El Gobierno vasco ha anunciado este viernes que el 31 de agosto dará por concluidos los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldibar (Bizkaia). El Ejecutivo ha hecho hincapié en que, en los 18 meses que han transcurrido desde que se vino abajo y se cobró la vida de dos trabajadores, se ha trabajado “de manera constante e ininterrumpida”. Los restos de Alberto Sololuze, una de las víctimas, aparecieron en agosto del año pasado, mientras que el Gobierno vasco comunicó el 14 de mayo de este a la familia de la otra, Joaquín Beltrán, que la búsqueda finalizaría sin encontrarlo. Desde entonces, se han llevado a cabo labores de estabilización en una zona en la que se desprendieron hasta 2,5 millones de toneladas de residuos.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigido por la consejera Arantxa Tapia, ha señalado en una nota de prensa publicada este viernes que desde mayo hasta ahora se han empleado hasta 132.000 metros cúbicos de material para las labores de estabilización del vertedero. La zona ha visto el trasiego de hasta centenar y medio de camiones al día. “Se han ejecutado obras encaminadas a evitar la afección ambiental a las aguas, mediante la instalación de un sellado temporal con material arcilloso sobre el vaso de vertido, y se han instalado drenajes, tanto interiores como exteriores”, se explica en el comunicado.
También se han llevado a cabo obras con el objetivo de minimizar la afección a las aguas de la zona. Concluidas estas labores y tras cerciorarse de que tras las obras la estructura es “estable” y “sin movimiento”, el Gobierno vasco se ha propuesto clausurar el vertedero por completo. “En el futuro, no es autorizable ninguna recepción de residuo en el vertedero, que se ceñirá a las labores de posclausura”, ha explicado.
18 meses
El 6 de febrero, alrededor de las cuatro de la tarde, el vertedero de Zaldibar se vino abajo y una lengua con toneladas de residuos se llevó por delante la vida de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. En los días siguientes, el Gobierno vasco aconsejó a los vecinos de las localidades vecinas que no hiciesen deporte ni ventilasen la casa por el alto nivel de furanos y dioxinas que se estaba concentrando. De hecho, meses antes de que se normalizaran por la llegada del coronavirus, ya se vio a gente con mascarilla en los pueblos de Zaldibar, Eibar y Ermua.
Apenas cinco días después del derrumbe, un juzgado de Durango abrió diligencias por presuntos delitos medioambientales y laborales contra Verter Recycling, la empresa propietaria del vertedero. Como adelantó elDiario.es/Euskadi, los responsables llegaron a admitir que “días atrás se había detectado la existencia de grietas”. De hecho, fue el propio Beltrán el que alertó antes del derrumbe de que se estaban produciendo desplazamientos. Los tres gestores de la empresa acabaron pagando en febrero de 2021 una fianza por la posible responsabilidad por la muerte de los dos operarios. Sin embargo, el derrumbe está aún siendo investigado por un juzgado de Durango, que trata de dilucidar si fueron responsables de un homicidio imprudente.
Los primeros restos humanos se encontraron ya en agosto del año pasado en la zona de la antigua báscula, y las pruebas de ADN certificaron que pertenecían a Alberto Sololuze. Más tarde, ya en octubre, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció que daba comienzo una “fase” decisiva para la búsqueda del segundo cuerpo sepultado, el de Joaquín Beltrán, pues había un “alto porcentaje” de probabilidad de hallar los restos en la zona en la que se estaban adentrando los equipos de búsqueda. Sin embargo, no se encontró y el 14 de mayo de 2021, siete meses después, se anunció que se daba por finalizada la búsqueda.
elDiario.es/Euskadi
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