El área de Medio Ambiente del Gobierno vasco no está encontrando en Verter Recycling -o más bien en sus administradores concursales- la colaboración precisa para el “sellado definitivo” del vertedero de Zaldibar, construido en una ladera y que se desplomó hace tres años. En una rueda de prensa, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha indicado que se realizan inspecciones regulares que constatan que la zona está estabilizada y que no genera mayores daños ambientales, sí, pero que “no se está procediendo al sellado definitivo”, esto es, a cumplir la instrucción de que no vuelva a operar nunca más como vertedero.
Ha explicado Tapia que “en cada una” de las inspecciones se está haciendo un “levantamiento de acta” y también una “comunicación a la Fiscalía” de estas incidencias. “Se ha de acometer de forma rápida”, ha emplazado la consejera, que ha considerado importante que el ministerio fiscal “sepa cómo se encuentra en estos momentos el vertedero”. “No están actuando como deberían hacerlo”, ha recalcado Tapia, aunque al menos desde la tranquilidad de que no hay riesgos de que se repita un suceso similar.
Verter Recycling está en fase de liquidación. Ello dificulta también que pueda devolver los casi 29 millones de euros que le adelantó el Gobierno vasco por las labores urgentes de búsqueda de los dos trabajadores que quedaron atrapados, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y de estabilización de la montaña. La Administración pública es el mayor acreedor. Tapia ha confirmado que, como ha publicado este periódico, la empresa titular de Zaldibar no ha devuelto ni un solo euro. Ha indicado que se buscará por la vía de “apremio” que los administradores respondan con su propio patrimonio, al igual que ya han tenido que pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas. Eso sí, el Ejecutivo admite que “no hay grandes novedades” en los últimos meses.
Tapia se ha referido también a la investigación judicial que sigue abierta en Durango por los presuntos delitos ambientales detrás de esta catástrofe natural, que no podrá ser revertida hasta dentro de tres décadas. Tres técnicos de Medio Ambiente, funcionarios autonómicos, han sido citados como imputados y declararán el 28 de febrero. La consejera ha insistido en su “buen hacer”, ha indicado que contestarán a todas las preguntas y ha asegurado que estarán defendidos por abogados proporcionados por el propio Gobierno. La consejera ha recalcado también que hay un compromiso con mejorar las inspecciones y ha explicado que se han creado tres nuevas plazas desde los hechos de febrero de 2020, “un 30% más”.
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