La Ertzaintza señala también que “claramente” De Miguel controlaba toda la trama societaria

El notario ante el cual hacía sus gestiones el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, confirmó el martes en el juicio del 'caso De Miguel' que detrás de un puñado de mercantiles sin aparente relación entre sí estaba la mano de quien todos conocen como Txitxo. “La carta de presentación de todas ellas era a través de Alfredo”, manifestó. Este miércoles, en la misma línea, los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, expertos en delitos económicos que participaron en la investigación del desde el inicio, han ratificado esa impresión sobre Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Ezkibel, Eskalmelo, Marratik, Riera Urbanizer o Diru Kapital: “Claramente el que está encima de todo es Alfredo”.

En esta fase final del juicio antes del parón estival y de que arranque la toma de declaración de los 26 acusados, empezando por el propio De Miguel, la Fiscalía busca probar la existencia de una “asociación ilícita” capitaneada por el político y que aparentemente se valía de su influencia para la manipulación de adjudicaciones públicas para recaudar comisiones ilegales. En definitiva, la acusación pública sostiene que las irregularidades en Miñano, Zambrana, el Gobierno vasco o Gorliz no eran casos aislados que compartían personajes sino distintas partes de un todo.

A preguntas del fiscal Manuel Pedreira, los ertzainas, que han declarado en más de media docena de ocasiones a lo largo de los últimos meses, han indicado que las pruebas analizadas muestran que “las consultas” sobre cuestiones económicas o de facturación de las empresas “siempre” se hacían “a través de Alfredo”. “Si hacía falta algo, Alfredo de Miguel [...] Estaba al corriente de todo”, han resumido los agentes, que han apuntado también al papel destacado de otro excargo del PNV, Koldo Ochandiano, en cuyo camarote apareció un cuaderno con anotaciones sobre las presuntas comisiones y el dinero negro.

Por su parte, los abogados de los imputados han buscado los resquicios de los informes de la Ertzaintza para tratar de cuestionar sus contundentes conclusiones. “Ustedes miran por su trabajo y yo por un señor al que le piden 50 y pico años de prisión”, ha ironizado Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel y que a lo largo del juicio ha mantenido varios interrogatorios tensos con los policías, a los que llegó a acusar de manipular pruebas.

Jon Iñaki Echaburu, constructor y afiliado al PNV, está acusado de pagar comisiones a esas empresas vinculadas a De Miguel. Su letrado, sin embargo, ha querido establecer una duda razonable de que al menos uno de esos pagos sospechosos no fue tal. Se trata de 10.080 euros que ingresó Errexal, una cantidad equivalente al 4% de una adjudicación de obras a Construcciones Loizate en Lapuebla de Labarca (Álava) y que constaba reflejaba en el cuaderno de Ochandiano. Mikel Zuloaga ha recordado que la factura de ese pago aludía a “cartelería de obra” y ha querido poner sobre la mesa que no se investigó si Loizate necesitó de esos elementos en otros lugares que no fueran Lapuebla de Labarca. “No lo hemos podido precisar”, han admitido los agentes. También ha indicado que no existe un pago como tal de esos 10.000 euros de Errexal a Alfredo de Miguel en esas fechas que pueda sostener que exista una comisión ilegal, aunque los ertzainas han destacado el constante flujo económico entre Errexal y la considerada como pieza central de la trama societaria, Kataia Consulting.

Sin embargo, en el sumario consta que esa factura de Errexal tiene como fecha un día en que la compañía ni siquiera existía. Igualmente, esa versión de que los carteles de obra aparentemente se colocaron en otro lugar distinto a Lapuebla de Labarca no casa para nada con la aportada en la fase de investigación por el propio Ochandiano. Preguntado por las notas de su cuaderno, dijo que el 4% no tenía que ver con carteles sino más bien con servicios de consultoría de calidad para Loizate.

