El Gobierno de Urkullu se va despidiendo sin haber aprobado el plan para la extensión de las energías renovables

El Gobierno vasco que preside el lehendakari Urkullu, ahora en funciones, se despedirá sin que se haya aprobado el Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, imprescindible para organizar el despliegue de estas infraestructuras que está previsto en territorio vasco a lo largo de los próximos años en el camino a la descarbonización. Aunque el Gobierno vasco aprobó en mayo de 2023 el plan inicial, el PTS se ha quedado atascado tras su exposición pública tras recibir una avalancha de alegaciones, más de 4.000. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que en estos momentos se sigue “en proceso de análisis de las alegaciones” y que el siguiente paso será “responder” a dichas argumentaciones, por lo que la aprobación del plan definitivo quedará como tarea para el nuevo Ejecutivo que presida Imanol Pradales.

Este PTS ha sido objeto de múltiples retrasos, porque a lo lo largo de la legislatura se ha hablado de varias fechas para su puesta en marcha sin que se haya materializado, y desde la oposición se ha criticado que el Gobierno estuviera tramitando permisos para nuevos parques eólicos o solares sin que se contara con un PTS que definiera bien las ubicaciones, aunque la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, siempre se ha defendido de las críticas argumentando que el hecho de que no existiera un PTS específico no significaba que se estuvieran aprobando las ubicaciones de las futuras instalaciones sin atenerse a ningún tipo de regulación. “Están vigentes los instrumentos medioambientales, de garantía medioambiental, de garantía de presunción de valores arqueológicos, de temas culturales y todos los instrumentos de ordenación urbanística, incluido el ayuntamiento con su plan general de ordenación urbana”, ha respondido en más de una ocasión en sede parlamentaria a las críticas.

Lo cierto es que aunque Tapia puso en su día fecha para que PTS estuviera ya en vigor -marzo de 2024- en una comparecencia en el Parlamento Vasco en febrero de 2023, y se aprobó la primera versión por parte del Ejecutivo en mayo de ese año, al plan definitivo todavía le queda mucho recorrido por la polémica que suponen estas instalaciones eólicas y solares y las alegaciones que se han presentado al plan inicial en un intento de modificar sus planteamientos. Este plan contempla un total de 110 ubicaciones posibles para estas instalaciones, especialmente en Álava y en Bizkaia, y en menor medida en Gipuzkoa. Las alegaciones al proyecto se han presentado por grupos ecologistas o asociaciones vecinales, pero también por parte de Diputaciones forales o de los Ayuntamientos donde el proyecto de PTS contempla terrenos susceptibles de contar con una de estas instalaciones independientemente del partido que esté en la alcaldía. Por ejemplo, han presentado alegaciones Alonsotegi, Arrankudiaga o Tolosa, consistorios gobernados por EH Bildu. Pero también otros en los que la alcaldía es del PNV, como el de Bilbao o de Barakaldo, han presentado alegaciones para intentar modificar la redacción y evitar ubicaciones de parques eólicos en zonas determinadas de sus municipios. Y ello pese a que las alegaciones tuvieron que presentarse entre el 20 de mayo de 2023 y el 21 de julio, con unas elecciones municipales por el medio, y con los nuevos ayuntamientos constituidos apenas un mes antes de que finalizara el plazo.

El hecho de que haya 110 ubicaciones posibles, o las que finalmente contemple el PTS definitivo, no quiere decir que todas ellas vayan a estar ocupadas finalmente por un parque eólico o placas solares, pero todo indica que en los próximos años haya un desarrollo muy significativo de estas instalaciones en territorio vasco. Hay que tener en cuenta que desde 2006 no se ha colocado ningún parque eólico en Euskadi. En 2025 se espera que estén operativos los dos primeros después de 19 años de parón. Con esos dos nuevos parques Euskadi contará sólo con cinco grandes instalaciones eólicas. Hay alrededor de 13 esperando la tramitación solicitada por diversas empresas como la multinacional noruega StatKraft, Capital Energy o Euskal Haizie, que se han unido a las propuestas de Aixeindar, la empresa surgida de la alianza entre el EVE e Iberdrola, que es la que pondrá en marcha los dos primeros de esta nueva era de instalaciones renovables, en Labraza y Azazeta, ambos en Álava, y también promotora de los que están ya en funcionamiento. Pero aunque ya nadie discute la necesidad de contar con energías renovables lo cierto es que sigue habiendo mucha contestación social a estas instalaciones por sus efectos sobre el medio ambiente, y también sobre el uso de suelo agrícolas y cada tramitación se enfrenta a múltiples alegaciones como está ocurriendo ahora con el PTS.

La nueva Ley de Cambio Climático que aprobó el Parlamento Vasco casi al final de la legislatura contempla la creación de un canon específico para la instalación de estos parques en función su tamaño y capacidad y a la vez, una desinversión progresiva por parte del Gobierno vasco en energías fósiles o gas, para destinar el dinero que ingrese por la venta a la promoción de las energías renovables. El Ejecutivo ha empezado ya esta desinversión con la venta de su parte en el yacimiento de gas de Viura en La Rioja a Heyco Energy. Una operación que está ya únicamente pendiente de recibir el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y Reto de Demográfico.