El consejo del Instituto de la Memoria (Gogora), al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado el visto bueno este lunes a una propuesta para elaborar unas 'Bases compartidas para la construcción social de la memoria en Euskadi'. Se trata de un intento de sortear el bloqueo que, durante años, ha vivido la ponencia creada al efecto en el Parlamento Vasco tras el final de ETA allá por 2011 y que no ha sido capaz de alumbrar por falta de acuerdo político lo que, en los pasillos de la Cámara, se conoce como el “suelo ético”. Siempre se ha destacado de Gogora que, en su consejo, participan desde siempre todos los partidos políticos vascos con grupo parlamentario. El texto, encargado a tres historiadores y tres víctimas (dos de ETA y una del GAL), deberá estar listo para el Día de la Memoria de este año, que se celebrará el 10 de noviembre. La iniciativa ha sido aprobada por mayoría amplia en el consejo (18 'síes') pero entre las cuatro abstenciones están las de los representantes de EH Bildu y del PP, las mismas formaciones que en los últimos años se han desmarcado por motivos opuestos de los trabajos de la ponencia parlamentaria.
“El proyecto pretende trascender del debate estrictamente político -sin, por supuesto, sustituirlo-, y propiciar una nueva mirada y una dinámica sobre la base de la dialéctica historia-memoria. Una dinámica que suponga una manera renovada de acercarnos a nuestro pasado reciente, desde el presente y con una máxima y horizonte para el futuro: memoria para la convivencia. Porque la mirada retrospectiva a nuestro ayer debe tener mucho de prospectiva, de futuro y de expectativa”, ha señalado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, competente en materia de Derechos Humanos. Ha destacado también la importancia de atender en este trabajo “la realidad objetiva de los hechos, de todos los hechos, y la memoria de todos, especialmente de las víctimas, de todas las víctimas”.
Y ha añadido: “Historizar las memorias, memorializar la historia. Éstos son los términos de la dialéctica. Se trata, sí, de mirar a través de los ojos de las víctimas, pero al mismo tiempo de trascender de la simple memorialización de la historia. Se trata, sobre todo, de historizar esas memorias, de explicar y de comprender los porqués”.
Indica el Gobierno que los comisionados para elaborar esta reformulación del “suelo ético” serán seis, pero que tendrán más apoyos. “El equipo de trabajo estará integrado por tres historiadores y tres víctimas, quienes contrastarán su labor con una veintena de expertos y expertas de disciplinas y sensibilidades diferentes vinculadas a las políticas de memoria. El contraste incorporará un amplio abanico de dimensiones tales como la experiencia internacional, la historia reciente del País Vasco, la perspectiva ética y filosófica y las aportaciones y visiones de los agentes sociales y los partidos políticos”, explica el Ejecutivo. Los historiadores son Eider Landaberea, Virginia López de Maturana y Unai Belaustegi. Y las víctimas Josu Elespe (hijo del concejal Froilán Elespe, asesinado por ETA en 2001), María Jauregi (hija de Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, y de Maixabel Lasa, exdirectora de la oficina de Víctimas del Ejecutivo) y Axun Lasa (hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL junto a Joxi Zabala en 1983). Los dos primeros ya forman parte del consejo de Gogora.
“Este equipo desarrollará su labor, regida por los principios de autonomía y discreción, entre los meses de marzo y octubre y presentará sus conclusiones en el marco del Día de la Memoria de 2022, el próximo 10 de noviembre”, añade el Gobierno. No obstante, precisamente ese 10 de noviembre ha sido motivo de desavenencias políticas prácticamente desde su origen. El primero se celebró en 2010, se eligió la fecha por ser uno de los pocos días sin asesinatos terroristas y, desde entonces, nunca ha sido unánime. Aquí se puede leer una cronología con lo ocurrido en todas las ediciones hasta 2020 y aquí lo ocurrido en 2021.
El precedente del bloqueo parlamentario durante tres legislaturas
En el inicio de la legislatura, el Gobierno ya avanzó su intención de que Gogora asumiera la realización de este diagnóstico. Es ya la cuarta legislatura con este asunto encima de la mesa. Hace ya más de una década que en el Parlamento Vasco se constituyó un foro conocido como “ponencia de paz”. De hecho, fue creada meses después del final del terrorismo de ETA, hito del que se han cumplido diez años en otoño. Era la legislatura de Patxi López y PSE-EE, PNV, PP, IU y la parte de Aralar crítica a la entonces incipiente coalición EH Bildu acordaron un documento que pasará a la historia con el sobrenombre de “suelo ético”. Lo rechazaron los afines en Aralar a la nueva marca abertzale, EA y, por motivos opuestos, UPyD. En total, 72 de los 75 apoyos en el hemiciclo. Estos hechos provocaron la ruptura de Aralar. Encabezó aquella polémica quien era su portavoz desde 2005, Aintzane Ezenarro. Ezenarro es ahora la directora de Gogora a propuesta del PNV.
El recorrido de aquel consenso fue muy breve. En la siguiente legislatura esta comisión acabó encallando. EH Bildu ya obtuvo su propia representación parlamentaria -y como segunda fuerza- y no compartió esas bases. Ello alejó inicialmente al PP -y también a UPyD- y meses después a los socialistas, de modo que PNV y EH Bildu se quedaron solos en ese foro. Todavía tras las elecciones de 2016 se le dio un tercer intento. Renació en 2017, igualmente con el 'no' rotundo del PP, recogió testimonios de víctimas y de expertos pero, a la hora de las conclusiones, las discrepancias volvieron a aflorar, también entre PNV y PSE-EE, ya socios de coalición.