El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al recurso presentado por LAB contra la externalización de los servicios de lavandería del hospital de Santa Marina de Bilbao e impide que siga contratando a una empresa externa para realizar dichas tareas. El sindicato había presentado un recurso en febrero de 2023 ante el Órgano de Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) contra el pliego de contratación con el que Osakidetza pretendía seguir externalizando los trabajos de lavandería. El recurso fue estimado por el organismo y Osakidetza apeló entonces al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que también ha dado la razón a LAB, por lo que “no se podrá seguir contratando a una empresa externa para realizar dichas tareas”, señalan.
El argumento del sindicato y al que se acoge la sentencia del Superior, es que en el convenio colectivo de Osakidetza se establece que el Servicio Vasco de Salud asume “el compromiso específico sobre la creación por parte del ente público de un servicio propio de lavandería para Bizkaia, comprometiendo su puesta en marcha durante la vigencia del acuerdo, para la asunción paulatina de los servicios subcontratados por los centros de Osakidetza según vayan venciendo los respectivos contratos”. Este convenio, en el que se recoge “el compromiso de publificar la lavandería en Bizkaia” es de 2007, por lo que “en 18 años, la dirección ha obviado dicho compromiso repartiendo a diferentes empresas el pastel que supone la gestión de estas tareas de lavandería”, señalan desde el sindicato. “Tras la sentencia del TSJPV Osakidetza tiene dos opciones: crear una empresa pública que se ocupe del servicio de lavandería de Bizkaia o seguir litigando ante el Supremo empeñada en las privatizaciones”, señala Jesús Oñate, responsable del área de Osakidetza del sindicato LAB.
Desde el sindicato mantienen que se lleva a cabo una estrategia de “desmantelamiento” sostenida en el tiempo, ante la que la central lleva a cabo “un frente” desde hace dos años para “desbaratar dichos planes” con el que “se ha llegando a paralizar más de 163 millones en externalizaciones”. En total, el sindicato ha parado una decena de pliegos de contratación que abarcan diferentes categorías de empleados que prestan servicios en Osakidetza, como operarios de servicios, tareas de costura, mantenimiento y radiofísica hospitalaria, que se suma al personal que realiza tareas en los servicios de informática o técnicos de electromedicina. “Trabajos que pueden prestarse desde la plantilla de Osakidetza sin necesidad de subcontratar”, indican.
En este sentido, llaman la atención sobre la “relevancia” de la sentencia del Superior porque, “tal y como admite la propia dirección de Osakidetza en sus alegaciones, supondría la contratación de cientos de puestos de trabajo, correspondientes mayoritariamente a operarios y operarias de servicios”. “La sentencia lograda por LAB es suficientemente contundente: La justificación para acometer la externalización no satisface lo exigido por la ley de contratos del sector publico; de aceptarse tal justificación, podría valer para externalizar todos los servicios; alegar de manera vacía no disponer de medios humanos y materiales no es suficiente; alegar el alto coste que conllevaría asumir dichos trabajos tampoco es un argumento válido, puesto que eso se tuvo que valorar cuando se adquirió el compromiso firmado libremente en 2007; y Osakidetza tampoco ha acreditado calendario o planificación alguna para dar cumplimiento a dicho compromiso”, señalan.
LAB solicita a la dirección de Osakidetza que “aparque la estrategia de debilitamiento de la sanidad pública y su venta a trozos a las empresas que pretenden parasitar una institución que concentra una preocupación ciudadana sin precedentes”, asuma el fallo del TSJPV y no siga “intentando la huida hacia delante recurriendo ante el Tribunal Supremo”. En lugar de eso, pide a Osakidetza que inicie un calendario para “iniciar los procesos de publificación inmediatamente”. Desde LAB han criticado también que cuando el PNV niega que esté privatizando la sanidad sino “trabajos complementarios” se trata de una “amenaza implícita” que afecta directamente a más del 20% de la plantilla.
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