El Gobierno vasco defiende la legalidad de los envíos de residuos de Gipuzkoa a Artajona que Navarra ve irregulares

Continúa abierta la polémica por el envío de 5.400 toneladas de lixiviados líquidos desde la planta de Zubieta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, por sus siglas en euskera) hasta la empresa de la localidad navarra de Artajona, Ecofert Sansoain, ya clausurada por no tener autorización para recibir esas sustancias. En un informe enviado al Parlamento Vasco por el Gobierno de Iñigo Urkullu, de quien depende el control ambiental de las instalaciones de Gipuzkoa aunque estén gestionadas por la Diputación, consta que GHK informó que había enviado con el código 19 08 12 unos residuos que en realidad no eran lo que según la normativa europea se corresponde con ese número, lodos, sino “lixiviados tratamiento aeróbico de residuos sólidos”. Ecofert Sansoain tenía autorización para recibir envíos de 19 08 12 pero no lixiviados, como viene recalcando el área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, que considera “ilegal” este movimiento de sustancias. La oposición, EH Bildu, extiende ahora las responsabilidades al Ejecutivo vasco por no haber controlado estos envíos pero este insiste en que todo se hizo “conforme a la normativa”.

El área de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco, a cuyo frente está la consejera Arantxa Tapia, indica en respuesta a preguntas de EH Bildu que es responsabilidad del “productor”, en este caso de GHK, buscar un “gestor autorizado” de sus residuos. Tapia alega que el contrato para los envíos a Artajona se hizo “entre dos entidades privadas” -GHK tiene externalizado el denominado complejo medioambiental de Gipuzkoa a la adjudicataria Ekondakin- y que Ecofert Sansoain tiene autorización para manejar residuos del tipo 19 08 12. El Ejecutivo vasco “no dispone de información” sobre otra “caracterización” de los residuos más allá de la aportada por GHK, de modo que interpreta que “los envíos se realizaron conforme a la normativa y a las autorizaciones emitidas”.

Es una visión contraria a la del Gobierno de Navarra, que ha realizado inspecciones en Artajona con funcionarios de Medio Ambiente, con la Guardia Civil, con la Policía Foral o con el Guarderío de Montes y ha determinado que a Artajona llegaron lixiviados y no lodos. El consejero José María Aierdi, que es de la coalición Geroa Bai, en la que está integrado el PNV de Tapia, sostiene que fue una operación irregular. Ello ha motivado el enfado y la respuesta airada del responsable de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, que es el presidente del consorcio GHK. El también secretario general del PSE-EE está imputado en una causa judicial en la que la Fiscalía halló indicios de que los residuos se codificaron con una falsedad documental para poder ser enviados a donde no se podía, a Artajona.

En esa causa se revisa también otro envío a Sader, una empresa de Bilbao. En el documento enviado al Parlamento figura igualmente que Sader recibió un lote de 19 08 12 y de nuevo no pone que fueran lodos sino lixiviados. Fuentes de esta compañía indican que en Europa se emplea una denominación “genérica” y que se da a los residuos el código que “más se aproxima”, por lo que ven totalmente “normal” estos hechos.

Sin embargo, según el portavoz ambiental de EH Bildu, Mikel Otero, autor de la pregunta a Tapia y de otra previa al propio lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que dijo desconocer los motivos de Navarra para clausurar la planta de Ecofert Sansoain, estos datos “agravan” la situación. Cree que muestran un funcionamiento “anómalo” continuado de Zubieta ya que, en principio, solamente debería generar lixiviados en caso de incidencias. Igualmente, recalca que cuando no hay una calificación de los residuos, por defecto, han de ser tratados como si fueran “peligrosos” por normativa europea. La principal fuerza de la oposición señala la dejación de funciones de Medio Ambiente del Gobierno vasco por no haber controlado estos movimientos, ya que los lixiviados fueron enviados “indebidamente” a Artajona.