Vínculos con la incineradora de Gipuzkoa

La sesión de este miércoles, a la que han asistido De Miguel y el tercero de los exdirigentes del PNV alavés acusados, Aitor Tellería, ha arrancado con un testigo propuesto por las defensas, el experto en marketing y comunicación Juan Antonio Bilbao. Citado para desmontar las acusaciones de la Fiscalía sobre la presunta asociación ilícita, Bilbao ha acabado dando pistas de la conexión entre los imputados.

El compareciente se ha presentado en principio como socio del exconcejal en Leioa Iñaki San Juan en la empresa Errexal, con quien colaboraba en trabajos para la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. A De Miguel, ha dicho, sólo le conocía de algún evento sobre vinos que él organiza. Sin embargo, él mismo se ha situado también en Zambrana al explicar que se le propuso ser la “agencia de comunicación” de los promotores catalanes, Construcciones Riera, que además de en el 'pelotazo' en el Sur de Álava (calculado en 65 millones de euros) parecían interesados en la incineradora de Gipuzkoa y en una planta de biodiésel en el puerto de Bilbao, porque también encargaron a la empresa de Bilbao la llevanza de esos proyectos.

Este dato sobre Zambrana lo ha aportado Bilbao tras una pregunta llamativa de la abogada de San Juan, Ainhoa Mentxaka, que le había hablado de “Francesc García” y de la empresa “Energy”. El testigo ha sabido perfectamente, sin aclaraciones, que se refería en realidad a “Francesc Fernández” y a “Enginergy”, gestor de Riera y una de sus filiales, respectivamente. Ha reconocido que con el constructor catalán le unía una afición común “por el vino y la música barroca”.

El objetivo de la defensa de San Juan era establecer que determinados contratos que el Gobierno vasco encargó a Errexal se realizaron de manera efectiva, al contrario de lo que sostienen tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco, que por segunda jornada consecutiva ha participado en los interrogatorios para alinearse contra la gestión de Xabier Sánchez Robles (PNV) al frente de Juventud, de donde salieron las adjudicaciones 'a dedo' bajo sospecha.

Uno de los ejemplos de contratos que no consta que se realizaran a pesar de haber sido cobrados es un supuesto trabajo de montaje de un 'stand' en una feria de Murcia. El encargo lo recibió Kataia Consulting. Sin embargo, el testigo ha aludido a que el trabajo lo realizó Errexal con su colaboración. Ha explicado incluso detalles de su viaje a Murcia. La letrada del Gobierno, Jaione Juaristi, le ha pedido datos sobre el técnico de la Administración que les acompañó y supervisó ese 'stand' supuestamente oficial para un evento igualmente oficial. La respuesta: “No lo recuerdo. No lo sé”.

Facturas “a la carta”

El fiscal Pedreira se ha referido también a otras facturas emitidas por la empresa de Bilbao (Vanitas et Veritas o Dosuve, contratista habitual de la Administración y que incluso ha trabajado “para el PP y para el PSOE”) para justificar gastos y trabajos de Errexal o de Ortzi Muga, la otra firma de San Juan y que operaban de manera similar. Le ha mostrado que en el sumario constan facturas de la misma fecha y precio pero con conceptos distintos, dando a entender que se confeccionaban “a la carta”. Bilbao ha tenido que admitir que por la “confianza” con San Juan “podría ser” que todas las facturas no se correspondieran con servicios prestados. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha mostrado su sorpresa por este comentario y ha preguntado si esta práctica la hacía con todos los clientes.

En relación también con los contratos sospechosos de Juventud, por los que además de Sánchez Robles ha sido procesado su superior político, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, como firmante de las adjudicaciones, su letrado Miguel Alonso ha vuelto a establecer una diferenciación entre ambos al buscar de los agentes de la Ertzaintza la constatación de que Larrañaga no mantenía ninguna relación con De Miguel, San Juan y otros acusados, al menos de la lectura de los correos electrónicos. Hasta el momento, es una de los pocas estatregias de defensa diferenciadas entre los imputados, que por lo general siguen la línea común de criticar las acusaciones de la Fiscalía y sostener que el 'caso De Miguel' no tiene fundamento.