Joaquín Beltrán, la voz que alertó del derrumbe del vertedero de Zaldibar, quedará atrapado para siempre bajo el alud
La familia recibe de Urkullu en persona la noticia de que se pone fin a la búsqueda del cuerpo quince meses después del suceso y nueve de que apareciera el cadáver de su compañero, Alberto Sololuze
Cuentan desde Emergencias del Gobierno vasco que no conocen “ningún otro operativo” en el mundo que haya “movilizado, rastrillado y cribado” más de 400.000 metros cúbicos de residuos con el nivel de “detalle y meticulosidad” de la operación que se ha hecho en Zaldibar tras el derrumbe del vertedero en febrero de 2020. Han encontrado siete coches, un 'quad', móviles y hasta monedas y billetes. Pero no a uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados por el alud, Joaquín Beltrán, natural de la localidad vizcaína de Zalla y de 51 años y que se desgañitó en los días previos al suceso tras haber detectado grietas en las instalaciones. Los restos de Alberto Sololuze fueron localizados en agosto, medio año después, pero este 14 de mayo ha supuesto la confirmación de que se detendrá la búsqueda para siempre y de que, en pocos meses, quedará sellado el vertedero también para siempre.
Alega el informe sobre el final de la búsqueda -que está fechado a 12 de mayo, 48 horas antes de que se hiciera pública la noticia del fin de los trabajos en Zaldibar- que “la totalidad de zonas que fueron determinadas como zonas de búsqueda han quedado libres de residuos, habiéndose cribado y analizado todo el material ubicado en ellas”. Los trabajos se han hecho “suavemente” y a la vez de manera presencial y grabando cada palmo que se extraía. “De los 461 transcurridos [del 6 de febrero al 12 de mayo], las labores se han interrumpido únicamente en cinco jornadas: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y una jornada debido a las malas condiciones meteorológicas”, se puede leer en el informe. Entre 80 y 120 personas han estado sobre el terreno.
“Se ha buscado y cribado en todos los residuos situados a cota inferior a la última posición conocida de las víctimas e incluso, en esta última fase, se han realizado labores de búsqueda en instalaciones localizadas por encima de dicha cota”, argumenta el Gobierno, que ha destinado más de 21 millones de euros en unos trabajos de ingeniería que serán colmatados en “dos o tres” meses con la promesa de que Zaldibar nunca reabrirá como vertedero. La “metodología” no ha fallado, se escudan los rastreadores, que recuerdan que sí se halló el cuerpo de Sololuze. La explicación más plausible que encuentran es que el primero de los trabajadores estaba dentro de la caseta de la báscula, lo que le protegió del fortísimo impacto físico. Además, los incendios, temperaturas de hasta 70 grados, lixiviados y otros procesos químicos internos en la lengua de residuos han podido contribuir “a la descomposición de los restos” de Beltrán.
El vertedero de Zaldibar lo gestionaba la empresa Verter Recycling y estaba ubicado en la ladera de una montaña. Beltrán no trabajaba directamente para ella. Era el jefe de la subcontrata de los servicios de aplanamiento. A finales de enero de 2020, según consta en un informe de la propia empresa, se inició el sellado de la primera zona del vertedero, “la más cercana al dique de contención”. Se hicieron trabajos de desbroce y excavación superficial y, llegado febrero, el martes 4, dos días antes del desplome, Beltrán “trasladó que el lunes descubrió algunos cambios en diferentes puntos del vertedero”. Tras el eufemismo “cambios” se escondían en verdad grietas y desplazamientos. “Enseguida se acercan a verlo ambos. En esa esquina, junto a la limahoya, [Beltrán] dice que cree que se ha desplazado la tierra superficial. El director técnico comenta que no es capaz de ver la diferencia porque no tiene referencias”.
