El Gobierno de Iñigo Urkullu, compuesto por PNV y PSE-EE, ha votado separadamente este jueves en el Parlamento Vasco. No es una excepción en la legislatura pero, desde luego, no es lo corriente. Sí es menos común que, además, el PNV haya buscado una mayoría alternativa con EH Bildu. Los socios, que están obligados por el pacto que les une a actuar de manera coordinada en la Cámara, han mostrado posiciones contrarias en relación al euskera y a las recientes sentencias judiciales que han anulado medidas para priorizar la lengua vasca, un debate promovido por EH Bildu en puertas de una gran manifestación programada para este fin de semana en Bilbao. Precisamente el debate sobre las lenguas ya viene generando tensiones en el seno de la coalición en la tramitación de la reforma educativa.
El PNV ha llegado a un acuerdo de ocho puntos con EH Bildu. En el octavo, se recoge la palabra “ofensiva” y, en el séptimo, se denuncian las resoluciones judiciales sobre el idioma conocidas en los últimos meses. Es una redacción más contundente que la que había propuesto inicialmente el propio PNV. A cambio, la coalición ha aceptado el esquema general de la iniciativa inicial del PNV. En este sentido, se apunta también a la necesidad de que las instituciones locales continúen con sus políticas de “normalización” del euskera con el objetivo de “garantizar a toda la ciudadanía sus derechos lingüísticos” y se destaca que llegaron con “amplios consensos” que ahora se han roto.
Los fallos más recientes, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), afectan a decretos de desarrollo de previsiones de la Ley Municipal sobre la priorización del euskera en el ámbito local. Los pronunciamientos fueron instados por recursos de PP y Vox. Y llegan después de que el Tribunal Constitucional tumbara un artículo de la propia ley en verano, aunque esa resolución tuvo un voto particular que aseguraba que aquello suponía romper consensos sobre las lenguas cooficiales. Se dan varias circunstancias en torno al debate. Una, el Gobierno de Mariano Rajoy ya amagó con llevar esta norma al Constitucional pero alcanzó un acuerdo político que ahora ha quedado en papel mojado por el nuevo proceso. Y, dos, estas sentencias no han condicionado en nada el clima de crítica por la “euskafobia” de la Justicia: la manifestación del 4 de noviembre fue anunciada el 10 de mayo.
EH Bildu ha justificado la necesidad de que el Parlamento apruebe un texto contra la “ofensiva” judicial asegurando que la “euskarafobia” es el “lawfare particular” que afecta a Euskadi. Se trata de una “ofensiva permanente” del “poder judicial español” que ha derivado en “quince sentencias impulsadas por fuerzas de ultraderecha y reaccionarias” que buscan en los tribunales “lo que no consiguen en las elecciones”, en palabras de Jasone Agirre. Simbólicamente, ha iniciado su alocución imitando un carraspeo. “La tos puede ser síntoma de catarro, de gripe y hasta aprendimos que de COVID-19, pero ahora lo es de una fobia, de la euskarafobia”, ha ironizado mirando al escaño del lehendakari, que hace una semana sufrió un desplante de empresarios en Bilbao cuando intervino en euskera en un foro en el que también estaba presente el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Y Agirre también ha querido hablar en inglés. Lo ha hecho para mostrar que, aun a pesar de su “mal acento”, “con un poquito de esfuerzo” se puede hacer entender en otro idioma. “Apostar por el euskera es hacer frente al fascismo”, ha sentenciado.
El PNV, con Aitor Urrutia como portavoz, ha señalado que “afortunadamente” el castellano goza de “buena salud” en Euskadi, cosa que ha dudado que se pueda decir también del euskera. “¿Qué está pasando [con las sentencias]? ¿Qué está pasando?”, se ha preguntado doblemente en voz alta. Y ha añadido: “Respetamos al poder judicial pero, siguiendo nuestra libertad de expresión, tenemos todo el derecho a decir que no nos gustan las sentencias. Y eso no es presionar”. Ha mencionado, igualmente, los carraspeos cuando habló Urkullu y ha recordado el malestar que les produjeron unas reflexiones del expresidente del Superior vasco, Juan Luis Ibarra, ya que las interpretaron como una asociación entre estas críticas democráticas y la amenaza terrorista de ETA al poder judicial. “Hay que pelear el autogobierno día a día. No está garantizado”, ha zanjado, poniendo como ejemplo que es imposible ir a sacarse el pasaporte en una comisaría de la Policía Nacional y ser atendido en euskera.
