Euskadi viró en 24 horas de cuestionar el 'pasaporte COVID' a pedirlo para el ocio

La decisión del Gobierno de Iñigo Urkullu de solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder implantar el denominado 'pasaporte COVID', que muestra si una persona tiene o bien la pauta de vacunación completa o bien un certificado negativo, ha supuesto un giro de 180 grados en un solo día en la política mantenida hasta ahora en Euskadi y se ha convertido en la gran apuesta para contener el repunte del coronavirus, que roza ya una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, más del triple que el umbral de 60 que en octubre fue el hito que permitió levantar la segunda emergencia sanitaria de la pandemia. De hecho, el resto de las medidas para localidades con una tasa de más de 150 son genéricas y “complementarias” de los protocolos sanitarios ya vigentes en las últimas semanas, ya que no se modifican ni horarios ni aforos. En definitiva, invitan a los municipios a suspender actividades que generen aglomeraciones, pero no se vetan en ningún caso.

La hemeroteca contiene algunas posiciones públicas de miembros cualificados del Ejecutivo vasco en contra de esta medida ya existente también en Galicia o Catalunya y que Navarra explora. “¿Hasta qué punto podemos poner limitaciones con algo que no es obligatorio?”, se preguntaba en verano en Euskadi Irratia el portavoz, Bingen Zupiria, preguntado por la posible implantación del denominado 'pasaporte COVID' para acceder a locales de ocio y hostelería como por aquel entonces proponía Galicia. En septiembre, fue la propia la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la que zanjó el debate: “No está sobre la mesa”.

Incluso menos de 24 horas antes de que se presentara públicamente la intención de buscar el aval judicial a este mecanismo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pareció descartarlo al asegurar que la comunidad autónoma no tiene “competencias” y que era precisa “una decisión uniforme en el Estado español” porque la vacunación no es obligatoria, ni para la COVID-19 ni para cualquier otra enfermedad. “No soy capaz de adelantar ninguna directriz. [Pero] Se me hace difícil que podamos plantear cuestiones que no estén enmarcadas en una decisión que pueda afectar al conjunto del Estado español”, respondió preguntado expresamente por “limitaciones para personas que no se hayan querido vacunar” tras un encuentro con el ministro-presidente de Flandes, Jan Jambon.

Fuentes del Gobierno remarcan que el cambio de postura viene en una ola con un 90% de los vacunables inmunizados, lo que obliga a ajustar la estrategia. En todo caso, hace unos meses ya se exploró incentivar las vacunaciones juveniles fijando un porcentaje para poder reabrir las lonjas y no fue exitoso el llamamiento.

En septiembre: “No está sobre la mesa el 'pasaporte COVID'”

La consejera de Salud anuncia este martes:

 El lehendakari Urkullu, el lunes:

¿Qué se pensaba hasta ahora? El Departamento de Salud, públicamente y también a puerta cerrada en reuniones del consejo interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, había alegado que el 'pasaporte COVID' estaba concebido exclusivamente para viajar con garantías entre países de la Unión Europea y no para otras funciones. Además, había manifestado su preocupación por la capacidad de control que se les conferiría a pequeños operadores privados, como puede ser un restaurante o un pub, para aplicar una normativa que implica datos personales o para garantizar que los certificados que se presentan son auténticos. El sector de la hostelería ya ha mostrado su malestar, aunque lo cierto es que lleva enfrentándose a las medidas del Gobierno desde que en noviembre del año pasado se clausurara todos los bares y restaurantes y se convocaran manifestaciones.

La medida llega también al margen de la emergencia sanitaria, esto es, sin agotar otras posibilidades contempladas en la ley antipandemia aprobado este año antes de acudir a la Justicia para validar una merma de derechos fundamentales. La relación del Ejecutivo vasco con la sala de lo contencioso-administrativo del Superior no ha sido ni mucho menos pacífica. El tribunal, presidido por el polémico magistrado Luis Garrido, ha paralizado iniciativas autonómicas casi por sistema salvo la última resolución favorable a no permitir el consumo de palomitas en el cine, aunque el ponente fue otro juez de la terna que componen la sala de lo contencioso-administrativo y no Garrido. Sagardui ha confiado en que los togados atiendan a la argumentación jurídica de Salud pero existe como gran precedente que no se pudo cerrar la hostelería en pleno estado de alarma, sin vacunas para la población y con las tasas de incidencia por encima de 500. Por el contrario, el Tribunal Supremo ya ha validado la media en Galicia. Ahora bien, Urkullu nunca ha peleado los portazos del Superior y ha criticado la judicialización de la pandemia.

Precisamente era 500 el umbral que fijaba la alerta roja por alta transmisión comunitaria y la activación de un semáforo que comportaba medidas. A lo largo de 2021 se redujo esa barrera a 400. Se da la circunstancia de que ahora el semáforo se activa con 150. Es otro giro importante en la línea mantenida hasta ahora. Es un nuevo cambio de paradigma cuando se prometió que, con un mayor cobertura de la vacunación, no solamente se atendería a la incidencia acumulada para adoptar medidas sino también a la presión hospitalaria y a otros indicadores complementarios.