El Gobierno vasco ha aprobado este martes la construcción de dos depósitos de seguridad para albergar los escombros del vertedero de Zaldibar en el que un derrumbe ocurrido el pasado 6 de febrero sepultó a dos trabajadores que casi un mes después siguen en paradero desconocido. Las celdas acogerán 300.000 metros cúbicos de residuos y serán selladas posteriormente.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes, a propuesta del Departamento de Medio Ambiente, un decreto en el que se plantea la ejecución urgente de estos depósitos de seguridad, para los que, según ha señalado el portavoz del Gobierno vasco Josu Erkoreka, no hay una memoria económica específica, pero según la ley vigente, se le podrá exigir el dinero destinado a esas actuaciones a la empresa -en este caso Verter Recycling- o a un “tercero que haya causado el daño o la amenaza inminente de daño”.
Con la creación de estas dos celdas, que forman parte de las medidas de urgencia que el Ejecutivo está llevando a cabo de forma subsidiaria para prevenir nuevos deslizamientos, se busca facilitar las labores de rescate de los dos trabajadores, controlar los incendios originados tras el derrumbe y encauzar los lixiviados. Por recomendación de los técnicos los depósitos se construirán en terrenos adyacentes al vertedero para minimizar las afecciones al medio ambiente y los riesgos del transporte de los residuos retirados. Parte de esos terrenos pertenecen a la empresa propietaria del vertedero Verter Recycling y otra parte es de varios propietarios.
La capacidad estimada del “depósito 1”, situado en la parte baja del vertedero, será de 140.000 metros cúbicos, y la del “depósito 2”, que se ubica en la parte superior, será de 160.000, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno. De esta manera, se almacenarán los residuos del vertedero que se están retirando en los trabajos de rescate de los Alberto y Joaquín, los dos trabajadores sepultados en el deslizamiento de tierras, y en las labores de consolidación de este espacio y del talud de la autopista AP-8.
Las actuaciones se realizarán con “todas las garantías”
El Gobierno vasco ha asegurado que estas actuaciones “se llevarán a cabo con todas las garantías para asegurar la impermeabilización de los terrenos, la salida de gases y el adecuado drenaje y recogida de las aguas”. Una vez que los depósitos alcancen la capacidad prevista, serán sellados.
El decreto aprobado subraya la “utilidad pública e interés social” de esta intervención, así como la “urgencia de la ocupación temporal de los terrenos” necesarios para su creación, que se llevará a cabo por una empresa experta en ingeniería ambiental.
A pesar de que el Gobierno vasco ha declarado en varias ocasiones que el vertedero de Zaldibar es de materiales no peligrosos, los residuos han pasado a ser calificados de peligrosos a efectos de su tratamiento, ante la posibilidad de que se hayan mezclado en el deslizamiento con el contenido de las celdas autorizadas para acoger materiales de construcción con fibrocemento (amianto).
“Situación de emergencia”
Al tratarse de una “situación de emergencia” el proyecto no se someterá a las habituales evaluaciones de impacto ambiental y de calidad del suelo, algo que la legislación permite en estos casos. También se le ha eximido de obtener las licencias urbanísticas municipales.
El Gobierno vasco ha recordado que está actuando de forma subsidiaria y que la ley estatal de Responsabilidad Ambiental de 2007 establece que corresponde a la empresa propietaria “sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos”. En concreto, el artículo 9 de dicha ley señala que “los operadores de las actividades económicas o ambientales incluidas en esta ley están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos”.
La norma establece que una vez resuelta la situación de emergencia, la autoridad competente “dictará resolución fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas en aplicación de este artículo y el obligado u obligados a satisfacerlos”. A su vez, también establece que se le podrá exigir el dinero destinado a esas actuaciones a la empresa o a un “tercero que haya causado el daño o la amenaza inminente de daño”.