Desde el PSE-EE, Alberto Alonso ha querido plantear este debate con muchas partes en euskera. Probablemente ha sido la ocasión en la que los socialistas, proporcionalmente, más han empleado la lengua vasca en un pleno parlamentario. Ha señalado que si se argumenta que “Euskal Herria es el país del euskera” él rechaza vivir en ella, lo mismo que lo haría si se dijera que “España es el país del español”. “Multiculturalidad y pluralismo”, ha pedido Alonso. Y ha reivindicado la participación de su partido en los consensos por el euskera del inicio de la democracia. Es una lengua que “no puede ser monopolio de los abertzales”, ha añadido. Al tiempo, también en euskera, ha querido remarcar que la izquierda abertzale no participó en aquellos debates, porque entonces dejaba sus escaños vacíos. Y ha apostillado que ETA asesinó “a 74 personas” en los dos años que duró el debate sobre la ley del Euskera. Agirre le ha replicado que el problema es precisamente, que el PSE-EE continúe anclado en posiciones de la década de 1980.
Sobre las sentencias, esta vez en castellano, Alonso ha asegurado que hay que analizarlas una por una. El PSE-EE ya había argumentado que, quizás, más que “euskarafobia” haya errores del PNV en la factura técnica de las normas ahora anuladas. Las “más graves” son las que han frenado planes de euskaldunización en la Administración, según Alonso. Ha felicitado expresamente a los sindicatos principales de España, a UGT y CCOO, por huir de las “presiones” -no ha mencionado de quién- y por tumbar con sus recursos normativas que, a su juicio, iban a suponer despidos de empleados públicos sin perfil de euskera después de “décadas” de servicio al país. En este sentido, en las últimas horas los sindicatos de la Ertzaintza han denunciado que agentes con menos experiencia van a tener prioridad para acceder a puestos de oficial precisamente por acreditar un C1 en la lengua cooficial, el equivalente al EGA.
En una segunda intervención, en todo caso, Alonso ha buscado escenificar que la crisis con el PNV no irá más. “No ha habido mus esta vez, pero ha habido partida. Le agradezco la voluntad [de llegar a un acuerdo]”, han dicho los socialistas sobre el PNV, aunque le han afeado metafóricamente que hayan “sacado a bailar a otra” en esta 'fiesta'. El nacionalista Urrutia, en cambio, ha preferido no hablar de bailes y ha mostrado su “preocupación” por que los socialistas no se hayan sumado al texto pactado. No ha habido más referencias a la salud del acuerdo de Gobierno.
Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González, leonesa de origen que se ha mostrado orgullosa de poder intervenir en euskera en la Cámara, ha implorado que el “euskera no puede ser un campo de batalla” o “un arma arrojadiza”. En la línea de lo defendido por Alonso, también ha dicho que “no es justo ni ético” que se cargue contra los sindicatos de izquierdas por actuar “en connivecencia contra la ultraderecha”, como tampoco lo es que haya “despidos” de empleados públicos por esta razón. La coalición de izquierdas no ha votado a favor del texto de PNV y EH Bildu.
En cuanto a los grupos de la derecha, el PP ha manifestado -por boca de Carmelo Barrio- su malestar por que EH Bildu haya introducido elementos como “fascismo” al denunciar sus críticas a la actual realidad del euskera o que haya hablado también de las políticas lingüísticas de Israel a modo comparativo con las de España. Y le ha dicho a Agirre, a modo de respuesta, que representa “mucho mejor” que nadie el “totalitarismo” que supuso ETA. Por parte de Ciudadanos, José Manuel Gil ha señalado que no hay “ofensiva” contra la lengua vasca sino “justo lo contrario, una ofensiva para imponer el euskera saltándose incluso las leyes”. Vox ha empezado diciendo que “el euskera es de todos” pero ha acabado llamando “bilduetarras” a los miembros de la segunda fuerza de la Cámara y recordando que ETA asesinó a jueces y fiscales. “[EH] Bildu no cree en la Justicia sino en el ajusticiamiento. No cree en las togas, sino en las capuchas”, ha espetado Amaia Martínez Grisaleña.
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