“La práctica de los vientres de alquiler produce unos beneficios millonarios. Podemos catalogarlo de extractivismo de seres humanos porque la transacción económica y los contratos mercantiles se producen en una única dirección: de los países mas pobres a los más ricos en una lógica capitalista del siglo XXI y con un profundo sesgo de clase. Es explotación colonialista y clasista. Se produce el flujo de seres humanos en un contexto capitalista desde países pobres y dentro de los países occidentales desde las mujeres con menos recursos. Sorprende que partidos políticos que se adscriben a planteamientos decoloniales no hayan denunciado explícitamente esta práctica, cuando en realidad los hechos son cristalinos. No hay mujeres suizas pariendo bebés para familias de Mauritania o El Salvador”, han denunciado en el Parlamento Vasco desde la plataforma Las Criadas, compuesta por distintas asociaciones feministas y mujeres en contra de los vientres de alquiler.
La plataforma se creó al anunciarse la celebración de dos congresos sobre gestación subrogada en Bilbao. El primero de ellos, el XVI Congreso de la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida (ANACER) celebrado los días 16 y 17 de junio y, el segundo, el I Congreso Internacional sobre Gestación Subrogada organizado por asociaciones de familias con bebés nacidos por esta práctica y mujeres que se han sometido a ella y celebrado del 20 al 21 de julio. En ambas ocasiones Las Criadas se manifestaron en la puerta de los congresos vestidas simulando 'El cuento de la Criada' y trataron de impedir su celebración mediante una denuncia ante Fiscalía, sin embargo, la denuncia fue archivada.
“En ambos eventos se reflejaban, únicamente, los intereses y la postura favorable de las asociaciones organizadoras, con el claro objeto de promocionar y normalizar una práctica, la de los vientres de alquiler, ya debatida, y que es ilegal según las leyes de nuestro país, que prohíben su publicidad por considerarla, directamente, una forma de violencia contra las mujeres. Una práctica que tiene detrás grandes intereses económicos y comerciales y que usa un lenguaje con un aspecto aparentemente técnico, inocuo, impersonal y muchas veces incomprensible para la ciudadanía, como maternidad subrogada, gestación por sustitución, vientres de alquiler, detrás del que se esconde un potente mercado internacional cuyo modo de producción (lo que se alquila) son las mujeres y cuyo producto (lo que se compra) son personas recién nacidas. En ambos casos, seres humanos”, han señalado durante la comparecencia celebrada este lunes en el Parlamento Vasco a petición de Isabel González, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU.
En la explotación de la mujer con fines reproductivos la consideración de la mujer como un sujeto de derecho desaparece
Tras asegurar que en España la práctica de los vientres de alquiler “está prohibida según la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida que refuerza la nulidad de pleno derecho de los contratos de subrogación y la ilegalidad de los vientres de alquiler”, desde Las Criadas han insistido en que “en la explotación de la mujer con fines reproductivos la consideración de la mujer como un sujeto de derecho desaparece”. “Se le transforma en un objeto y por extensión el recién nacido que pare también es considerado un objeto”, han denunciado, para después explicar que en la actualidad existen contratos entre la madre y la familia en los que hay cláusulas que estipulan indemnizaciones a la familia en el caso de que el nacimiento del bebé no se produjera. “Con el fin de garantizar que pase lo que pase no haya sorpresas económicas, como si fuese una compra en Amazon y no se tratase de la vida de seres humanos”, han indicado.
Según las asociaciones, a Euskadi llega un tercio de los casos que llegan a España, con un total de 250 bebés nacidos al año mediante este práctica en otros países en los que sí que está permitido, por lo que han exigido al Gobierno vasco campañas de sensibilización para evitar estas prácticas. Sin embargo, al menos dos normativas autonómicas vascas asimilan plenamente los vientres de alquiler con la adopción y ya se han dado los primeros casos de funcionarios que han pedido permisos de crianza tras haber ejercido la maternidad/paternidad por esta vía, según confirman fuentes oficiales. De hecho, desde el 1 de marzo están activas las nuevas ayudas por hijos con las que Euskadi desea impulsar la natalidad y la norma general que implica el abono de 200 euros mensuales durante 1.000 días o tres años después del nacimiento, se aplica también a la adopción, a la acogida y a quienes registren un bebé gestado adquirido por subrogación.
