Nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Iñigo Urkullu en la gestión de la pandemia. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto este martes no autorizar ni la prórroga temporal del uso del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero ni, por consiguiente, admitir que fuese ampliado a más locales como los hoteles o los salones de juego. La ponente de la resolución ha sido la magistrada Irene Rodríguez del Nozal y no el presidente de la sala, Luis Garrido, aunque la decisión ha sido unánime y muy rápida, comunicada menos de tres horas después del comienzo de las deliberaciones.
“Tanto la incidencia acumulada como la ocupación hospitalaria están en claro descenso; por lo que difícilmente se puede justificar la ampliación a nuevos espacios de una medida restrictiva de derechos fundamentales”, argumenta la sala. Sobre los nuevos espacios propuestas, se añade: “Nada se dice de por qué el riesgo de transmisión es más alto en hoteles y alojamientos turísticos, salones de juego y apuestas, ni por qué este riesgo no existía antes (en la solicitud inicial) y sí existe ahora”.
En este contexto, la normativa se queda en como estaba a principios de diciembre, por lo que el certificado solamente se puede exigir en el ocio nocturno a partir de las 22.00 horas y en los restaurantes de más de 50 comensales. La noticia ha llegado justamente en medio de una rueda de prensa de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que desconocía la noticia y ha preferido no hacer valoraciones. “No lo vamos a comentar en directo”, han repetido. No hay previsión de que se busque dar la vuelta a la situación con un recurso, aunque el plazo es de varios días.
La sala se permite asegurar que Euskadi no puede ir a contracorriente de otras comunidades. “Finalmente, la actuación de otras comunidades autónomas y la falta de consenso en cuanto a la utilización del pasaporte COVID en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud evidencia que el estado de la ciencia no es unánime en cuanto a la idoneidad de la medida. Por una parte, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura nunca han implantado la medida. Y, por otra parte, Cataluña, Cantabria y Asturias han prescindido recientemente de la misma. Los datos de incidencia acumulada en los últimos 14 días (IA14) de estas Comunidades son dispares, no evidenciándose una clara eficacia del pasaporte COVID para reducir la transmisión de la enfermedad. Así, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad a fecha 31 de enero de 2022, presentan una IA14 superior a la de Euskadi (2.992,74) las comunidades autónomas de Cataluña (5.112,49), Cantabria (3.863,77), Asturias (3.091,35) y Castilla y León (3.003,1), e inferior a la de Euskadi las de Extremadura (2.855,21), Castilla-La Mancha (2.332,89) y Madrid (1.581,31)”, señala la sala en su auto.
Y se apostilla: “Es evidente que las circunstancias de hecho existentes en la actualidad, y la nueva evidencia científica disponible, hacían preciso que el Gobierno vasco justificara la eficacia y necesidad de la medida con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores que soslaya las nuevas circunstancias acreditadas. No habiéndolo hecho, ha de entenderse que la solicitud de autorización judicial de prórroga de la medida no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios; y en consecuencia la medida solicitada no puede autorizarse”.
Se da la circunstancia de que Euskadi se hallaba ya este martes 1 de febrero en un limbo legal. Este lunes a medianoche ha decaído el marco normativo que permite el control del certificado en la mayoría de locales. Esto ha ocurrido por una discusión de tecnicismos entre el poder ejecutivo y el judicial, que llevan chocando a lo largo de toda la pandemia. El Gobierno envió el viernes a mediodía la solicitud de autorización judicial. Apuró los plazos pero lo hizo en el convencimiento de que el margen de 72 horas de que dispone el Superior para pronunciarse incluyese el sábado y el domingo. Sin embargo, el tribunal interpretó que esas 72 horas son hábiles y no naturales, por lo que demoró la deliberación hasta este martes a las 9.30 horas. En todo caso, además de la luz verde judicial la entrada en vigor de las medidas requiere otra trámite adicional, su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Así las cosas, la exigencia del pase para el partido de Euroliga que disputa el Baskonia en Vitoria estaba en el aire aunque el club tenía previsión de pedirlo como en anteriores citas, algo que ahora queda ya totalmente descartado.
El pasaporte COVID se propuso en Euskadi en noviembre, aunque no entró en funcionamiento hasta el puente de la Constitución y de la Inmaculada. El retraso vino precisamente por un portazo inicial del Superior y la necesidad de una autorización del Supremo. Inicialmente, solamente se pedía en el ocio nocturno a partir de las 22.00 horas y en los restaurantes con un aforo de más de 50 comensales. Fue a mediados de diciembre cuando se hizo extensivo a toda la hostelería y a eventos deportivos y culturales (siempre que sean en recintos cerrados), a gimnasios y centros deportivos y a las visitas a hospitales, residencias o cárceles.
Esta segunda fase expiró este lunes, 31 de enero, mientras que la primera es indefinida en el tiempo mientras la incidencia supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El dato actual sigue unas veinte veces por encima, aunque la tendencia sea descendente. Lo que planteaba el Gobierno era, por un lado, extender estas medidas hasta el 13 de febrero, la misma fecha que tienen las otras restricciones de horarios o aforos y, por otro, tener capacidad para exigirlo en más locales, en esencia hoteles y alojamientos turísticos y salones de juego.
Con carácter previo a la decisión del Superior, la Fiscalía emitió este lunes su preceptivo informe, que no es vinculante en todo caso. El órgano dirigido por Carmen Adán entendió razonable la nueva fecha del 13 de febrero, dado que los datos actuales de la COVID-19 son peores que los que había en diciembre cuando se puso en marcha. Eso sí, alertó de que no hay justificación para extenderlo a nuevos establecimientos hasta ahora excluidos y de que las autoridades sanitarias autonómicas no habían aportado datos suficientes para argumentarlo.
Los casi tres meses en que el pasaporte COVID lleva en el debate en Euskadi más allá de su concepción inicial -la de viajar entre países- han estado llenos de avatares. Y no solamente por los reveses judiciales. El propio Ejecutivo ha cambiado de opinión sobre su conveniencia en varios momentos y, de hecho, la pasada semana se daba por hecho que no habría prórroga. Además, los incumplimientos de su exigencia son generalizados, particularmente en la hostelería.