Un informe oficial en 2009 y una visita en 2018 descartaron reabrir la antigua Clínica Arana de Vitoria

Desde la premisa de que no interesa a ninguna de las dos partes azuzar un debate sobre migrantes que solamente acabaría beneficiando a formaciones de ultraderecha en un clima preelectoral, PNV y PSE-EE parecen haberse conjurado para desescalar sus discrepancias en torno a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para abrir un centro para refugiados de 350 plazas y unos 14 millones de euros de inversión en un edificio de su propiedad en Vitoria, la antigua Clínica Arana. Así lo ha hecho ver el consejero-portavoz del Gobierno vasco de coalición, Bingen Zupiria, que pertenece al ala nacionalista, pero también lo constatan fuentes de la parte socialista del gabinete, aunque ello no elimina el malestar manifiesto del lehendakari, Iñigo Urkullu, por las acusaciones de “xenofobia” llegadas desde su socio. Entretanto, afloran ahora elementos que apuntan a que tanto en 2009 como en 2018 ya se descartó el viejo hospital para acoger otros usos por el mal estado de las instalaciones que ahora pretende reformar y reabrir el Estado.

La Clínica Arana se convirtió en residencia de ancianos cuando dejó de operar como centro sanitario. El gestor pasó a ser, por lo tanto, la Diputación de Álava. Y, en 2009, como ha revelado el diputado general, Ramiro González (PNV), técnicos forales firmaron un documento que alertaba de problemas estructurales en el complejo, particularmente en el edificio trasero de los dos que componen el recinto. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, lo rubricaron el arquitecto de la provincia, Javier Botella, y el jefe de servicio, Julio Herrero.

En un apartado dedicado a “deficiencias constructivas”, los expertos reseñan que “el edificio trasero, probablemente por elementos de su estructura metálica, presenta fisuraciones generalizadas en sus fachadas así como en los pavimentos interiores”. “Adicionalmente, los acabados, carpinterías exteriores e interiores e instalaciones como la de calefacción se encuentran obsoletas y deterioradas, todo lo cual de cara a una eventual rehabilitación hace pensar en unos costes excesivos en comparación con el valor de construcción”, se añadía. Eso sí, se admitía que la situación del edificio principal era “sustancialmente mejor” porque no presentaba en 2009 “problemas estructurales”. En todo caso, como conclusión general, se hablaba de que en la Clínica Arana había “otros aspectos del edificio o sus instalaciones deficientes, sistemas de comunicación, griferías inadecuadas, dimensiones de paso insuficientes en algunos casos, etc.”. En todo caso, fuentes forales recalcan que este análisis se hizo desde la perspectiva de su uso como centro para personas mayores y el propio informe señala que “a diferencia de las deficiencias más estructurales o de concepto general”, hay otras “subsanables mediante reforma”.

La “solución propuesta” por la Diputación era “plantear el derribo” del edificio trasero para sustituirlo “por otro cuerpo de edificio” completamente nuevo. El principal, dado su “valor arquitectónico” e histórico para la ciudad, sí podría tener posibilidades de reforma. En 2010, el entonces diputado de Administración Foral, Claudio Rodríguez, llegó a enviar a instancias del PP a las Juntas Generales, el Parlamento foral, unos diseños de cómo quedaría un nuevo edificio en la trasera de la Clínica Arana. Algunas estimaciones cifraban en 24 millones de euros la reforma del complejo y, según González, el paso del tiempo elevaría ahora a 30 millones la inversión requerida.

Casi una década después, en 2018, el Gobierno vasco se vio en la necesidad de buscar recursos para centros de acogida de migrantes ante la llegada “masiva” de personas desde la frontera sur de Europa y que se quedaban taponadas en Euskadi por los controles fronterizos de Francia en la zona de Irún-Hendaya. Fueron unas 6.000 personas en esa segunda mitad del año. El entonces responsable de estas políticas en el Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández, ha afirmado que se contactó con ayuntamientos, diputaciones, empresas privadas, colegios y con el Estado para buscar espacios para estas personas en tránsito. Y, en las conversaciones con la Delegación del Gobierno central, surgió también el nombre de la Clínica Arana.

Según ha contado Fernández a preguntas de los periodistas, el 11 de julio de 2018 una persona de su equipo, Monika Hernando, acudió a realizar una visita del recinto acompañada de CEAR, entidad que trabaja con refugiados. “Se consideró que no era adecuado”, ha zanjado Fernández, que ahora gestiona en el equipo de Iñigo Urkullu otras políticas como la Agenda 2030 o la Juventud. Sea como fuere, el Gobierno vasco admite que la competencia es del Estado -“es el propietario y decidirá lo que tenga que decidir”- pero pide “diálogo permanente” ya que la llegada de migrantes implica más necesidades que las propias de Extranjería, tales como la atención sanitaria, educativa o social, competencia autonómica.