Euskadi reformará esta semana la ley para ayudar a las cooperativas vascas afectadas por las inundaciones de Valencia
El Parlamento Vasco aprobará este jueves, previsiblemente por unanimidad, una reforma de la normativa autonómica de cooperativas de 2019. Se trata de una modificación de urgencia motivada por los efectos de las inundaciones de finales de octubre en Valencia y otras zonas, “la peor DANA en lo que va de siglo”. Algunas cooperativas vascas como Koopera, que tiene otra sede en Ribarroja del Turia, han sufrido grandes daños en sus instalaciones y han pedido apoyo institucional al Gobierno autonómico. El acuerdo posibilitará que estas empresas puedan no destinar el 10% de sus beneficios después de impuestos a un fondo que se llama COFIP (Contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público) y que se destina a formación, actividades sociales y otras tareas, de modo que dispongan de más capacidad financiera para reconstruir sus naves en Valencia, por ejemplo.
Esta modificación legislativa no ha sido publicitada. Como en Euskadi no existe el mecanismo del decreto legislativo del Gobierno, una herramienta que el Estado usa de modo recurrente, en las últimas semanas se ha optado por formalizar este ajuste como proposición de ley, es decir, como propuesta de los partidos, aunque ha sido diseñada en colaboración con la viceconsejería de Trabajo. Viene firmada por los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, pero también por EH Bildu y Sumar. El PP también la apoya -aunque ha amagado con presentar unas enmiendas que ya ha retirado- pero no suele firmar nada con la coalición abertzale. Ni siquiera Vox se ha opuesto a la tramitación, según se vio en una reciente reunión de la junta de portavoces.
La nueva ley será aprobada en la última sesión ordinaria de 2024, este jueves. La tramitación apenas habrá durado un mes, cuando habitualmente el Parlamento tarda meses o incluso años en resolver este tipo de asuntos. Entró en el registro el 14 de noviembre y el 27 de noviembre el Gobierno ya le había dado el visto bueno al emitir un informe favorable.
“Las especiales características que concurren en las sociedades cooperativas, su gran influencia en la economía, y la importante función social que cumplen, debe ser causa de que el poder legislativo vasco trabaje en dotar de un instrumento jurídico propio, ajustado y en constante adecuación, incorporando herramientas innovadoras que permitan a las cooperativas continuar compitiendo y desarrollándose en un mercado tan difícil y cambiante, al mismo tiempo que ponen en práctica su valores, entre los que cabe destacar, entre otros, el sentimiento de comunidad y el compromiso con el entorno social en el que se desenvuelven y con la sociedad en general”, argumenta el Ejecutivo en su informe sobre la ley.
Tanto la justificación de la norma como el informe del Gobierno remacan que el COFIP ya fue flexibilizado por las especiales circunstancias económicas que generó la pandemia de la COVID-19. Entonces se hizo mediante ajustes urgentes por normativa estatal, pero aquellas flexibilizaciones, a las que también se acogieron las cooperativas vascas, ya expiraron. Ahora se trata de “poder hacer lo mismo con los efectos de la catástrofe natural de la DANA” y que eso sirva también para el futuro.
“Se debe generar un marco normativo predecible, claro, y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, facilite la actuación y toma de decisiones de las empresas, evitando, en la medida de lo posible, que la capacidad de la norma para atender determinadas cuestiones quede condicionada en función de la interpretación que se haga en cada momento. En definitiva, con esta modificación, se da cumplida respuesta a las demandas del sector y se dota a Euskadi de una regulación adecuada a las necesidades de las sociedades cooperativas dotándoles de un marco jurídico claro y certero para fijar los términos en los que la contribución pueda ser destinada, de forma temporal y extraordinaria, a determinados fines durante las situaciones de emergencia”, se puede leer. ¿Y qué es una “emergencia”? La norma permitirá modificar el COFIP en casos tasados de estado de excepción, sitio o alarma o también cuando se haya declarado una zona catastrófica por las autoridades estatales o autonómicas competentes.
El texto permitirá a las cooperativas un margen de diez años para recuperar sus aportaciones al COFIP. Con ese dinero liberado podrán contribuir “a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar o reducir la situación de emergencia”, a “paliar sus efectos bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas”. El Consejo Superior de Cooperativas “verificará” la “necesidad” y el “destino” de esos fondos. El PP, además de cambios en la redacción, quería fijar una disposición para que la reforma entrará en vigor “en el día siguiente” a su promulgación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), pero ha retirado estas enmiendas este viernes.
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