la Agencia Tributaria “está realizando una tarea ejecutiva consistente en un control sobre la abstención de los empleados y cargos autonómicos e incluso con efectos sobre la exclusión de interesados, y lo hace con infracción de las normas de reparto competencial”.
Además, los servicios jurídicos del Gobierno vasco alertan del “riesgo” que comporta la imposición de herramientas estatales en los procedimientos vascos. “Las actuales herramientas informáticas automatizadas de procesos y de inteligencia artificial pueden ser implementadas en algunos trámites desarrollados por la administración autonómica y el Estado puede acabar imponiendo su uso en nuestra administración. Esto supondría una injerencia ilegítima en las tareas públicas que la comunidad autónoma vasca tiene encomendadas, toda vez que el Estado pasaría a realizar actuaciones ejecutivas en nuestros procedimientos, de forma contraria a lo que el Estatuto de Gernika reconoce”.
Por otra parte, la disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado atribuye “funciones consultivas a unos comités antifraude” que no han sido implantados en Euskadi, “sencillamente porque no existe obligación de hacerlo, señala el Ejecutivo. ”Estos órganos están previstos por los ministerios como una medida de sus planes antifraude, opción por la que no ha optado nuestro Plan de medidas antifraude aprobado por Consejo de Gobierno. Estamos ante el resultado de una falta absoluta de consideración hacia la capacidad de autoorganización de la comunidad autónoma“, señalan. El Gobierno también reacciona contra las amplias facultades otorgadas a la Intervención General de la Administración del Estado, como son la emisión de informes para resolver dudas. Una cuestión que en Euskado ”debería ser atribuida a la intervención del Gobierno vasco o a otro órgano experto vasco“.
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