El Servicio de Inspección y Control del área de Acción Social de la Diputación de Bizkaia analiza una denuncia del sindicato ESK contra el centro de atención para discapacitados de las madres mercedarias de Ibarra, en la localidad de Orozko, externalizado a la Fundación Aliados por la Integración. En concreto, esta central entiende que se ha cobrado a las familias de los usuarios cantidades económicas por material de protección contra la COVID-19 y que el centro se aprovisiona a través del Banco de Alimentos cuando tiene un convenio con la institución foral para la financiación de 63 de sus 74 plazas.
La situación de la residencia de las mercedarias ha llegado este miércoles a Gernika, donde se ha celebrado la sesión de control al Gobierno foral en las Juntas Generales. Tanto Elkarrekin Podemos-IU-Equo como EH Bildu han formulado sendas preguntas al diputado del ramo, Sergio Murillo. Se da la circunstancia de que el secretario de la Mesa de la Cámara, Emilio Lobato, ha leído erróneamente la formulación de ambas interpelaciones y ha llamado “mercenarias” a las religiosas. En todo caso, en ninguno de los dos debates con la oposición ha salido a colación la investigación, para la que no hay un plazo de resolución, según las fuentes consultadas.
En la primera de las dos preguntas, Eneritz de Madariaga, portavoz de la coalición de izquierdas, se ha centrado en otras irregularidades que, según ha explicado, entiende que se producen en el centro para discapacitados de Orozko. En concreto, ha incidido en las malas condiciones laborales de las 43 trabajadoras -que han llevado a cabo movilizaciones- y en que es incoherente que la Diputación concierte un servicio público con una entidad sin medios, como es una congregación religiosa, lo que obliga a hacer una subcontratación. “No están cumpliendo la ley vigente”, ha enfatizado De Madariaga, quien ha ironizado que no se pueden utilizar modelos “del siglo XIX” para responder a derechos “del siglo XXI”. Elkarrekin Podemos-IU-Equo ha pedido a Murillo que no esconda los problemas en las mercedarias “bajo la alfombra” y que aporte “soluciones”. Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha recalcado la importancia de que la Diputación controle las “condiciones” de los fondos que aporta a los centros concertados y ha deslizado que en este caso de Orozko se pueden “perder en el camino” sin control del orden de 200.000 euros.
Murillo, en sus réplicas, ha pedido “poner en contexto” la “colaboración” con esta institución, que data de 1963, “cuando ni siquiera la Diputación era foral”. Ha admitido que las religiosas empezaron a tener problemas hace unos años para garantizar los cuidados de los usuarios -por elevada media de edad o falta de relevo, principalmente- y que ello condujo a una “profesionalización” a través de la empresa externa, antes llamada Fundación Grupo Norte. “Otra cuestión distinta son las relaciones laborales -ha seguido el diputado-. Y estaremos vigilantes. Al menor atisbo de duda sobre la atención, actuaremos, como lo hemos hecho siempre en estos casos”, ha garantizado al tiempo que ha asegurado que en los últimos meses los inspectores han pisado más el convento que nunca antes.
El responsable de Acción Social tampoco ha mencionado la inspección en marcha pero sí que “la voluntad de las madres mercedarias es dar continuidad al trabajo de las 43 profesionales”. Sin embargo, ha advertido de que, “a veces, un conflicto colectivo abierto no ayuda”. El comité de este centro está compuesto por dos delegadas de LAB y una de ESK.
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