El Gobierno vasco no tiene todavía ultimado ningún tipo de servicio de inspección que garantice que se cumple la Ley de Cadena Alimentaria y que se paga un precio justo en todos sus eslabones, especialmente a los productores, ni tiene establecida una fecha límite para ponerlo en marcha.
El área de Función Pública está analizando el encaje jurídico de esta figura, según han confirmado fuentes del departamento de Gobernanza, del que depende dicha área, aunque aún no han tomado una decisión al respecto y se encuentran estudiando si debe integrarse en algún servicio ya existente, si se debe crear uno nuevo específico para esta función de control o buscar otra fórmula. Para ello, se encuentran en la fase de realizar consultas jurídicas y económicas, sin que se tenga ningún plazo establecido para su puesta en marcha, según aseguran las citadas fuentes.
La petición a Función pública para analizar el encaje de este servicio de inspección parte del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirige Arantxa Tapia. La propia consejera desveló en una respuesta parlamentaria por escrito a Elkarrekin Podemos-IU que estaban intentando crear este servicio y que habían solicitado al departamento de Gobernanza que hiciera las gestiones pertinentes. La respuesta parlamentaria es del mes de julio, pero a día de hoy la iniciativa está todavía en un estado muy incipiente, pese a que el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, del que el departamento quiere que cuelguen todas las iniciativas en este ámbito, se presentó en la primera mitad de este año. No obstante, el retraso en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el control de los precios va mucho más allá, ya que la Ley de Cadena Alimentaria está vigente desde 2013. Esta normativa establece que el responsable de hacer cumplir la Ley sea el Estado en el caso de que la cadena alimentaria (producción-transporte-distribuidor-consumidor) se dé en más de una comunidad autónoma. En el caso que la cadena empiece y finalice en una misma comunidad autónoma, es el Gobierno de dicha comunidad -en este caso el vasco- es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y que en toda la cadena alimentaria a los operadores se les cubra el coste del producto o servicio. Es decir, el Gobierno vasco tiene esa responsabilidad de control desde 2013, sin que hasta ahora se haya hecho nada más allá de crear el citado Observatorio este mismo año, en el mes mes mayo, cuando la situación inflacionista y la crisis de Ucrania ya estaban acuciando a los productores.
Precisamente durante el Pleno de Política General celebrado el pasado jueves en el Parlamento Vasco la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, se refirió al tema de la inspección y señaló que se trata de una iniciativa que acumula ya nueve años de retraso, aunque el lehendakari Iñigo Urkullu no contestó a esta cuestión durante su turno de réplica.
En concreto, Gorrotxategi al referirse a la elevada inflación en estos momentos aseguró que no se están pagando precios justos a los productores: “Y, ¿quién tiene que garantizar y vigilar que en Euskadi se cumpla esta Ley de Cadena Alimentaria en la que se garantiza que los precios al primer sector seamos justos? El Gobierno vasco”. “Se está haciendo?, no”, aseguró. “Ni siquiera hoy todavía existe un servicio de inspección para ello, y ya van nueve años de retraso”.
El hecho de que el incremento de los precios de la energía, los piensos, los fertilizantes o el agua esté en estos momentos llevando a muchos agricultores y ganaderos a situaciones límite y a trabajar en pérdidas, porque el precio que se les paga por sus productos no cubre sus gastos, según denuncian, está activando ahora mecanismos que desde diferentes sectores llevan mucho tiempo reclamando.
Informes sectoriales sobre precios
Por ejemplo, el Departamento de Arantxa Tapia ha encargado la elaboración de una serie de informes sobre los diferentes precios de los productos a lo largo de la cadena alimentaria a través del Observatorio. En concreto sobre la leche, que es el que está más avanzado, la leche de oveja, la carne y las uvas. Unos informes que se espera que se publiquen en las próximas semanas y que permitirán tener una estimación de cuál es la situación de los precios en cada uno de los eslabones de la cadena, desde el sector primario a la llegada al comercio, pasando por transporte, envasado, etc, e intentar corregir aquellos que precios que no se consideren ajustados. No obstante, el Gobierno vasco ya ha señalado en reiteradas ocasiones que su función no es fijar los precios que deban pagarse porque entraría en vulneraciones del marco de la libre competencia. Un argumento que el Ejecutivo vasco también utiliza para no compartir la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de “topar” precios de determinados productos de la cesta de la compra. Además, consideran que la medida acabará por perjudicar a los productores.
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