La Justicia condena al dueño de una academia de oposiciones que se llevó más de 30.000 euros de sus alumnos

El dueño de una academia de enseñanza de Bilbao ha sido condenado a un año y medio de cárcel por cerrar por sorpresa y dejar a cientos de alumnos en la estacada en 2014. El Tribunal Supremo acaba de confirmar su condena de prisión así como la obligación de devolver más de 30.000 euros a varias decenas de alumnos que acudieron a la Justicia para reclamar lo que habían pagado por adelantado. La academia se llamaba Formación Profesional Continua y no fue la primera en dejar tirados a decenas de alumnos y opositores echando el cierre sin avisar.

Esta academia abrió sus puertas en 2010 en el número 77 de la calle Licenciado Poza de Bilbao. Pero tres años más tarde su dueño ya advirtió de que el negocio no era viable y siguió aceptando alumnos a pesar de saber que no tenía dinero para seguir adelante. Algunos meses más tarde, en julio de 2014, un cartel apareció en la puerta de la academia anunciando que cerraban durante los meses de verano. La academia nunca abrió y los primeros cálculos hablaban de cientos de alumnos afectados.

Varias decenas de ellos decidieron llevar a A.V.F, dueño de la academia, a juicio. Ante la Audiencia de Bizkaia cada uno contó su caso: estudiaban para auxiliar de enfermería, de veterinaria, para entrar en la Ertzaintza, la Policía Nacional o en Instituciones Penitenciarias, para ser maestros o también educadores sociales. Todos habían pagado cantidades que oscilaban entre los 150 y los 1.900 euros. Algunos no recibieron el título, otros no terminaron las clases y no se presentaron a los exámenes y muchos se quejaron de que “el temario no estaba actualizado” en algunas especialidades.

El resultado es una condena firme de un año y medio de prisión para el dueño de la academia por un delito continuado de estafa, la que estableció la Audiencia Provincial de Bizkaia después de un acuerdo entre las partes. La Fiscalía había llegado a pedir tres años de prisión y la acusación particular, ejercida por el abogado Ángel Gaminde en representación de varios afectados, hasta ocho años de presidio. La sentencia acaba de ser confirmada por el Tribunal Supremo, desestimando el recurso del estafador contra su condena a devolver todo el dinero a un total de 29 perjudicados.

Los jueces de lo penal, con Javier Hernández como ponente, califican su recurso de “miscelánea pretensional” y explican que no hay ninguna duda sobre los hechos probados que él mismo asumió ni tampoco sobre el dinero que debe pagar a casi tres decenas de alumnos a los que dejó tirados de la noche a la mañana. Los magistrados entienden que las cantidades estafadas a cada alumno no fueron un cálculo arbitrario, sino surgido “de los diferentes testimonios que afirmaron las entregas y sus importes, corroborados, además, por los distintos documentos aportados”.

La condena de año y medio de prisión no implica su entrada en la cárcel, pero sí está obligado a devolver todo el dinero a los 29 alumnos que le llevaron al banquillo, además de los intereses que se hayan generado en todo este tiempo. También debe pagar una multa de 720 euros.

Uno de los casos que la Justicia ha sentenciado en firme es el de Aroa, que se apuntó a esta academia para cursar estudios de tanatoestética y un buen día se encontró, relata a elDiario.es, con “una mano delante y otra detrás”. Desde un primer momento, cuenta, la academia de Licenciado Poza “no me gustó nada, estaba muy sucia, vieja, descuidada”. Un día, después de trabajar, se encontró “200 mensajes de WhatsApp y me temí lo peor”. Una trabajadora de la academia empezó a contactar con el alumnado y advirtió de lo que iba a pasar.

En su caso particular, por la especialidad que cursaba, la academia actuaba de intermediaria con una academia de Galicia y, según denuncia, su dinero nunca llegó. “Él no pagó a la academia de Galicia, esa academia me reclamaba a mí el dinero”, dice. Explica Aroa que para entonces había pagado más de 2.000 euros, de los que ha recuperado la mitad, y que la experiencia “fue un chasco... un día me encuentro que ellos chapan, había pagado todo el curso y me encuentro con una mano delante y otra detrás”. Varios afectados siguieron al condenado para intentar recuperar su dinero y acabaron denunciados ante la Guardia Civil por acoso aunque el caso no llegó a sentenciarse contra ellos.

Tres espantadas de academias

Ya en septiembre de 2014 la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/OCUV) alertó en un comunicado que éste no era el único caso de academias que terminaban estafando a sus clientes. Recordaba ese comunicado el caso Opening de 2002, el caso de la academia Argi de 2009 y el de Edutek en 2012. El primer caso llegó en septiembre de 2002 cuando Opening anunciaba el próximo cierre de más de 70 centros por todo el país con 45.000 alumnos que habían financiado estos cursos con créditos bancarios. Asociaciones como FACUA acudieron a los tribunales y consiguieron sentencias favorables a los afectados.

Varios de estos casos se han reproducido en Euskadi en los último años. En 2009 fue la academia Argi la que cerró sus puertas, con sus responsables alegando en su momento inundaciones en los locales. Unos meses después la Delegación del Gobierno anunciaba dos detenciones relacionadas con esta academia y la supuesta estafa a más de una veintena de alumnos que habían pagado, incluso, varios cursos por adelantado antes del cierre sorpresivo de la academia. En este caso, según EKA, “una veintena de sus alumnos logró la quita gracias a una ardua negociación con los bancos y cajas implicados”.

Un tercer caso llegó en octubre de 2012 cuando la academia Edutek de Vitoria dejó a casi un centenar de opositores sin su dinero tras cerrar por sorpresa. La mayor parte de afectados, según informó entonces Noticias de Álava, eran opositores que habían pagado, en algunas ocasiones, hasta 2.000 euros por adelantado por varios cursos. La empresa fue declarada en concurso voluntario de acreedores ese mismo mes y asociaciones de consumidores como ADICAE anunciaron acciones legales.