“Quienes defienden los vientres de alquiler como una técnica reproductiva más, intentan que el foco de atención se ponga únicamente en las historias personales de las familias, o de alguna madre gestante que llevan a conferencias, con el fin de evitar que se ponga encima de la mesa la cuestión ética que impregna de hecho todo el problema”, han explicado, cuestión que se reflejaba en los dos congresos en los que las propias mujeres contaban su experiencia positiva gestando los bebés para otras familias. “Realmente estamos ante una cuestión ética de principio a fin, no cabe la opción de eludir la ética en ninguno de los puntos a considerar de la problemática en su conjunto. La experiencia de una sola persona no puede pasar por encima de los derechos reconocidos del 99% de las partes implicadas, y precisamente esa es la estrategia utilizada por quienes defienden los vientres de alquiler. Enterrar la ética a favor de los intereses comerciales y de un supuesto deseo de maternidad o paternidad pero ligado a una transmisión genética, porque la posibilidad de la maternidad o paternidad por medio de la adopción queda completamente ignorada”, han argumentado.
Todos los partidos con representación en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco han coincidido con Las Criadas en que los vientres de alquiler o gestación subrogada está prohibida en España y por tanto, se debe evitar que siga ocurriendo. “Es explotación del cuerpo de la mujer, explotación reproductiva y también es violencia machista. No podemos permitir que los deseos de unas recaigan en las necesidades de otras”, ha aseverado la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González.
Carmelo Barrio, del PP, también se ha mostrado contrario a esta práctica, pese a que su partido declarara el pasado marzo y con motivo de la polémica surgida por el caso de Ana Obregón -en el que tuvo una bebé a través de esta práctica en EEUU y la trajo a España- que estaba dispuesto a abrir un debate “sosegado y serio” para regular los vientres de alquiler siempre que “no medie en ningún caso una contraprestación económica”, según indicaron fuentes de la dirección popular de Alberto Núñez Feijóo.
“La mercantilización es un negocio no admisible en relación con esta situación. La mercantilización de estas cuestiones es una línea roja, nosotros somos claros en ese sentido. Es una línea roja infranqueable todo lo que tenga que ver con el negocio a través de estas cuestiones. Lógicamente saludamos el hecho de que tengamos una normativa clara en ese sentido a través de las leyes. Ahí está esa normativa y esperamos que sea clara siempre en relación con evitar cualquier negocio no admisible y cualquier mercantilización de estas cuestiones”, ha explicado Barrio haciendo referencia a que tanto las “personas como él” como “la Conferencia episcopal y la Iglesia Católica” comparten este mismo criterio.
La portavoz del PSE-EE, Miren Gallástegui, se ha limitado a decir que la gestación subrogada es “una práctica absolutamente prohibida en nuestro país”. “Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa prohibición y esta es la posición del grupo socialista y no tengo nada más que decir al respecto”, ha indicado.
Es explotación del cuerpo de la mujer, explotación reproductiva y también es violencia machista. No podemos permitir que los deseos de unas recaigan en las necesidades de otras
Desde EH Bildu, Eraitz Saez de Egilaz, ha señalado que EH Bildu está “en contra de los vientres de alquiler y del mercado que surge a raíz de ellos” y que, en este sentido, han apoyado “la ley de Solo sí es sí del Gobierno español”. “Sabemos que esa ley prohíbe la publicidad de los vientres de alquiler y la promoción de ese mercado. Nosotros nos mantenemos en esa línea ahora y en un futuro”, ha insistido. Por su parte, Eva Juez, portavoz del PNV, de forma más escueta ha indicado que “hay mucho que decir y que estudiar” sobre este tema, pero que, por el momento “reciben el mensaje” de las asociaciones feministas y “entienden sus quejas”.
“La sociedad no entiende el proceso de los vientres de alquiler, porque la información que hay es muy escasa. No sabe lo que se hace, ni los problemas legales que hay, ni que hay tramas delictivas que están actuando de por medio. De todos los bebés que llegan a España habría que analizar cuántos de ellos llegan por vía de trata. El que haya un mensaje permisivo en la sociedad y el que no se explique lo que está pasando hace que haya más demanda. Si se fomenta la demanda y se convierte en una actividad comercial, como hay pocas mujeres dispuestas a alquilar su vientre, lo que se fomenta es que haya más tramas delictivas y trata de mujeres y de bebés”, han concluido Las Criadas.
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