Últimos días de consulta pública sobre la nueva Ordenanza de Terrazas en Madrid: siete preguntas para definir un modelo
Últimos días para participar en la consulta pública previa a la elaboración de una nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración en Madrid. Se trata de una audiencia pública obligatoria, abierta desde el 24 de junio y hasta este lunes 8 de julio (incluido), para que los vecinos se puedan pronunciar al respecto. De ella resultará un texto que supla al aprobado durante el primer mandato de José Luis Martínez-Almeida e impulsado por la anterior vicealcaldesa, Begoña Villacís. Una norma que modificaba la de 2013, pero que acabó siendo invalidada en abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al carecer de los informes económicos y ambientales pertinentes.
La votación, disponible en este enlace de la plataforma Decide Madrid, incluye siete supuestos en torno a un asunto siempre controvertido en Madrid como son las terrazas, especialmente debido a la dificultad de conciliar el negocio de los hosteleros con la tranquilidad y la movilidad de los barrios. A las siete cuestiones abiertas se añade un primer apartado en el que indicar si la persona participa a título individual, como propietario de una terraza/local de restauración o como representante de una entidad. Por último, un noveno casillero permite incluir cualquier “comentario o aportación para mejorar la Ordenanza”.
Seis de los siete apartados con opciones se responden con una valoración de 1 a 5, donde 1 es el máximo desacuerdo y 5 el mayor acuerdo. El número se selecciona tras abrir un desplegable a la derecha de la pestaña de cada casillero. Las cuestiones en las que participar con este sistema son las siguientes:
- Las terrazas de hostelería aportan unos servicios que permiten a los habitantes de la ciudad disfrutar de un lugar de ocio y encuentro (1, máximo desacuerdo sobre esta afirmación / 5, mayor acuerdo con ella).
- Las terrazas de hostelería aportan dinamismo a la actividad comercial, social y económica y favorecen la seguridad de los transeúntes en las calles en las que se sitúan.
- Es necesario que en determinadas zonas o sectores de la ciudad se apliquen instrumentos específicos como las delimitaciones de zonas saturadas y los estudios de ordenación conjunta.
- Es conveniente impedir la instalación de terrazas en algunos espacios específicos de la ciudad.
- Las terrazas de hostelería forman parte del atractivo que la ciudad de Madrid ofrece a sus visitantes.
- Sería adecuado establecer un modelo de materiales y colores de mobiliario homogéneo para toda la ciudad o al menos para algunas de sus zonas.
Un último apartado se contesta mediante la elección de una opción entre tres. A la pregunta “¿cuál sería la principal circunstancia a vigilar y evitar para mitigar los inconvenientes asociados a algunas terrazas?”, el Consistorio planea tres posibles respuestas: incumplimiento por parte de los hosteleros, molestias y conductas inadecuadas por parte de la clientela o falta de control del Ayuntamiento. Solo está permitido seleccionar una de las tres casillas.
A fecha de 4 de julio, más de 3.800 personas se han inscrito en la votación y una cifra similar ha respondido cada uno de los apartados, con excepción del último, ya que solo algo más de la mitad de participantes ha dejado aportaciones específicas.
Nueva norma después de un revés judicial
La nueva Ordenanza llega tres meses después de la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una denuncia del Grupo Municipal Socialista. El escrito daba la razón al PSOE madrileño en tres de los cuatro motivos de nulidad que planteaban, al constatar que la normativa fue aprobada sin el informe presupuestario y el estudio ambiental pertinentes, además de no permitir un periodo de información pública para las ordenaciones conjuntas. El Consistorio tuvo que asumir asimismo 2.000 euros en concepto de costas procesales.
La resolución solo desestimó el punto relativo a las terrazas sobre aparcamientos, extinguidas hace unos meses, que considera ajustadas a la norma. El equipo de Almeida decidió recurrir la sentencia, para de esa forma ganar tiempo antes de aprobar el nuevo marco legal que ahora somete a participación pública.
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