El Gobierno de Urkullu aprueba en la prórroga el decreto para controlar los precios de la cadena alimentaria

Con bastante retraso sobre lo que estaba previsto, Euskadi cuenta ya por fin con una regulación específica para controlar los precios de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. El Ejecutivo vasco, en funciones, ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes el decreto que desarrolla la ley estatal de Cadena Alimentaria de 2021, una normativa en la que la consejera Arantxa Tapia, ha señalado que su Departamento, el de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, lleva trabajando meses en “colaboración estrecha” con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. De hecho, se aprueba ya en el tiempo de descuento del Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque Tapia ha justificado la aprobación por el Gobierno en funciones en la importancia de poner en marcha este instrumento cuanto antes una vez superado el proceso administrativo para su aprobación.

El decreto aprobado este martes pretende asegurar la transparencia en los contratos que regulan los precios en los diferentes eslabones de la denominada cadena alimentaria, es decir desde la producción hasta el supermercado, en un marco de competencia “justa”. Y regula los “sistemas de control, inspección y sanción” para salvaguardar el reequilibrio, con unas sanciones que pueden ir desde los 200 euros al millón de euros, según las cantidades que fija la ley estatal. De las labores de inspección se ocuparán siete personas.

Las sanciones pretenden poner coto, esencialmente a que se esté pagando al productor por debajo del coste de producción o que los contratos que se estén elaborando entre los diferentes eslabones no estén suficientemente regularizados, que haya situaciones de abusivas o que se esté incumpliendo la ley de morosidad. Para ello, será fundamental la actuación del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, organismo que ya existe actualmente, y que analizará los diferentes costes de producción de los alimentos. En estos momentos tienen analizados los de trigo, cebada, patata, remolacha, sidra y uva de la Rioja Alavesa, leche de oveja y de vaca, carne de bovino, huevo, bonito fresco, verdel y anchoa. Estos costes de producción se actualizan una vez al año en aquellos productos que se recolectan una vez al año, como es el caso del trigo o la uva, pero se actualizarán como mínimo tres veces al año en el caso de productos con costes más volátiles como por ejemplo la leche o la carne de vacuno.

Por ejemplo, por 100 kilos de producción de trigo, se analizan los distintos aspectos que van sumando en el coste de producción, desde el precio de la semilla, al coste de mano de obra o al precio de la maquinaria. Si en 2020 el coste era de 22,15 euros, en marzo de 2023 ascendía de 30,42 euros por cada 100 kilos de trigo.

En el caso de la leche de vaca, por ejemplo, si el coste de producción era de 0,387 euros por litro de leche en 2020, en diciembre de 2023 es de 0,499 euros por litro. En función de estos costes de producción y de los diferentes contratos que se realicen a lo largo de la cadena -que estarán registrados- podrá establecerse que los precios -al margen de que haya una lógica ganancia- que mantienen un equilibrio en toda la cadena. No está muy claro cómo se podrá controlar en el caso de que alguno de los eslabones esté fuera de la comunidad autónoma vasca, aunque Tapia ha asegurado que siempre se tendrá fijado un precio mínimo según el coste de producción

Con esta normativa se prevé en parte mitigar las “dificultades actuales del sector agrario”, que el Ejecutivo reconoce como el “eslabón más débil” en esta cadena, por su especial vulnerabilidad, especialmente en un contexto globalizado y en una tendencia “persistente” de aumento de los costes de producción para el sector, especialmente como consecuencia de la guerra de Ucrania.

“En Euskadi, el sector agroalimentario es estratégico, especialmente en los primeros eslabones de la cadena y existe una debilidad estructural en las relaciones comerciales entre el sector agrario y su relación con eslabones comerciales; además, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado, observamos una tendencia persistente de aumento de los costes de producción y esto afecta especialmente al primer sector, que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, dependiendo en gran medida de las coyunturas económicas y los ajustes en la cadena de suministro”, ha señalado Tapia. “Por eso el objetivo de las medidas e instrumentos planteados es establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, y a asegurar, en la medida de lo posible, la transparencia de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria en general”.

La normativa establece la puesta en marcha de tres instrumentos: por un lado la Autoridad de Ejecución que es la que establece los mecanismos de inspección, control y sanción, que afectarán a toda la cadena alimentaria en Euskadi, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor. Por otro, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, que tiene entre sus objetivos favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, y en particular, del sector primario. Con este Código se pretende ayudar a poner en valor los productos agroalimentarios de calidad; mejorar la información y la percepción que reciben las personas consumidoras de los productos agroalimentarios y del funcionamiento de la cadena alimentaria; mejorar la transparencia en las relaciones comerciales; y promover el establecimiento de contratos alimentarios ajustados a la Ley, entre otros.

Por último se reconoce el ya existente Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, además de para elaborar los informes de coste de producción, como órgano de seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los costes de los alimentos. Esta entidad tiene entre sus funciones divulgar el 'Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria', promoviendo adhesiones de entidades operadoras al mismo. El observatorio también se dedicará a elaborar propuestas de actuación y recomendaciones para toda la cadena alimentaria, y a realizar el seguimiento y la evaluación de las prácticas comerciales empleadas por las distintas entidades operadoras de la cadena.