“Me va a permitir que no le conteste si va a llegar o no en abril. Vamos a intentar hacerlo cuanto antes, en las próximas semanas”. El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado que, por tercera vez, el Ejecutivo no ha llegado a tiempo a su propio plazo para presentar la nueva Ley de Educación y ha optado por la prudencia. Por el momento, solamente se conoce un borrador que ya ha sido modificado en al menos dos ocasiones.
No se aprobó el proyecto en octubre, la primera promesa, no llegó en Navidad, la segunda, y tampoco será ya posible en el primer trimestre de 2023, la tercera. Fuentes de Educación insisten en que abril es ahora el nuevo escenario pero, al mismo tiempo, el Gobierno ya no oculta que “el calendario aprieta” y que quizás ya no haya margen en lo que queda de legislatura autonómica para que el Parlamento Vasco complete el proceso en lo que es una de las propuesta estrellas de la legislatura.
Preguntado por los periodistas, Zupiria ha informado de que en el Consejo de Gobierno de este martes el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha entregado un “documento de seguimiento” del calendario legislativo y ha admitido que, en efecto, en ese informe figuraba la Ley de Educación “en el primer trimestre”. “No ha podido ser. Educación aún no cuenta con todos los informes necesarios. El consejero Jokin Bildarratz ha manifestado su intención de que sea en pocas semanas”, ha explicado.
El portavoz, en castellano, ha explicado que “si cuenta con el beneplácito” de la Cámara habrá margen para que esté en vigor “esta legislatura”. Con mayoría absoluta, no hay un problema político como tal. “Ése es el objetivo de este Gobierno”, ha indicado. Sin embargo, en euskera, ha admitido la evidencia de que el calendario no es nada favorable. “Aprieta”, ha admitido.
Sin que se sepa realmente cuándo serán las autonómicas en 2024, es ya conocido que ahora el Parlamento para por Semana Santa, luego por el puente local de San Prudencio y después por la campaña electoral de las municipales y forales. Salvo orden en contrario, julio, agosto y la mitad de septiembre son inhábiles y, después, habrá parón por las elecciones generales. Además, en el último tramo del año hay que priorizar el debate presupuestario al resto de leyes. Enero, de nuevo, es inhábil y, a partir de ahí, el margen es una incógnita.
La norma se fundamenta en un acuerdo político previo entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Sin embargo, esta última coalición viene mostrando sus reticencias desde hace meses por el papel que jugaría la enseñanza pública en la comunidad con más porcentaje de alumnado en centros de titularidad privada. Agentes sindicales y sociales se han expresado en términos similares. Además, PP+Cs y Vox están radicalmente en contra y no sería extraordinario que pudieran pedir ampliación de plazo de enmiendas una vez iniciada la tramitación.
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