A las 13.00 horas de ese día, a 50 horas de que la montaña de residuos cayera, se llamó a la ingeniería Geyser HPC. Tras la visita, se estimó que “las grietas superiores pueden deberse a pequeños asentamientos diferenciales del vertedero entre zonas de mayor y menor potencia de residuos”. “Hay veces que la masa se recoloca y se da un movimiento y ya no se mueve más”, argumentaron en Verter Recycling. El miércoles 5 se personaron nueve topógrafos a tomar mediciones. “No se aprecia ningún movimiento nuevo con relación a los del día anterior”, defendía Verter Recycling. Pero los problemas iban a más: “La grieta inicial de la entrada del vertedero no se ve. Se ven los desplazamientos de tierra superficial en la parte baja del talud 1 y los otros dos puntos junto a la curva de hormigón y en la zona previa al acceso a la explotación [...]. Al verlos, se piensa que pueden ser asentamientos diferenciales”. Pero la empresa quita hierro a las alertas de Beltrán: “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”.
El 6 de febrero la montaña se vino abajo. Lo ocurrido recuerda a Aberfan, la escombrera que en 1966 arrasó un pueblo en Gales, o al colapso del vertedero de Bens, en la localidad gallega de O Portiño. Aquello ocurrió en 1996 y una personas quedó sepultada para siempre bajo la basura. Nunca la localizaron. La familia Beltrán temía ese precedente y había implorado a las autoridades a que no cesaran las labores de búsqueda hasta dar con los restos del desaparecido. En Zalla y en otras localidades vascas, este viernes por la tarde, se ha insistido en mantener viva la llama de Joaquin y de Alberto quince meses después. “Esto es 25 veces el derrumbe de Bens, con la circunstancia añadida del riesgo a otro posible colapso de cerca de otro medio millón más de toneladas”, argumentan desde Emergencias. Y rematan: “Es un suceso inédito en el Estado y sin referencias similares en Europa o el resto del mundo”.
La relación entre la familia Beltrán y el lehendakari, Iñigo Urkullu, arrancó de manera muy tirante. Para entender lo ocurrido en el momento de la tragedia, hay que dibujar el contexto de aquel arranque de 2020 antes de la llegada del coronavirus. Zaldibar cayó justo cuando Urkullu se había dado unos días de reflexión para decidir si convocaba o no elecciones autonómicas para abril. Ese primer fin de semana ni el lehendakari ni el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, natural de la vecina localidad de Eibar, se personaron en el lugar de los hechos o comparecieron. La portavocía recayó en dos viceconsejeros que estuvieron sobre el terreno desde el primer momento, el de Seguridad, Josu Zubiaga, el único cargo que ha estado desde el inicio hasta el final en el operativo, y la de Medio Ambiente, Elena Moreno. Ya en lunes, Urkullu citó a los medios de comunicación y convocó las elecciones. Solamente a preguntas posteriores de los periodistas, habló de Zaldibar. Dijo haber estado “al tanto de todo” pero remarcó que no tenía por costumbre acudir cuando se producían “accidentes laborales” en “empresas privadas”. Seis días después, en cambio, acudió al lugar de los hechos. Más tarde, la familia Beltrán llegó a emitir un comunicado aludiendo al “bochornoso espectáculo de las comparecencias, dimes y diretes” y criticando al lehendakari. Veían una “puesta en escena vacía de contenido con la que cubrir las apariencias ante la inminencia del escenario electoral. No vale la 'autocrítica' si no se critica nada, si no se corrige nada”.
Con los meses, el Gobierno vasco ha conseguido establecer un canal de comunicación fluido y regular con los allegados de la segunda de las víctimas. Con los familiares de Sololuze nunca hubo problemas. Fuentes del entorno de Beltrán explicaron hace unos meses a este periódico que, en efecto, había cambiado la situación y que recibían puntualmente, cada miércoles, un reporte de cómo avanzaban las labores de rastreo en Zaldibar, así como alertas cuando se produce cualquier incidencia. Urkullu, en persona, se citó el jueves por la noche con la viuda de Beltrán para comunicarle formalmente el final de las labores de búsqueda. “Al lehendakari le hubiera gustado poder transmitir un mensaje distinto pero no ha sido posible”.
Ahora toca que lo ocurrido en Zaldibar se dilucide en los tribunales. Un juzgado de Durango -no sin retrasos- tiene abierta una doble causa judicial. Por un lado se analiza el posible delito medioambiental pero, sobre todo, se trata de determinar si los gestores de la empresa titular de las instalaciones, Verter Recycling, fueron responsables de un homicidio imprudente.
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