Euskadi recibirá entre 2021 y 2023 cerca de 540 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia distribuido entre las distintas comunidades autónomas, de los que 119,49 millones se destinarán a un plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao junto con el viceconsejero de Economía y Fondos Europeos, Jordi Campàs, informa Europa Press.
Azpiazu ha explicado que la distribución del MRR entre los Estados miembros de Europa se ha realizado bajo criterios de afectación de la pandemia, de manera que España ha sido el primer receptor de fondos, con un total de 70.000 millones para subvenciones y 70.000 millones para préstamos. Sin embargo, ha indicado que este no ha sido el criterio de reparto interno entre las comunidades autónomas y, de los 70.000 millones de euros de subvenciones, el Gobierno central ha trasladado que el 50% lo gestionarán directamente las comunidades autónomas y ha señalado que aún no se sabe si España optará a los 70.000 millones de préstamos.
Azpiazu ha precisado que, de esos 35.000 millones de euros que correspondería gestionar a las comunidades, de momento se han distribuido 14.214 millones. El consejero ha explicado que las transferencias a las comunidades se están materializando a través de las distintas conferencias sectoriales en las que se distribuyen los fondos para el desarrollo de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR- que España presentó a Europa. Según han señalado, en algunas conferencias sectoriales como las relacionadas con el cuidado de las personas o la transformación del sector turístico las que las comunidades han podido intervenir en el diseño final pero en otras, como la componente de la enseñanza, la capacidad de intervenir de las comunidades ha sido “muy limitado o inexistente”.
En este sentido, de los 14.214 millones distribuidos hasta la fecha, que supone alrededor de un 40% de lo previsto para transferir a las comunicades en todo el periodo, 538 millones le han correspondido a Euskadi. Azpiazu ha manifestado que, desde el punto de vista cuantitativo, se pone de manifiesto que el reparto se está realizando con criterios de cohesión. Ello, según ha apuntado, “penaliza” a las comunidades con “mejor posición relativa” en el desarrollo de las políticas públicas que se pretenden impulsar con ayuda de los fondos europeos, como es el caso de Euskadi.
Desde un punto de vista cualitativo, ha precisado que los fondos distribuidos en las conferencias sectoriales tienen un carácter finalista y se transfieren con encomiendas de gestión, definidas y diseñadas por la Administración General del Estado y negociadas con Europa “sin tener en cuenta, por el momento, a las comunidades, aun tratándose de actuaciones a desarrollar en el marco de las competencias propias de las comunidades”. “En el mejor de los casos hemos tenido una capacidad limitada para adecuar los contenidos de las actuaciones a ejecutar, pero en otros, la capacidad de influencia ha sido nula”, ha denunciado Azpiazu, que, tras señalar que “todos están aprendiendo” en este proceso, espera que el Estado vaya atendiendo más a sus aportaciones.
Por otra parte, ha recordado que, como llevan trasladando desde hace meses, las actuaciones finalistas para las que se han distribuido fondos a las comunidades “no tienen un claro carácter inversor ni transformador”, sino que “responden más a financiación para la recuperación económica, que a la necesaria transformación de la economía”, que es lo que “Europa prefiere y el Gobierno vasco también”. Azpiazu ha manifestado que, por lo que respecta a la gestión directa por parte del Estado, una parte importante se canalizará mediante el despliegue de convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Según ha precisado, en algunos casos, dichas convocatorias ya existen y servirán para canalizar fondos adicionales a los que venían recibiendo de forma recurrente desde los Presupuestos Generales del Estado y, en otros, se están diseñando nuevas convocatorias de ayudas que canalizarán fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El consejero ha indicado que, así sucederá, por ejemplo, en el caso de los PERTE. Las convocatorias en general están destinadas tanto a entidades locales, como a familias, empresas, universidades, centros tecnológicos, entre otros, y, hasta la fecha, se han lanzado un total de 39 convocatorias, con una inversión total que asciende a más de 3.300 millones. Azpiazu ha señalado que, de esa cuantía, se desconoce por el momento lo que llegará a Euskadi.
Según ha manifestado, desde el pasado mes de mayo, el Departamento de Economía y Hacienda está profundizando con los distintos ministerios en diferentes enfoques para poder emplear estos fondos “de manera transformadora”. “Y no se ve mal la figura de PERTE regional recogida en nuestro programa Euskadi Next, como fórmula para poder impulsar proyectos propios de las comunidades autónomas que no se puedan integrar en los PERTE estatales”, ha añadido.
Azpiazu ha indicado que confían en que las convocatorias que faltan por salir “respondan más y mejor al necesario carácter transformador” que estos fondos han de tener sobre la economía en su conjunto, y que la inversión “permita recuperar un stock de capital que se ha visto deteriorado”. “Es el momento de la inversión y así lo vamos a hacer también con nuestros propios recursos. Vamos a seguir trabajando para que los fondos europeos del MRR se sumen a esta apuesta inversora del Gobierno Vasco”, ha manifestado Azpiazu, que ha defendido el plan Euskadi Next que ofrece proyectos que competirán con otros y “merecen la pena” porque van dirigidos a la “transformación que necesita Euskadi”.
Azpiazu ha añadido que mantienen un “constante contacto, positivo” con los diferentes ministerios para “seguir rediseñando algunas cuestiones y lograr más margen de maniobra” a partir de 2022, de cara a acomodar e integrar los fondos al desarrollo de las políticas públicas que son competencias propias, buscando sinergias y facilitando la capacidad transformadora“.
El viceconsejero de Economía ha ofrecido algunos detalles de la distribución de estos recursos, que, en algunos casos, están previstos para 2021 y en otros para más anualidades hasta 2023, de manera que no es homogéneo el reparto entre todas las componentes. Según ha indicado, son 83 los programas para los que han recibido los 537,75 millones.
Para 2021, la mayor cuantía, un total de 82,41 millones, es la que se va a destinar al plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. En el caso de proyectos para todo el periodo 2021-2023, los mayores recursos son los que se van a dirigir a la componente 22 que es un Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que contará con 119,49 millones para las tres anualidades.
También están previstos 60,75 millones para una Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (componente 1); 55,1 millones para un Plan nacional de capacidades digitales (componente 19); 50,73 millones para la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años (componente 21); 35,22 millones para nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (componente 23) o 13,99 millones para la conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G (componente 15), entre otros.